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TEMAS DE LA SEMANA

Escuelas: permiten 0800 para denunciar «intromisión política»

La Justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el  Gobierno de la Ciudad y revocó la sentencia que restringió la línea  telefónica 0800 para recibir denuncias anónimas sobre “intromisión  política” en escuelas. La Cámara resolvió rechazar el amparo  presentado por el abogado constitucionalista Roberto Boico.

Por Redacción Z
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bullrich DYN29, BUENOS AIRES 11/06/13, ESTUDIANTES DE BACHILLERATOS POPULARES, INCREPAN AL MINISTRO DE EDUCACION, ESTEBAN BULLRICH, EN RECLAMO POR POSIBLE CIERRE DE CURSOS.FOTO.DYN/EZEQUIEL PONTORIERO.FOTO.DYN/EZEQUIEL PONTORIERO

En la sentencia de fondo, la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar la  acción de amparo impulsada por el abogado constitucionalista Roberto Boico, en la cual se solicitaba que la justicia declare la  inconstitucionalidad de la medida dipuesta por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, además de que ordene el cese de inmediato la persecución  política a jóvenes militantes, se remitan actuaciones al INADI y a la  Legislatura ante la posible configuración de un hecho que amerite la iniciación de un juicio político por mal desempeño del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y de mencionado Bullrich, por discriminación y persecución ideológica.

En el fallo firmado el pasado 19 de mayo con los votos a favor de los  jueces Mariana Díaz y Esteban Centanaro y el voto en disidencia de  Carlos Balbín, se dispuso revocar la sentencia dictada en primera  instancia en la cual la jueza Elena Liberatori hizo lugar a la acción  de amparo, se dispuso que se adapte debidamente conforme a derecho el  funcionamiento de la línea telefónica en cuestión.

También ordenó al titular de la cartera educativa a “abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación a estudiantes y docentes de escuelas públicas de la Ciudad de  Buenos Aires con base en hechos y conductas denunciados anónimamente”.

En su voto, la magistrada Mariana Díaz expuso que “ni bajo la denuncia de  discriminación, ni por afectación de la libertad de expresión, ni por  el potencial riesgo de suscitar reproches disciplinarios o  persecutorios, se puede dar por configurado un supuesto que habilite  el control judicial requerido a fin de lograr la declaración de  inconstitucionalidad de la norma habilitante de la línea de atención  telefónica gratuita para recibir denuncias sobre ‘intromisión  política’ en los colegios de la ciudad”. También expresó que no existe  una “controversia concreta” en torno a un derecho, por lo que “no  resulta procedente avanzar en un control de legalidad”.

El juez Carlos F. Balbín, en su disidencia, expuso entre  sus argumentos que “quedó demostrada la existencia de una conducta estatal manifiestamente ilegítima que resulta, además, lesiva de  derechos constitucionales”, ya que el Protocolo de Procedimiento del  0800 introduce infracciones y sanciones administrativas a alumnos y  educadores. Además, fundó su rechazo a las denuncias anónimas, en que  “no es posible saber si el denunciante es capaz, imparcial o  calumnioso” y “resultaría inadmisible que los menores se encuentren  expuestos a este tipo de denuncias”.

En 2012, la jueza Elena Liberatori falló contra el Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires y ordenó al Ministerio de Educación porteño  «abstenerse» de sancionar a alumnos y docentes por «hechos y conductas  denunciadas anónimamente» mediante la línea 0800. Además, en dicha  sentencia, la jueza Elena Liberatori mantuvo la medida cautelar que  restringía la utilización del 0800 y limitaba su funcionamiento «solo  a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal”.

DZ/pt

Fuente Redacción Z
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