Tiempo en Capital Federal

17° Max 9° Min
Despejado
Despejado

Humedad: 51%
Viento: Noroeste 15km/h
  • Jueves 13 de Mayo
    Cubierto10°   18°
  • Viernes 14 de Mayo
    Parcialmente nuboso12°   16°
  • Sábado 15 de Mayo
    Cubierto12°   17°
Estado del Tránsito y Transporte
Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
Tránsito
Trenes
Vuelos
Cargando ...

TEMAS DE LA SEMANA

Gestión del subte: encrucijada en el subsuelo

El aporte de Nación termina en diciembre y hay que definir quién gestionará el subte.

Por Claudio Mardones
Email This Page
9120651-macri_subte_390.jpg

Luego de diez meses de negociaciones estancadas, la pelea por la transferencia del subterráneo entre Nación y Ciudad comenzó a transitar su etapa decisiva. La cuenta regresiva, que ya consume los últimos 90 días de plazo, termina el 31 de diciembre, cuando se acaben los últimos subsidios estatales para sostener la tarifa. Esa fecha no sólo será el cierre de uno de los años más complejos para el subte porteño, sino la puerta de entrada para 2013, el año electoral donde ambas administraciones buscarán evitar que la crisis del metro empañe a sus candidatos. Ésa es la encrucijada que atraviesa al gobierno porteño, cuyos funcionarios ya lanzaron una ofensiva judicial para sacar del medio a la jueza Patricia López Vergara.

La jueza todavía no se expidió sobre quién tiene que hacerse cargo del subte, pero ya le indicó a la gestión PRO que aplique una conciliación obligatoria que no quería instrumentar y que reciba los subsidios federales que no quería aceptar. Con esa nueva crisis en ciernes, el macrismo se anticipó ante un posible fallo que lo perjudique y quiere sacar a la jueza que más reveses le propinó en el caso. El objetivo es enviar el expediente a cualquier otro tribunal que le permita al PRO afrontar el año electoral, donde la política ya es la próxima estación ineludible frente a un traspaso que involucra a más de 900 mil usuarios diarios.

El año próximo el subte porteño cumplirá un siglo de funcionamiento, pero el centenario del primer tren subterráneo que tuvo América latina no será fácil. Todavía no hay certezas sobre quién y cómo lo manejará a partir de 2013, cuando el Estado Nacional deje de subsidiar el boleto y considere que todo el servicio pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, niega tal posibilidad, a pesar de que desde marzo existe una ley nacional sancionada por el Congreso que puso dentro de la órbita porteña al subte y a las 33 líneas de colectivos que transitan dentro de la ciudad. Ese tironeo entre los dos vecinos antagónicos de la Plaza de Mayo no es nuevo, arrancó a principios de enero último y ya suma varias causas judiciales, además de un duelo permanente entre ambos y un paro de diez días realizado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp).

La medida, la más larga que se recuerde, podría ser la primera de una compleja serie de huelgas que podrían ocurrir antes o después de fin de año. La fecha clave es el próximo 1 de enero de 2013. Ese día la Secretaría de Transporte de la Nación dejará de depositar 30 millones de pesos mensuales en subsidios para mantener el boleto a 2,50 pesos que cobra Metrovías, la empresa del Grupo Roggio que posee la concesión desde 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem decidió la liquidación de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), junto a Ferrocarriles Argentinos.

El año último, los subsidios federales para la tarifa (que datan de una decisión presidencial de 2003) ascendían a 720 millones de pesos anuales, pero la Casa Rosada decidió reducirlos al 50 por ciento y devolverle a la Ciudad de Buenos Aires la administración, el control y las potestades tarifarias que ha tenido el Estado federal desde que anuló, a fines de los 80, la primera transferencia, ordenada por la dictadura a favor de la entonces Municipalidad de la ciudad.

El 6 de enero último Macri aceptó la oferta de la Casa Rosada y firmó un acta de transferencia con el gobierno nacional, donde la Nación se comprometía a girar 360 millones de pesos en 12 cuotas de 30 por un solo año. Tres meses después, el jefe de Gobierno anunció por los medios de comunicación que suspendía las negociaciones, luego de que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó la retirada de la Policía Federal de la custodia de las estaciones de subte. La movida terminó en la Justicia, que avaló la decisión de Garré, pero le sirvió al PRO para abandonar la mesa de negociaciones que había comenzado en enero. Desde entonces, la aplicación del acta es materia de discusión judicial, aunque la Nación ratificó su compromiso de enviar los subsidios que había mencionado en el documento.

Ese proceso terminará dentro de 90 días y es el plazo que barajan en las dos administraciones para que las definiciones ocurran por la razón o por la fuerza. A pesar del acortamiento de los plazos, los escenarios siguen siendo demasiado variados, aunque en casi todas las opciones terminan con el aumento del boleto.

Algunos sostienen que el año próximo la concesionaria Metrovías se verá obligada a dejar el servicio que recibió en 1993 y que debería devolver en 2017. Uno de los datos que más peso le da a esta posibilidad es la estrategia de autovictimización de la empresa, que sostiene que sin los subsidios nacionales no podría funcionar y que en lo que va del año pudo reducir ese déficit con los 120 millones que hasta ahora envió por orden de la jueza Patricia López Vergara.

Otra posibilidad gira en torno a una nueva licitación en manos del gobierno nacional, mientras que la última hipótesis plantea el futuro del subte en manos del gobierno porteño con una nueva concesión diseñada por el PRO o bajo gestión estatal. Por ahora, ese camino parece tan improbable como los demás y todas las dudas sobre su desenlace desembocan, finalmente, en la Justicia, el escenario donde ya laten distintos casos abiertos en los fueros contenciosos federales y porteños.

Si las instancias políticas se agotan y la transferencia se judicializa por completo, varios funcionarios nacionales y porteños dicen que la última estación del conflicto por el subte sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debería laudar entre las partes en disputa. Sin embargo, esa posición sólo es sostenida por uno o dos ministros del máximo tribunal, como Eugenio Zaffaroni, que considera que el conflicto sería de su competencia porque la ciudad es una provincia más desde que la reforma constitucional de 1994 le dio autonomía a la vieja Capital Federal.

Por el contrario, la mayoría de sus colegas dicen que la ciudad no es una provincia y tampoco un municipio, sino una ciudad autónoma, cuya última instancia judicial en sus conflictos con la Nación debería ser un tribunal inferior a la Corte, en este caso, la Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. ¿Por qué esa sala y no otra? Simplemente porque ese tribunal tiene en sus manos, desde que Macri suspendió las negociaciones a través de los medios de comunicación, una demanda presentada por el gobierno nacional para que la Ciudad respete el acta firmada el 6 de enero.

Pero el fuero federal no es el único derrotero posible. También podría ser el porteño, a partir de la causa que tramita la jueza López Vergara desde principios de agosto, cuando estalló el paro de diez días y la legisladora del Frente para la Victoria, María José Lubertino, presentó un amparo para que la Justicia garantice el derecho de los 900 mil usuarios diarios del subte y para que se expida sobre su titularidad, es decir, si la Ciudad debe hacerse cargo o no del metro capitalino.

Esa causa es la 45.189, un expediente que desde el paro se transformó en un duro campo de batalla judicial. Durante los días de la crisis la jueza obligó a la gestión PRO a hacerse cargo de las potestades laborales que le otorga la constitución y a utilizar, por primera vez en un quinquenio, el recurso de la conciliación obligatoria para intervenir en el paro. Acorralado por el desgaste de la huelga, Macri acató la resolución provisoria de López Vergara y abrió las puertas de su subsecretaría de Trabajo para dictar una conciliación. El fallo encauzó el conflicto que terminó tres días después y luego fue acompañado por una segunda resolución, en la que la magistrada le ordenó al gobierno porteño que aceptara los subsidios federales que la Nación estaba depositando en una cuenta a nombre de la Ciudad y que Macri no quería tocar para no convalidar en los papeles la transferencia que negaba en público.

Desde que la jueza logró obligar al Ejecutivo dos veces consecutivas, el macrismo redobló los esfuerzos para sacarla del medio y mandar el expediente a la Sala IV del fuero federal, o a la Sala I de la Cámara Contenciosa, Administrativa y Tributaria de la Ciudad, cuya presidenta, Inés Weinberg de Roca, ya mantiene un duro conflicto con López Vergara por el expediente del subte. Sólo en septiembre, la magistrada, que es mencionada por Macri como su candidata preferida para ocupar el cargo vacante en el Tribunal Superior de Justicia, intentó sacar el expediente dos veces del juzgado de López Vergara por distintos recursos. Hasta ahora, la magistrada no se expidió sobre la cuestión de fondo y, al parecer, el gobierno porteño está empeñado en que no sea ella la jueza que lo defina.

Dentro de Bolívar 1 el interés por sacarla del medio es directamente proporcional a la preocupación de sus funcionarios por la prolongación del conflicto del subte durante 2013, el año electoral clave: Macri buscará construir su liderazgo nacional para consolidar su candidatura presidencial.

Si la transferencia del subte se complica aún más, su parálisis o el aumento del boleto podría impactar duramente en su electorado. La primera experiencia de ese desgaste político fue vivida durante los primeros 10 días de agosto durante la huelga de los metrodelegados. Hasta entonces la gestión PRO no había registrado grandes mermas en la imagen positiva de su líder, hasta que el empantanamiento de la negociación con la Casa Rosada comenzó a horadar sus logros comunicacionales con una pérdida de 10 puntos. El desenlace de esa contienda no fue tortuoso, porque Macri castigó con tres millones de pesos a los metrodelegados por no respetar la conciliación obligatoria y porque capitalizó las acusaciones contra el gremio sobre su cercanía con la Casa Rosada.

Cuando los vagones volvieron a rodar, el macrismo concentró su fuego sobre la jueza, que ahora deberá esperar la resolución de tres recursos de competencia que presentaron la Procuración General y Sbase, antes de expedirse sobre la cuestión de fondo. Hasta ahora la ofensiva PRO no ha tenido éxito, excepto en el «bicicleteo» de los tiempos judiciales, como le suelen decir en la intimidad de tribunales a ese tipo de estrategias procesales.

Pero por encima de los expedientes están los tiempos políticos, y el nuevo año electoral que se avecina. Por ahora, todos los caminos conducen a una tarifa que varía entre los 3,90 y los 5,50 pesos con una concesionaria que siempre amenaza con retirarse si no recibe los subsidios que ambos gobiernos ya anunciaron que no pondrán aportar, luego de dar las primeras señales sobre sus presupuestos para 2013.

Con esa ecuación a cuestas, la Legislatura porteña sólo dio su primera señal de intervención la semana última, cuando el recinto fijó el 25 de octubre como el día en que tratará todos los proyectos referidos al subte, entre ellos, una propuesta de la legisladora Virginia González Gass (PSA en Proyecto Sur) de retrotraer la tarifa a 1,10; y otro de Rafael Gentili (también de Proyecto Sur) de darle al jefe de Gobierno un plazo de 70 días para negociar y si no obtiene resultados, judicializar el conflicto en una nueva instancia que se sumaría al combate que ya se libra en los tribunales porteños.

Si la iniciativa prospera antes de los fallos judiciales la salida podría provenir de la Legislatura, que durante los últimos nueve meses ha dado pocas señales de interés por destrabar el conflicto entre Ciudad y Nación.

Todo parece encaminado para que el centenario del subte porteño termine en un callejón sin salida, donde la mayor víctima serán los usuarios.

SILENCIO DE RADIO

Para incluir la visión del oficialismo en este tema, Diario Z solicitó declara­ciones, o en su defecto una columna de opinión a la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal; al secretario general Marcos Peña; al ti­tular del Sbase, Juan Pablo Piccardo; y a los legisladores José Luis Acevedo y Raquel Herrera, estos últimos inte­grantes de la Comisión de Transporte de la Legislatura.

Por distintas razones no fue posible contar con su opinión.

DZ/km

Email This Page
0 Comentarios
Sé el primero en dejar un comentario!

Deja tu comentario