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TEMAS DE LA SEMANA

Fuertes críticas al protocolo antipiquete

Dirigentes políticos y organizaciones sociales advirtieron sobre su carácter «inconstitucional» y la posible instrumentación de prácticas represivas.

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piqueteillia

Los referentes políticos y sociales aseguraron que el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que aprobó ayer el Consejo Seguridad Interior muestra la decisión del gobierno de Mauricio Macri de «criminalizar» la protesta social. Las principales reacciones fueron las siguientes:

Legislador porteño José Cruz Campagnoli (FpV): “La presentación del protocolo de actuación en manifestaciones de las fuerzas de seguridad que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció es, sin más, un manual de Cambiemos para justificar la represión frente a todo tipo de descontento social que se exprese en las calles”

Diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur): «Un gobierno que hace gala de ser tolerante y dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía; de esta forma pone en riesgo la paz social».

Legislador porteño Roy Cortina (ECO): «Esta propuesta oficial sólo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos, está lejos de promover la voluntad de diálogo y de menor confrontación que expresó el triunfo de Mauricio Macri».

Diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda): «Es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo».

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels): «El protocolo de Seguridad limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta y amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social».

Gabriel Solano (Partido Obrero): «El protocolo contra las manifestaciones populares representa un cercenamiento severísimo del derecho a la protesta social. La letra chica del documento conduce a la ilegalización de las marchas, cortes y otras formas de protesta, otorgándole a la fuerzas de seguridad no sólo un poder represivo enorme».

Claudio Lozano (Partido Unión Popular): «Este protocolo amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos. Es una decisión que se inscribe en la línea de criminalización de la protesta».

Claudia Ferrero (Apel): El Protocolo de seguridad, es un cheque en blanco para la represión en manos de las fuerzas de seguridad, que decidirán ellas la modalidad de quienes pretendan manifestarse. Con el agravante que se restringe la libertad de prensa , limitando la capacidad de los periodistas de registrar los operativos ya que se les asignara un «corralito» para su tarea.

DZ/sc

Fuente DYN
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