Para el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, «no hay intención política por parte de esta gestión (del macrismo) de implementar el tratamiento de residuos. Al Gobierno sólo le resulta conveniente utilizarla con fines políticos particulares sin importarle la desgracia de muchos».
Las declaraciones tuvieron lugar en el Seminario sobre el rol del Defensor del Pueblo y los medios de comunicación para la protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, organizado por la Asociación de Periodistas Ambientales (APA), en el que se debatió sobre los problemas en la gestión integral de residuos, el incumplimiento de las leyes ambientales, la situación del Riachuelo, entre otras cuestiones. Alimena afirmó que Buenos Aires aplica «la teoría del patio trasero: no trata ni recibe ningún residuo y saca todo lo que produce para que no sean afectados quienes viven en ella. Pero no nos damos cuenta de que esto implica complicarles la existencia a todos los que viven alrededor». El defensor adjunto del Pueblo destacó que las organizaciones y la población del área metropolitana deben exigirle al macrismo una política de gestión de residuos. «La Constitución porteña habla de la recolección y el tratamiento de la basura, y eso significa encontrarle la mejor posibilidad de disposición final, no perjudicar al otro».
ECOCIDIO
Juan Manuel Velasco, asesor del ministro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli (que no concurrió por problemas de agenda, según explicaron en su entorno), reconoció que «está claro que los objetivos que plantea la Ley de Basura Cero no se han cumplido» y estimó que «este problema no va a ser solucionado por una sola gestión sino por cuatro». Velasco comentó que el ministerio convocó a las ONG Poder Ciudadano y Cambio Democrático para que monitoreen el proceso para el próximo llamado a licitación del servicio de recolección de residuos de la Ciudad, que aún no tiene fecha. «Lo hicimos porque creemos que la solución para el problema de la basura es que el Gobierno se despoje de su autoridad para cedérsela a las organizaciones independientes, como las ONG y las cooperativas, que son más idóneas en este tema», opinó.
Cristina Juliarena, representante de la agrupación Vecinos por un Brandsen Ecológico, sostuvo que «el gobierno de Macri se desliga del problema de la basura: va a otros municipios, intenta pagarle a sus autoridades y se olvida de los vecinos que son perjudicados con este arreglo. Esto no es otra cosa que un ecocidio prolijamente planificado», destacó la licenciada.
Fuente Redacción Z
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