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Escuchas ilegales: un juicio enviado a vía muerta

El proceso contra Macri no avanzará este año. Casación debe definir primero la suerte de Oyarbide.

Por Laura Mendoza
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La estrategia de la defensa de Mauricio Macri en el caso de las escuchas ilegales -gracias a las cuales el reelecto jefe de Gobierno de la Ciudad fue procesado por el juez federal Norberto Oyarbide, y su procesamiento confirmado por la Cámara Federal en 2010- está logrando su cometido. Difícilmente habrá novedades en ese asunto al menos en lo que resta de 2011.

Las razones son varias, pero la principal de ellas se relaciona con el recurso de queja presentado ante la Cámara de Casación por los abogados Ricardo Rosenthal y Santiago Fader, monitoreada además por el principal operador judicial del macrismo, José Torello, uno de los históricos amigos de Mauricio. Y también se relaciona con el inesperado cambio de autoridades en la Sala III de Casación, un golpe de suerte.

Como se sabe, el recurso planteado por los defensores apunta a dos objetivos: el primero de ellos, revisar todo lo actuado por Oyarbide. El segundo, llevar la causa a fojas cero. Es decir, ordenar una nueva instrucción. Todo lo cual conlleva una enorme dilación.

El recurso de queja fue presentado hace poco más de un año, pero la entonces Sala III de Casación se excusó. La Cámara recurrió a jueces de otras salas, que también se excusaron. Es que, con buen criterio, nadie se quería hacer responsable de tratar una causa que incluía el pedido de apartamiento de Oyarbide (acusado desde el macrismo de parcialidad y de operar a favor del kirchnerismo) ni de sustanciar una nueva instrucción. Cuando la doctora Ángela Ledesma pasó de la Sala III a la presidencia de Casación, y en su lugar se nombró al juez Gustavo Mitchell, todo comenzó a cambiar para Macri.

Mitchell había renunciado a su cargo en 2010, denunciado por avalar la entrega de menores apropiados durante la dictadura. Pero su renuncia no sólo no prosperó sino que se alzó con un nombramiento mayor. La Sala III también está integrada por Eduardo Riggi y Liliana Catucci. El primero tiene una causa abierta por, presuntamente, aceptar sobornos, y por tráfico de influencias en la causa abierta a José Pedrazza por la muerte de Mariano Ferreyra. La segunda integrante ya había fijado posición con anterioridad: para ella no hay relación entre Macri y la asociación ilícita que manejaba las escuchas.

Es decir, para Mauricio Macri no podría haber mejor panorama: los jueces que aceptaron el recurso de queja están enfrentados con el gobierno nacional o tienen causas que preludian su inestabilidad.

Ahora Oyarbide está en el centro del debate. Y es lo que pretendía Macri. La investigación, de hecho, está paralizada y todo se ha convertido en un verdadero berenjenal.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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