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TEMAS DE LA SEMANA

Horacio Corti: “Las personas que asistimos, en general, son pobres”

De brillantes antecedentes profesionales, el nuevo defensor de la Ciudad afirma que la destrucción del Estado de Bienestar se pretende compensar con mayor represión penal.

Por Franco Spinetta
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El flamante defensor ge­neral de la Ciudad es Doctor en Derecho, por la Universidad de Buenos Aires. Calificación: sobre­saliente. Titular de la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tri­butario en la Facultad de Derecho (UBA) y juez de la Sala IIIdela Cá­mara de Apelaciones en lo Con­tencioso Administrativo, presidió el Consejo de la Magistratura por­teño desde diciembre de 2010. Además es autor de numerosos li­bros de filosofía, derecho y litera­tura e integra Justicia Legítima, la agrupación que impulsa reformas del Poder Judicial.

¿Qué función cumple la Defen­soría General de la Ciudad?

En el interior del Poder Judicial, hay un Ministerio Público que tiene tres ramas: la Fiscalía General, la Ase­soría General Tutelar y el Ministe­rio Público de la Defensa, que es el nuestro. Asu vez, está organiza­do a través de los fueros que por el momento tiene la Justicia porteña: el Contencioso Administrativo y Tri­butario y el Penal, Contravencional y de Faltas. Entonces hay defenso­res públicos oficiales que accionan ante esos fueros. En el caso Penal, toda persona que no tenga recur­sos puede acceder a un defensor, que le facilita el Ministerio Público de la Defensa. Es esencial porque la mayoría de las personas tienen un defensor público. Esto garan­tiza el derecho a la defensa. Luego te­nemos el fuero Con­tencioso, que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de la gente. Gran parte de los problemas sociales que tiene la Ciudad, una de las formas en la que se ha manifestado es en la jus­ticia Contenciosa. Y quienes llevan los casos a la Justicia son los defen­sores oficiales.

Es decir que hay una relación con los problemas cotidianos.

Es muy concreto. Para mucha gen­te es una institución a través de la cual pueden hacer valer sus de­rechos. Uno de los ejes centrales de nuestra experiencia es defensa del derecho a la vivienda.

¿Es uno de los temas más judi­cializados?

Totalmente. El derecho a la vivienda fue relegado por cuestiones ideoló­gicas. No hay comparación posible entre lo que se pensó como el de­recho a la propiedad y el derecho a la vivienda. La comparación es inte­resante porque el derecho a la vi­vienda justamente es esencial para aquellos que no son propietarios. Y no sólo no son propietarios, sino porque están en emergencia habi­tacional, en asentamientos, villas, en condiciones de muy poca salu­bridad, sin servicios, sin cloacas, sin agua potable. Es una problemáti­ca muy profunda, que no es actual sino estructural.

¿Cuál es el rol que cumple la Defensoría en relación a las problemáticas sociales?

Hay que pensar que existen proble­mas estructurales que hacen que las personas no gocen totalmente de ninguno de sus derechos. No es una cuestión puntual de un dere­cho, sino que es algo que atraviesa a todos y la única manera de pen­sarlo es a través del derecho a la in­clusión social. La Defensoría es un actor más para hacer visible estas situaciones y para colaborar en la reconstrucción de la cultura de la integración social.

¿Qué impronta le gustaría darle a su gestión?

La justicia social. La cuestión es ver cómo se hace ope­rativo, tanto jurídica como cul­turalmente. Una cosa es la parte judicial y otra la promoción y di­fusión de los derechos. No es lo mismo que una persona manifies­te un problema porque no tiene una casa a que sepa que ése es un derecho que existe que la so­ciedad no se lo da. La forma sub­jetiva es diferente: existe el dere­cho. Hay que ver de qué forma se expresa esto ante una institución tan simbólica como lo es la Justi­cia. La Justicia habitualmente no escuchó estas problemáticas.

¿La Defensoría es más cercana?

La experiencia en general de la Jus­ticia porteña aporta muchísimo. Es una Justicia nueva, que se creó de cero, mucho más dinámica. La de­fensa pública fue importante desde el principio. Las personas que de­fendemos y asistimos son en ge­neral pobres, pero que están en los tribunales. Antes ni siquiera entra­ban. Eso es un cambio cultural para las propias personas, pero también para el Poder Judicial que tiene que salir de su ensimismamiento, su bu­rocracia y protocolo, de todas esas prácticas típicas de la Justicia que están para crear una distancia. Des­de lo tradicional, lo arquitectónico, el lenguaje, todo para hacerla poco accesible para las personas comu­nes. Se supone que si es una resolu­ción que se refiere a la situación de una persona, esa persona lo tiene que entender. También es una fun­ción de la Defensa expresarse de una manera simple, llana para que el defendido comprenda. Es otro de los cambios culturales.

¿Cuáles son las principales problemáticas de la Ciudad?

El eje de todo es la cuestión urbana como tal. La problemática es cómo pensamos la Ciudad, qué proyec­tos hay al respecto. Más allá de lo jurídico, en todo lo demás esta­mos unidos al conurbano. Somos 15 millones de personas y eso en sí mismo atrae problemas. Es de­cir, hay problemas en cuanto a la vivienda, al barrio, el acceso a los servicios públicos y los medios de transporte. Eso sucede en conjun­ción con conglomerados estructu­rales de exclusión social. En la ciu­dad se ve claramente en cuanto al norte y al sur, la distinción entre los lugares en los que hay servicios y los que no. Lo más grave es la na­turalización: convivimos dia­riamente con eso y ya no se ve como un producto social sino natural. Una de nuestras obli­gaciones es demostrar que eso no es natural, que tienen derecho a vivir de otra forma. Todo lo que se pueda hacer judicial y culturalmente, la De­fensoría lo va a hacer.

El gobierno porteño re­lanzó una ofensiva contra trapitos y manteros, ¿qué opinión tiene usted?

Más que colisionar con el go­bierno, se trata de reclamar un derecho y discutir judicialmen­te. Si hubiera otro tipo de po­líticas públicas, quizá la pro­blemática sería diferente. Creo que las personas buscan ho­nestamente las estrategias para poder trabajar. Si una persona puede tener un lugar formal en la estructura de tra­bajo, lo va querer. Como la sociedad del trabajo está des­truida, hay un des­empleo que tiene que ver con que el sistema social no genera, a pesar de todas las trans­formaciones que tuvo la Argenti­na desde 2003, un trabajo formal. Entonces esa persona debe bus­car estrategias para conseguir al­gún dinero. Creo que es una cues­tión que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar en una regu­lación del espacio público. Como en toda problemática, hay gente que se aprovecha del eslabón más débil. El espacio público es de to­dos, es el lugar en el cual convivi­mos y como es un espacio reduci­do, convivimos con independencia de nuestra condición social. Salvo que existiera un ideal contrautópi­co de que todos deberíamos ir se­parados. Una especie de lógica de gueto, entonces cada uno tiene su espacio público. No es así.

¿Dónde se genera el conflicto?

Porque tenemos que ver cómo convivimos todos en ese espacio público común. Cómo convive la persona que sale de su departa­mento en Caballito con la persona que sale con su caballo del Elefan­te Blanco para buscar su ingreso. Tenemos que tener cuidado cuan­do se toman decisiones que invo­lucran a todas las personas.

¿Por qué cree que se extendió la visión punitiva del derecho?

No creo que solucione nada. No hay ningún estudio empírico que demuestre que a través del au­mento de las sanciones o creando nuevas sanciones los problemas se solucionan. Es la mitología de los efectos benéficos del derecho pe­nal. Es bastante curioso. A mí me causa mucha extrañeza. Hay irres­ponsabilidad y también una histo­ria autoritaria en la Argentina. En­tonces cuando hay un problema, hay que aumentar la represión. Justamente nuestra historia ha de­mostrado que eso tiene los resulta­dos que tiene: todas las implican­cias y riesgos que existen a la hora de renunciar a las garantías proce­sales y penales. Hay que repensar mucho, pero en ese camino no se pueden dejar de lado un sinnúme­ro de garantías que se consiguie­ron de manera dificultosa que lle­van a proteger a la persona frente al accionar del poder punitivo del Estado, la violencia estatal. No me parece racional que se abandone esa racionalización del poder.

¿Lo atribuye a una postura ideológica?

Tal vez hay algo ideológico y cultu­ral que excede a la Argentina. Todo lo que se destruyó del Estado de Bienestar, los Estados lo tienen que compensar con represión penal. Ésa es la gran discusión: o recrea­mos un Estado de Bienestar luego de que fuese destruido o cómo se construye un Estado cuyo eje sea el orden y la represión penal. Son dos maneras de pensar la sociedad, la convivencia. Dos maneras cul­turales de vivir la vida social.

El jefe de Gobierno dijo que existe una excesiva judicialización de la políti­ca, ¿está de acuerdo?

Es algo que se discutió tam­bién en torno a las cautelares de la Ley de Medios. Excede a la Ciudad. Pero hay que distin­guir las situaciones que mere­cen respuestas diferentes. Por ejemplo, si hay una política pú­blica de las mayorías a través del Congreso y es una política basada en la situación mayori­taria, salvo que haya una cla­ra violación a la Constitución, los jueces no pueden pertur­bar esas políticas públicas. No pueden actuar como si fuesen la continuación de la oposición por otros medios porque ésa no es la función. Ahí hay una acción distorsionada del Po­der Judicial. Eso su­cede en la Nación, pero también en la Ciudad. Si hay una obra pública que es realizada por el gobierno que eligió la mayoría de la población, eso no puede ser perturbado por los jue­ces salvo que haya una cuestión de constitucionalidad de magnitud. Otra cuestión es la discusión que tenemos en la Ciudad respecto de los derechos sociales. Hay derechos muy básicos como la salud, la edu­cación y la vivienda que están en una situación de crisis. Entonces la defensa pública no sólo tiene el de­recho sino la obligación de accionar para defender a las personas. Y los jueces están obligados a atender estas cuestiones. Ahí no hay una ju­dicialización de la política, sino una defensa de derechos garantizados por la Constitución.

Preguntas de la A a la Z

 Edad: 48.

Barrio donde vive: Villa Urquiza.

Estado civil: casado.

Signo: Cáncer.

Religión: católico.

¿Equipo de fútbol? Boca Juniors.

¿Sus hijos van a escuela pública o privada? Mi hijo mayor cursó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Ni­colás Avellaneda y mis hijas van a la ORT.

Nivel educativo (secundario, terciario, universitario):

Doctor en derecho de la UBA.

¿Cree en la amistad entre el hombre y la mujer? Creo que la amistad es posible entre todos los géneros.

¿Qué vicio le gustaría dejar? Mi mayor vicio es comprar libros y no lo voy a dejar.

¿Hace terapia? Sí, hace un tiempo.

¿Qué está leyendo? Relatos reunidos de Marcelo Cohen. Cohen, Laiseca y Aira son nuestros escritores imbatibles.

¿Cuál es su lugar preferido de la ciudad? Parque Rivada­via, voy desde chico.

Infusión favorita: el mate.

¿Qué quería ser cuando fuera grande? Jugador de Boca.

Dibujito animado preferido: Los Supersónicos.

Una salida nocturna: A cualquier lugar con mi esposa.

Su comida preferida: tallarines con salsa.

Un defecto: Lo dejo a la opinión de los demás.

Una virtud: Lo dejo a la opinión de los demás.

Un personaje preferido: Arturo Belano y Ulises Lima de Los detectives salvajes de R. Bolaño; y siguiendo con Chile, Salva­dor Allende y su último discurso en la Casa de la Moneda.

Un hecho que le cambio la vida: conocer a mi esposa.

A qué hora se acuesta y se despierta? a las 6.30 para des­pertar a mis hijas y me acuesto cuando puedo.

Cena en su casa: cuando puedo.

Un programa familiar preferido: ir al bar de la esquina.

Una cábala: no tengo.

¿Cuál fue su primer trabajo? Meritorio en el tribunal Fis­cal de la Nación a los 21 años.

 

 

 

 

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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