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“Están vendiendo tierra pública”

El ex legislador pone en duda que el proyecto sea “totalmente legal”. Y le llama la atención que no se haya hecho público el pliego de licitación y las bases técnicas. “Es un negocio”, dice.

Por Rafael Gentilli
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Ex legislador de Proyecto Sur entre 2009 y 2013, Rafael Gentili preside el partido Izquierda Demo­crática y dirige el centro de estudios Laboratorio de Políticas Públicas. De allí surgió un minucioso infor­me sobre la Terminal Dellepiane. Gentili dice estar de acuerdo con la construcción de una terminal en el sur pero advierte que detrás de la iniciativa presenta­da por la empresa TEBAse esconde un negociado.

¿Cree que el gobierno puede haber incurrido en alguna ilegalidad con este proyecto?

Aún no lo sabemos. En la superficie, uno diría que no es ilegal. Pero leyendo el régimen de iniciativa privada, cómo encaja el tema de la venta de terrenos públicos y la explotación de una terminal, generando un derecho adquirido para un privado, yo no estaría tan seguro de que es totalmente legal. Se está vendiendo tierra por un mecanismo por el cual no está previsto, porque la iniciativa privada es para concesiones. Y, al vender la tierra, estás convirtiendo tierra pública en propiedad privada, sin injerencia pública. Es negocio.

¿Es un perjuicio para la Ciudad?

Claramente. ¿Por qué vendés tierras públicas para ha­cer un proyecto que de por sí es un buen negocio sin la necesidad de vender la tierra? La clave es ésa. Es tan así, que el gobierno confunde leasing con concesión, valiéndose en que a la cuota del leasing se la llama “canon”. Pero no es un canon.

¿Es como la cuota de un crédito hipotecario?

Exacto, pero en este caso el mecanismo es un leasing. El Estado no le puede quitar el terreno (como podría suceder en una concesión), salvo que incumpla en el pago. Si paga, al final del leasing, TEBApodrá com­prar el terreno. Es decir, el canon que paga no es por explotar una concesión. Va a dejar de pagar en el momento en que pague todas las cuotas. Si en 12 años, la empresa recupera la inversión de la obra y el pago de la tierra, aún con intereses, se queda de por vida con ese lugar. Y pasamos a tener algo inédito: una terminal de ómnibus privada. La Ciudad no va te­ner ninguna injerencia porque, además, la regulación del transporte de larga distancia es de Nación.

¿Qué tipo de negocios se abre entonces?

Es un negocio cautivo. Como en el subte, los “cola­terales” son la crema del negocio, la publicidad, los alquileres… Si bien va a ser más chico que Retiro, ten­drá más servicios, con lo cual puede ser aun un mejor negocio para TEBA. Los empresarios van a ser opera­dores de Retiro y dueños de la terminal del sur. Quizá mañana desinvierten en Retiro para enfocarse en el sur, total es un monopolio.

Cuando se presenta una iniciativa privada, tie­ne que haber una proyección del negocio, de ingresos y egresos, ¿ustedes vieron ese plan?

No, no está. No lo hicieron público. Solamente leímos en la página de la Corporación del Sur el pliego de licitación y las bases de condiciones técnicas. Esta in­formación misteriosamente desapareció de la web. Es información pública, debería estar disponible.

El proyecto ya está en condiciones de comenzar, ¿cómo evalúa su paso por la Legislatura?

En la Legislatura se aprobó la primera lectura de la rezonificación. Falta la segunda. Sin eso no pueden avanzar. Es importante desde el punto vista político. No está mal que en ese lugar haya una terminal de micros, de media y larga distancia, entonces no está mal la rezonificación. El problema no está en la Legis­latura, pero es cierto que el proyecto que se trata allí va a destrabar un modelo de negocios que el PRO está eligiendo para hacer una terminal de micros.

¿Por qué piensa que el gobierno encaró este pro­yecto de esta manera?

La pregunta es por qué se elige vender tierra públi­ca. La tierra no tiene por qué pasar a manos privadas. Después podés discutir la idoneidad de alguien que viene gestionando Retiro con muchos incumplimien­tos y que además está procesado por dádivas a funcio­narios. Esperemos que Otero no le esté pagando el al­quiler a Cabrera o a Schiavoni, que no sea por eso que le hayan dado este negocio. Acualquier funcionario serio le tendría que temblar el pulso antes de declarar de interés público una iniciativa privada que te presen­ta alguien con los antecedentes de Otero. Solamente hay que pisar Retiro para darse cuanta cómo gestiona. Supongamos que eso lo pasamos por alto, el proble­ma central es que están vendiendo tierra pública para lo que debería ser una concesión de un servicio. Al privado, para tener rentabilidad frente a la inversión (porque la terminal la construye la empresa), se lo pue­de eximir por un tiempo del canon. Además hay que descontarle la inversión pública anunciada que servi­rá para reforzar ese negocio. El subte, la bajada de la autopista. Se calcula sobre la base de todo eso, pero nunca asociado a la venta de tierra pública.

¿La Ciudad no tendrá injerencia?

Ninguna. El gobierno te puede decir que tampoco tienen injerencia sobre Retiro, pero esa terminal está construida sobre tierras nacionales y está concesiona­da, por ende, el control está en manos de Nación. Que lo haga bien o mal, es otra cuestión. La terminal del sur podría ser una concesión de la Ciudad y bajo control del Estado porteño. No va a tener ninguna injerencia en la administración del servicio público, es decir, en la cuestión referida al cumplimiento de las exigencias o las multas por incumplimiento. Acá no será ni de la Ciudad ni de Nación, sino de Otero.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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