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Gallardo asume como defensor del fuero penal

El juez al que el PRO ve como enemigo ocupará un lugar clave.

Por Karin Miller
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El juez Roberto Andrés Gallardo fue designado defensor general ad­junto en lo Penal, Con­travencional y de Faltas de la De­fensoría General de la Ciudad. La función de este organismo es ha­cer efectivo el derecho a defensa en juicio y asegurar el acceso a la justicia. Debe encargarse de asis­tir a personas de escasos recursos que tengan reclamos o que sean reclamadas por parte del Estado. Gallardo reemplazará a partir del 17 de este mes a Alejandro Wal­ter Slokar, quien fue designado como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Ocupará el car­go hasta que se nombre por con­curso un nuevo defensor.

Como juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Gallar­do dictó varios fallos poco favora­bles al Gobierno de la Ciudad. En­tre ellos, el que obliga al Estado a garantizar el ingreso de las ambu­lancias en las villas porteñas, el que ordena apagar la pantalla LEDgi­gante de la avenida 9 de Julio, el que establece la suspensión de las obras para construir un estaciona­miento subterráneo bajo el parque Las Heras o el que dispone la clau­sura del Club 17 de Agosto, al que el gobierno porteño habría desvia­do fondos públicos. Por otra par­te, ordenó que la Justicia asista a la Comisión Investigadora que anali­zaba las responsabilidades del jefe de Gobierno por las escuchas te­lefónicas ilegales. También citó a Mauricio Macri a declarar por los presuntos abusos a personas en si­tuación de calle por parte de la ex Unidad Control del Espacio Público (UCEP) y por la situación de hoga­res de tránsito para los habitantes de conventillos de la Boca. Durante la toma del Parque Indoamericano, declaró la «emergencia», decidió perimetrar el lugar y evitó desalo­jar. En este último mes, el gobier­no porteño presentó tres recusa­ciones en su contra.

Los dolores de cabeza que Ga­llardo dio a la administración por­teña no comenzaron con Macri. Uno de sus fallos más polémicos fue el que en 2003 ordenó cerrar el casino de Puerto Madero y de­claró inválido un convenio entre la Ciudad y la Nación por el cual las jurisdicciones se repartían las ga­nancias del juego. En 2005, em­bargó al gobierno porteño por 1.100 millones de pesos para obli­garlo a pagar subsidios a los hijos de los cartoneros.

En los fundamentos de la reso­lución a partir de la cual se desig­na a Gallardo como defensor ad­junto, Mario Kestelboim, titular de la Defensoría General porteña, ex­plica que la ley Nº 1.903 estable­ce que es facultad del defensor ge­neral «designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas presupuestarias aproba­das por la Legislatura». Kestelboim afirma que resulta fundamen­tal que el reemplazante de Slokar «asuma con adecuada dinámica y experiencia la tarea de compren­der e intentar neutralizar los pro­gresivos esfuerzos del Poder Ejecu­tivo de esta Ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza». Además, expresa en el texto que «en los últimos meses ha recrude­cido un discurso político tendien­te a perseguir penalmente a gru­pos humanos que desarrollan en la Ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedo­res ambulantes de baratijas, arte­sanos, limpiavidrios, cuidacoches, cartoneros y otros tantos».

Desde el macrismo hubo va­rios argumentos contra la desig­nación. Referentes PRO asegu­raron que, pese a que ésta sea transitoria, no puede realizar­se por resolución. Por otra parte, consideraron que el juez no tiene la suficiente experiencia en lo pe­nal contravencional.

Por su parte, el legislador por­teño Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia de la Le­gislatura, dijo a Diario Z que «no es una cuestión con la que como diputado pueda estar de acuerdo o no, se trata de una decisión de la Justicia. Si hubiera algún proble­ma, existen mecanismos dentro del Poder Judicial para resolver­lo». Ocampo consideró que «con lo que sí puedo no acordar es con algunas de sus sentencias; muchas veces sentí que fallaba con animo­sidad en contra del jefe de Gobier­no, esto fue claro con la cuestión de la Comisión Investigadora. Dic­tó medidas que invadieron el pro­cedimiento en la Legislatura».

DZ/km

Fuente Redacción Z
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