Para el defensor adjunto del Pueblo, Ati­lio Alimena, «no hay intención política por parte de esta gestión (del macrismo) de im­plementar el tratamiento de residuos. Al Gobierno sólo le resulta conveniente utili­zarla con fines políticos particulares sin im­portarle la desgracia de muchos».

Las declaraciones tuvieron lugar en el Se­minario sobre el rol del Defensor del Pueblo y los medios de comunicación para la protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambien­te, organizado por la Asociación de Periodistas Ambientales (APA), en el que se debatió so­bre los problemas en la gestión integral de re­siduos, el incumplimiento de las leyes ambien­tales, la situación del Riachuelo, entre otras cuestiones. Alimena afirmó que Buenos Aires aplica «la teoría del patio trasero: no trata ni recibe ningún residuo y saca todo lo que pro­duce para que no sean afectados quienes vi­ven en ella. Pero no nos damos cuenta de que esto implica complicarles la existencia a todos los que viven alrededor». El defensor adjunto del Pueblo destacó que las organizaciones y la población del área metropolitana deben exi­girle al macrismo una política de gestión de re­siduos. «La Constitución porteña habla de la recolección y el tratamiento de la basura, y eso significa encontrarle la mejor posibilidad de disposición final, no perjudicar al otro».

ECOCIDIO

Juan Manuel Velasco, asesor del minis­tro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli (que no concurrió por problemas de agenda, según explicaron en su entorno), reconoció que «está claro que los objetivos que plantea la Ley de Basura Cero no se han cumplido» y estimó que «este problema no va a ser solucionado por una sola gestión sino por cuatro». Velasco comentó que el ministerio convocó a las ONG Poder Ciuda­dano y Cambio Democrático para que mo­nitoreen el proceso para el próximo llama­do a licitación del servicio de recolección de residuos de la Ciudad, que aún no tiene fe­cha. «Lo hicimos porque creemos que la so­lución para el problema de la basura es que el Gobierno se despoje de su autoridad para cedérsela a las organizaciones independien­tes, como las ONG y las cooperativas, que son más idóneas en este tema», opinó.

Cristina Juliarena, representante de la agrupación Vecinos por un Brandsen Ecológi­co, sostuvo que «el gobierno de Macri se des­liga del problema de la basura: va a otros mu­nicipios, intenta pagarle a sus autoridades y se olvida de los vecinos que son perjudicados con este arreglo. Esto no es otra cosa que un eco­cidio prolijamente planificado», destacó la li­cenciada.

 

Fuente Redacción Z