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TEMAS DE LA SEMANA

Estudiantazo porteño

Durante más de diez días varios colegios públicos fueron tomados por los estudiantes.

Por pablo-berisso-y-franco-spinetta
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En lo que se trató de la mayor protesta estu­diantil desde el regreso de la democracia, vein­titrés escuelas públicas dependien­tes de la ciudad de Buenos Aires fueron tomadas durante diez días por los alumnos. reclamo está dirigido princi­palmente al défi­cit en infraestruc­tura que desde hace años aque­ja a los centros de educación por­teños. El Gobierno respondió judicializando la protesta, persi­guiendo a los alumnos con «listas negras» y denunciando infiltracio­nes de agrupaciones políticas y del «chavismo».

Más de 10 mil alumnos vieron afectada su cursada en esta cri­sis. «Es importante destacar que son muchas más de veintitrés las escuelas que sufren problemas de infraestructu­ra», agregó el le­gislador Francis­co «Tito» Nenna. «No vamos a ba­jar los brazos. Nos merecemos es­cuelas públicas dignas», enfatizó Nahuel Alasia, delegado del cole­gio Mariano Moreno.

Hoy, sólo cuatro escuelas man­tienen la toma, lo cual no signifi­ca el final del conflicto, sino todo lo contrario. resto de los esta­blecimiento levantaron para evi­tar represalias, pero se mantienen en estado de alerta y movilización a la espera de la segunda reunión que tendrán el próximo lunes con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien prometió presentar­les un plan de acción con solucio­nes concretas para una problemá­tica que viene incrementándose desde la época menemista y que se agravó en los últimos años.

El conflicto obligó al titular de la cartera educativa a presentar­se en la Legislatura de la Ciudad el martes pasado para dar explica­ciones ante la Comisión de Educa­ción por la subejecución del dine­ro destinado para infraestructura escolar. A esta altura del año, sólo se ha ejecutado el 7,38 por ciento del total asignado. El responsable de autorizar las asignaciones pre­supuestarias es el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, quien reconoció el bajo porcentaje inver­tido. La plata está, pero no se usa.

A modo de defensa, Bullrich aseguró que «en los últimos dos años se invirtió un 50 por ciento más -en infraestructura- que en los cuatro años de gestión anterior (Ibarra-Telerman)», lo que desató el reclamo del resto del arco políti­co. «Es verdad que en 2008, 2009 y lo que va de 2010, el macrismo invirtió 5 millones más que lo in­vertido entre 2005, 2006 y 2007. Lo que no tienen en cuenta es que los presupuestos del Pro equivalen a cuatro veces más que los nues­tros», aseguró el ex jefe de Gobier­no porteño, Aníbal Ibarra.

El presupuesto educativo hace tiempo viene siendo manipulado. A pesar de que la partida aproba­da para Educación en 2010 es su­perior a la del año pasado, el mon­to destinado a infraestructura es menor: se asignaron 806 millones de pesos a los establecimientos pri­vados, 101 millones más que en 2009 y casi el doble de 2008 (de 482 millones). Para lograr el incre­mento, el gobierno porteño redu­jo en 108 millo­nes las partidas alimentarias y las inversiones en infraestructura educativa (principales reclamos del alumnado).

Bullrich defendió la actual gestión: «Dado que queríamos fi­nalizar algunas obras emblemáti­cas la Legislatura aporta fondos adicionales. Son 144 millones de pesos, que se sancionaron el 5 de agosto». «La oposición cuestionó fuertemente la falta de ejecución de las partidas presupuestarias de infraestructura escolar, particular­mente los fondos adicionales vo­tados por la Legislatura en diciem­bre», afirmó la diputada porteña María Elena Naddeo. Si se tiene en cuenta la anexión de los 144 millones, la ejecución en infraes­tructura escolar es todavía más baja y alcanza el 5,57%.

«Hay humedad, caños rotos, baños sin inodoros, rajaduras en las paredes, mamposterías colgan­do y obras que comienzan y a los pocos días son abandonadas por­que no les pagan», explicó Tomás, delegado de sexto año de la Es­cuela Técnica N° 6 Fernando Fa­der, de Flores. «El problema pre­supuestario se viene arrastrando años tras año. Hay que reforzar la ejecución presupuestaria en el ni­vel inicial, ya que al no haber ofer­ta pública muchos chicos y chicas terminan asistiendo a la oferta pri­vada», aseguró la legisladora por­teña por Encuentro Popular para la Victoria, María José Lubertino.

El mismo martes en el que Bullrich era interpelado y Larre­ta explicaba a los medios que el reclamo de los estudiantes «sólo se trata de una protesta políti­ca» y los acusaba «chavistas», en el Normal 4 de Caballito, una edi­ficación emblemática que sufre importantes problemas edilicios, cayó una mampostería que causó corridas y nervios en el alumnado y los directivos de la institución.

Fue la propia gestión PRO la que publicó en el Boletín Ofi­cial de la Ciudad Nº 3.489, del 25 de agosto de 2010, el Decreto Nº 654/10 firmado por el jefe de Go­bierno, Mauricio Macri, su jefe de Gabinete y los ministros de Edu­cación y de Hacienda, por el cual se declara de «carácter urgente y prioritario la refacción, remodela­ción y acondicionamiento de la in­fraestructura edilicia de quince es­tablecimientos escolares», los que aún esperan por su refacción. Se­gún un informe de la Defensoría del Pueblo porteña «en el perío­do 2008-2009 el Ministerio de Educación de la Ciudad subutilizó partidas por más de 300 millones de pesos, que estaban asignadas por ley para construcción y man­tenimiento de escuelas».

Frente a la firmeza de los jóve­nes por defender el derecho a una educación digna, Bullrich prometió preparar para el próximo lunes un informe detallado de las obras a ejecutar en los colegios en conflic­to. En respuesta, los jóvenes reali­zaron una asamblea en el Normal 4 en la que la mayoría de los cen­tros de estudiantes decidieron le­vantar «provisoriamente» la toma, a la espera de la oferta oficial. El próximo sábado harán otra para definir los pasos a seguir.

Víctimas perseguidas

A los pocos días de haber co­menzado la protesta estudiantil, Rodríguez Larreta y algunos me­dios de comunicación acusaron de «chavistas» a los estudiantes que, cansados de ser ignorados, decidieron hacerse escuchar. En respuesta y rememorando las peores épocas de la historia ar­gentina, los jóvenes fueron per­seguidos y fotografiados por la policía a pedido del Gobierno porteño. Acción repudiada por la oposición y rechazada por la Justicia.

Las llamadas «listas negras» fueron inmediatamente rechaza­das por la jueza Elena Liberato­ri, quien ordenó al Gobierno de la Ciudad «dejar sin efecto» el memo­rándum que ordenaba identificar a los alumnos que participan de las tomas y denunciarlos a la policía. «Macri nos quiere hacer creer que los estudiantes, que tienen un re­clamo serio y legítimo, son activis­tas políticos enviados por el gobier­no y grupos de izquierda», aseguró el legislador radical Claudio Pres­man. «No es persecución. Actua­mos porque recibimos denuncias de adentro mismo de los colegios tomados que sostenían que había personas que no eran alumnos. Por eso es que enviamos el memorán­dum, para corroborar que eso no haya pasado», explicó el ministro Bullrich. La justificación no confor­mó a los estudiantes, quienes de­nunciaron agresiones recibidas por la policía. El delegado del colegio Urquiza, David, contó que «la po­licía intentó entrar en el estableci­miento a la fuerza, con insultos y sin identificarse, pero no los deja­mos pasar; cuando vieron que sa­camos los celulares para filmarlos se fueron». A pesar del rechazo judi­cial, las autoridades porteñas inten­tarán seguir adelante para conse­guir la autorización del listado.

Irregularidades, refacciones y los 180 días

Diario Z recorrió los colegios tomados y constató los proble­mas edilicios que sufren las es­cuelas, que van desde rajadu­ras hasta ausencia de salidas de emergencias y baños sin retretes. Los alumnos decidieron reempla­zar la labor estatal y realizaron refacciones en las instituciones. El ministro respondió aseguran­do que habrá clases hasta febre­ro «para cumplir con la ley de 180 días», lo que disparó el recla­mo docente.

En el Normal 7, unos 500 alumnos están hacinados en lo que era una fábrica, a la espera de que se culmine la obra de la calle Humahuaca. «Pedimos que se termine la obra que lleva cin­co años de retraso. Somos el futu­ro, pero al Gobierno no le impor­ta», aseguraron los jóvenes que hoy cursan en un establecimien­to en el cual la salida de emergen­cia los lleva al interior de la planta baja del edificio, en vez de sacar­los a la calle.

En la mayoría de los estable­cimientos tomados, los alum­nos realizaron talleres de apoyo de estudios para reforzar mate­rias e hicieron refacciones varias. «Pintamos siete aulas, arreglamos mesas y bancos y un caño que perdía agua a inundaba el baño», relató Tomás, delegado del Fer­nando Fader. Y agregó: «Nunca imaginamos lo fácil que es el tra­bajo que debería hacer el Estado, lo que falta es voluntad».

En conferencia de prensa, el ministro Bullrich aseguró que cumplirán con la ley que exige 180 días de clases. «Si es necesa­rio, habrá clases hasta febrero», afirmó el funcionario. La decisión afecta a los docentes porque se superpondrían las fechas de exá­menes con los trabajos adminis­trativos de cierre y comienzo de año. «Es una bravuconada, una provocación que demuestra la fal­ta de cintura política del minis­tro», aseguraron desde UTE.

 

Fuente Redacción Z
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