El juez Roberto Andrés Gallardo fue designado defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Defensoría General de la Ciudad. La función de este organismo es hacer efectivo el derecho a defensa en juicio y asegurar el acceso a la justicia. Debe encargarse de asistir a personas de escasos recursos que tengan reclamos o que sean reclamadas por parte del Estado. Gallardo reemplazará a partir del 17 de este mes a Alejandro Walter Slokar, quien fue designado como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Ocupará el cargo hasta que se nombre por concurso un nuevo defensor.
Como juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Gallardo dictó varios fallos poco favorables al Gobierno de la Ciudad. Entre ellos, el que obliga al Estado a garantizar el ingreso de las ambulancias en las villas porteñas, el que ordena apagar la pantalla LEDgigante de la avenida 9 de Julio, el que establece la suspensión de las obras para construir un estacionamiento subterráneo bajo el parque Las Heras o el que dispone la clausura del Club 17 de Agosto, al que el gobierno porteño habría desviado fondos públicos. Por otra parte, ordenó que la Justicia asista a la Comisión Investigadora que analizaba las responsabilidades del jefe de Gobierno por las escuchas telefónicas ilegales. También citó a Mauricio Macri a declarar por los presuntos abusos a personas en situación de calle por parte de la ex Unidad Control del Espacio Público (UCEP) y por la situación de hogares de tránsito para los habitantes de conventillos de la Boca. Durante la toma del Parque Indoamericano, declaró la «emergencia», decidió perimetrar el lugar y evitó desalojar. En este último mes, el gobierno porteño presentó tres recusaciones en su contra.
Los dolores de cabeza que Gallardo dio a la administración porteña no comenzaron con Macri. Uno de sus fallos más polémicos fue el que en 2003 ordenó cerrar el casino de Puerto Madero y declaró inválido un convenio entre la Ciudad y la Nación por el cual las jurisdicciones se repartían las ganancias del juego. En 2005, embargó al gobierno porteño por 1.100 millones de pesos para obligarlo a pagar subsidios a los hijos de los cartoneros.
En los fundamentos de la resolución a partir de la cual se designa a Gallardo como defensor adjunto, Mario Kestelboim, titular de la Defensoría General porteña, explica que la ley Nº 1.903 establece que es facultad del defensor general «designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura». Kestelboim afirma que resulta fundamental que el reemplazante de Slokar «asuma con adecuada dinámica y experiencia la tarea de comprender e intentar neutralizar los progresivos esfuerzos del Poder Ejecutivo de esta Ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza». Además, expresa en el texto que «en los últimos meses ha recrudecido un discurso político tendiente a perseguir penalmente a grupos humanos que desarrollan en la Ciudad actividades informales de subsistencia, tales como vendedores ambulantes de baratijas, artesanos, limpiavidrios, cuidacoches, cartoneros y otros tantos».
Desde el macrismo hubo varios argumentos contra la designación. Referentes PRO aseguraron que, pese a que ésta sea transitoria, no puede realizarse por resolución. Por otra parte, consideraron que el juez no tiene la suficiente experiencia en lo penal contravencional.
Por su parte, el legislador porteño Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, dijo a Diario Z que «no es una cuestión con la que como diputado pueda estar de acuerdo o no, se trata de una decisión de la Justicia. Si hubiera algún problema, existen mecanismos dentro del Poder Judicial para resolverlo». Ocampo consideró que «con lo que sí puedo no acordar es con algunas de sus sentencias; muchas veces sentí que fallaba con animosidad en contra del jefe de Gobierno, esto fue claro con la cuestión de la Comisión Investigadora. Dictó medidas que invadieron el procedimiento en la Legislatura».
DZ/km
Fuente Redacción Z
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