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TEMAS DE LA SEMANA

Fuertes críticas a la certificación de edificio seguro

Mientras llueven las críticas, el legislador Francisco Tito Nenna propone su derogación

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La certificación de edificio seguro no tuvo un buen debut en la ciudad de Buenos Aires. Su aparición en escena fue resistida fuertemente por propietarios, abogados, administradores y entidades profesionales, como la que agrupa a los ingenieros porteños. El argumento más repetido fue el de la superposición de controles, ya que todos los rubros incluidos en la certificación tenían su propia normativa y los mecanismos de control.

La norma nació como una más de la serie de reglamentaciones que se emiten desde la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para corregir o ampliar lo establecido por la nueva ley 941 y su modificatoria 3.254. Su objetivo es sumar controles de expertos en seguridad que -cuando entre en vigor- verificarán y certificarán el cumplimiento de un amplio rango de normas en los consorcios porteños.

Ahora, la trama suma un nuevo actor, el legislador Francisco «Tito» Nenna (Frente para la Victoria), quien propone bajarle el telón a la polémica y, directamente, dejar sin efecto la medida. «El certificado se creó mediante una disposición, sin tener otorgada dicha atribución bajo la normativa específica de las leyes 941 y 757 y los decretos 706 y 17/03, y establece la obligación de controlar para la protección y mantenimiento del edificio sobre normas que ya tienen el mismo objetivo de control», explica Nenna, quien plantea además resarcir a los consorcios que ya hubieran incurrido en gastos para cumplir con la normativa, así como eximir sin costas a quienes no hubieren cumplido aún la disposición. Como en las viejas novelas por entregas, a continuación, un breve resumen de lo acontecido.

Breve racconto
El 10 diciembre del año pasado mediante la disposición 5.363, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC), a cargo de Juan Manuel Gallo, creó el «Certificado de edificio seguro» y el «Libro de control de seguridad edilicia».

En marzo de este año por la disposición 411, la oficina que dirige Gallo derogó la norma anterior y le dio nueva forma a la certificación de edificio seguro. En la norma se establecen directivas para el cumplimiento del régimen de certificación de edificio seguro que incluyen la contratación de ingenieros, licenciados en seguridad e higiene o técnicos especializados para verificar normas de seguridad y dejar asentadas sus observaciones en un libro que se deberá actualizar semestralmente.

Los controles incluyen, entre otros, los sistemas eléctricos seguros con puesta a tierra, matafuegos y protección contra incendios, calderas, seguros de responsabilidad civil para calderas, limpieza de tanques, desinsectación, conservación de ascensores y conservación de frentes y fachadas.

El legislador Nenna cuestiona también la frecuencia de los controles establecida por el gobierno porteño. «La certificación cada seis meses carece de sustento técnico efectivo -explica- al plantearse como sobre un bien cuya degradación temporal es mucho mayor, en especial al intervenir técnicos o profesionales responsables.» Y sostiene que se trata de una medida que busca redirigir responsabilidades que corresponden a los administradores y al Gobierno de la Ciudad. «Por eso, la disposición 411 es meramente erogativa para los consorcios y en muy poco puede contribuir de manera cierta a la seguridad del edificio», concluye.

Fuera de la administración de Mauricio Macri, no hay voces favorables a la certificación de edificio seguro. «Esta legislación que está sacando el Gobierno de la Ciudad es una especie de privatización de la responsabilidad de control que tiene el gobierno. Y se suma a la nula capacidad de fiscalización que tiene la Ciudad, lo que hace que estos certificados sean un gasto importante e improductivo», apunta Jorge Maldonado, abogado especializado en propiedad horizontal.

Por su parte, Fernando Staino, vicepresidente 3º de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), dice que «esta norma es redundante, innecesaria y que con las disposiciones vigentes el administrador podía cumplirla. Es un gasto más e innecesario para el consorcio.
El abogado Eduardo Brailovsky, miembro de la comisión de propiedad horizontal del Colegio de Abogados porteño se suma al pedido de derogación: «Propongo dejar sin efecto totalmente el poder de regulación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no regulen más; la ley tiene que ser clara, específica e inamovible sin que se le introduzcan modificaciones a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor».

A modo de epílogo para esta trama de novela se agrega un último dato que convendría tomarse con humor. La Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores de la República Argentina (Cemera) informó la semana pasada que el Gobierno de la Ciudad no tiene stock de tarjetas en las que se consignan los datos de los matafuegos. Según lo comunica a sus asociados en su sitio web Noticias recargadas (www.noticiasrecargadas.com.ar), Cemera está realizando gestiones para obtener una rápida solución al problema.

DZ/lr

Fuente Redacción Z
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