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TEMAS DE LA SEMANA

Escándalo en la AGC: mejor no hablar de ciertas cosas

La Justicia investiga a la Agencia Gubernamental de Control por irregularidades en habilitaciones.

Por Franco Spinetta
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Juan recibe llamadas anó­nimas a su trabajo, en las que una voz repite el nom­bre de su hija muerta. AMariana la llaman a su casa para recomendarle que se cuide y si­lencie sus denuncias. A Nazarena la amenazan con sacarle la pau­ta de su programa de radio. Y a otra persona le dejan una foto del jardín de sus hijos al lado del ca­nasto de la basura con un encar­go: silencio. Todos cometieron el mismo pecado: denunciar a fun­cionarios de la Agencia Guberna­mental de Control (AGC).

No se trata de un organismo cualquiera. La AGC fue creada por el gobierno PRO con el objetivo de mejorar el sistema de habilitacio­nes y control luego de la tragedia ocurrida en Cromañón. Sin embar­go, en los últimos dos años se con­virtió en un área sensible e investi­gada por la Justicia. El incendio de un geriátrico en Almagro, las de­nuncias de extorsión de empresarios de la noche, cinco muertos por los derrumbes de un gimnasio en Villa Urquiza y el boliche Bea­ra en Palermo y la presunta esta­fa con connivencia de empleados del gobierno porteño al marido de una vedette pusieron en la picota a una agencia sospechada, que ya tiene varios funcionarios imputados y cinco renuncias.

Pero según las experiencias recogidas por Diario Z, parece además que denunciar estos ilíci­tos conlleva un costo adicional: el de los aprietes y amenazas.

Juan Lizarraga perdió a su hija Ariana, quien murió luego de que el entrepiso del boliche Beara de Palermo se desplomara sobre ella. A una semana de la tragedia, co­menzó a recibir llamadas anóni­mas de voces que nombraban a su hija y cortaban el teléfono.

Nazarena Vélez, en cambio, denunció públicamente a funcionarios de la AGC, quienes habrían actuado en connivencia con priva­dos para habilitar el ex Cine Los Ángeles con documentación ro­bada a su esposo, el empresario Fabián Rodríguez. Unos días des­pués de la denuncia, Rodríguez recibió llamadas «intimidatorias». Esta vez, según asegura, no fue­ron anónimas, sino del diputado del PRO Avelino Tamargo.

«En un tono amistoso y jodón me decía que no hinchemos con la denuncia porque Nazarena po­día perder la pauta en su progra­ma de FM La Isla y que además yo iba a tener problemas con mi negocio particular», señaló Rodrí­guez a Diario Z.

A estas intimidaciones se suma la sufrida por Mariana Bustos, que luego de denunciar que su hogar está en peligro de derrumbe debi­do a una construcción aledaña re­cibió numerosas llamadas durante la madrugada que le valieron una protección policial. Del otro lado del teléfono escuchaba: «Queda­te tranquila, no te metas más, no sigas denunciando».

Ante esta situación, los distin­tos denunciantes y damnificados comenzaron a comunicarse en­tre ellos, compartir sus historias y preocupaciones, hasta que el viernes 23 confluyeron en un café de Palermo, junto a legisladores de distintas fuerzas, el defensor del Pueblo adjunto, Gerardo Gó­mez Coronado, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matan­za, Pablo Pimentel.

Todos coincidieron en que los casos denunciados forman parte de la «negligencia y omisión del Gobierno de la Ciudad» en el área de habilitaciones y control.

Pero los asistentes a la reunión no son los únicos que denuncian irregularidades en el área. La dipu­tada de SI en Nuevo Encuentro y presidenta de la Comisión de De­sarrollo Económico, Delia Bisutti, remarcó que tras la presentación en la Legislatura del titular de la AGC, Javier Ibáñez, que se desligó de las denuncias de corrupción, comenzaron a llegar otros testi­monios que están siendo reco­lectados para sumarlos a la cau­sa, como el de dos dueños de un centro cultural ubicado en Belgra­no que sufrieron una excesiva de­mora de los trámites de habilita­ción y que recibieron la visita de gestores que se «vendían como poseedores de vínculos adentro de la AGCpara acelerar los trámi­tes», relataron a este diario.

El grupo de vecinos también fue recibido por el senador de Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, quien se mos­tró preocupado por lo que consi­deró como una situación «delicada y preocupante». «La idea es plan­tear la problemática que sufrimos muchos vecinos de la Ciudad y además estamos reclamando que se unifiquen las causas porque los funcionarios implicados son los mismos», aseguró Bustos.

Consultado por Diario Z, un vocero de la AGC, aclaró que Ibáñez ya dio sus explicaciones en el parlamento porteño y dijo que todo se resolverá en la Justicia. Además resaltó que hubo cam­bios en el área, para tratar de me­jorar la gestión.

COMO CROMAGNON

«Nosotros creemos que esto va a terminar siendo una megacausa de asociación ilícita segui­da de muerte porque, sin duda, la finalidad de toda esa red de co­rrupción es hacer dinero: las con­secuencias están a la vista», re­marcó Lizarraga. «La AGC cayó en la misma lógica que antes de Cromañón. Más allá de la corrup­ción, los controles no funcionan», advirtió el legislador de la Coali­ción Cívica, Sergio Abrevaya.

La intención de los vecinos tuvo su correlato en la Justicia. El juez Juan Ramos Padilla -quien venía investigando a la AGC por diversas causas- pidió a través de un oficio, el expediente del caso Beara. Se trata de la tragedia que se produjo hace un año, cuando el entrepiso del local bailable ce­dió, provocando la muerte de Le­ticia Provedo y de Ariana Lizarra­ga, la hija de Juan.

Desde entonces, la causa judi­cial tramita con pocos avances, en el juzgado a cargo de Alicia Iermini, quien tiene un pedido de juicio po­lítico por mal desempeño en la cau­sa del asesinato de Walter Bulacio.

El pedido de Ramos Padilla, busca unificar todas las causas, en la idea de que existe una red de tráfico de influencias que cobra coimas a boliches nocturnos, comerciantes y constructores para agilizar habilitaciones, para adver­tir sobre posibles inspecciones y evitar o levantar clausuras.

El juez no sólo investiga a los cinco funcionarios macristas que renunciaron o fueron echados en el último año, envueltos en escándalos y tragedias, sino que también tiene a la actual AGC en la mira. Una se­rie de escuchas telefónicas que se encuentran en plena desgrabación aportarían datos sobre la continui­dad de prácticas non santas en el sistema de control porteño.

Un dato no menor es que en el último allanamiento realizado a la AGC a fines de agos­to, además de los lega­jos de ex funcionarios, Padilla ordenó secues­trar los del titular de la AGC Javier Ibáñez y del director de Habilitacio­nes Especiales Pablo Seikuscas.

A esto se suma el procesamien­to de la ex directora de Fiscaliza­ción y Control, Vanesa Bercowski, que surgió de escuchas telefónicas en poder del juez. En ellas, según trascendió, se habría detectado un «sistema de avisos» al cual los due­ños de los boliches estarían «sus­criptos» para evitar inspecciones.

Por las causas en las que en­tiende Ramos Padilla hay también tres gestores privados imputados que habrían actuado como inter­mediarios para lograr habilitacio­nes de locales bailables.

Los ángeles de Nazarena

El impacto mediático de las de­claraciones de Nazarena Vélez tuvo su correlato en la actuación de la Justicia. El marido de Vélez, Fabián Rodríguez, empresario y confeso «ex macrista» fue víctima, según la fiscal Graciela Gils Carbó, de una maniobra que involucró a funcio­narios de la AGC, quienes facilita­ron que dos empresarios se apro­pien del emprendimiento de cine y teatro Los Ángeles, del cual Ro­dríguez era uno de sus titulares. La fiscal determinó que se había fra­guado una cesión de habilitación mediante firmas falsas. «Pidie­ron la transferencia de la habilita­ción, que fue otorgada por Martín Farrell, Pablo Seiskuscas y Mar­tín Córdoba, sin atenerse a la nor­mativa específicamente dispuesta para ese trámite», explicó la fiscal en su escrito. Ramos Padilla hizo lugar al pedido de indagatoria de los tres funcionarios, aunque aún no ha fijado las fechas.

Según explicó el empresario Ro­dríguez a Diario Z, en 2008 adqui­rió junto a su socio Rodrigo García el local del ex cine Los Án­geles, ubicado en la ave­nida Corrientes al 1700, para habilitarlo como un complejo teatral. Tiem­po después, se asoció a otros dos empresarios, Diego Noguera y Aldo Funes.

Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, mientras esta­ba en Villa Carlos Paz produ­ciendo espectáculos de su es­posa, según afirma Rodríguez, sus socios transfirieron la habi­litación a nombre de ellos, pero de manera fraudulenta. Cuan­do regresó a Buenos Aires, no lo dejaron ingresar en el teatro.La situación fue denunciada por Vélez en el programa de Susa­na Giménez y el escándalo explo­tó. Según Rodríguez, Tamargo lo «apretó». Meses antes había sido el propio Tamargo, quien había presentado a Rodríguez y Farrell para «ayudarlo» en el trámite de la habilitación.

Ya sin el complejo de cines, presuntamente estafado por sus ex socios, en sede judicial, el em­presario aceptó que el juez Ramos Padilla interviniera sus teléfonos y los de Nazarena. Los resultados de las escuchas resultaron intere­santes para el juez y para la fiscal Carbó: en un encuentro casual que se produjo en una heladería de la Avenida del Libertador entre Naza­rena y Samantha Farjat, la ex me­diática le comentó a la modelo que su novio, Leandro Camani, estaba pasando por la misma situación que Rodríguez. Por eso se pusieron en contacto. «Camani llamó y dijo que él no denunciaba nada en la Justicia porque `la mueve’ adentro de la AGC», cuenta Rodríguez.

El novio de Farjat se jactó de ser amigo y compinche del direc­tor de Habilitaciones y Permisos, Manuel Sandberg Haedo, íntimo amigo de Farrell.

Pero el tráfico de influen­cias Leandro Camani sería aún más importante. Rodríguez de­talló que en una de las llamadas «aconsejó discontinuar con la cau­sa porque él podía solucionarla». «Camani dijo que él había conse­guido el permiso para el funciona­miento de Beara». El trámite, de hecho, estuvo a cargo de Panta­rotto, abogado del boliche. La ha­bilitación de Beara está cuestio­nada porque fue otorgada pese a recomendaciones en contrario. Las escuchas indicarían que, ade­más, hubo dinero de por medio.

Para los denunciantes, la irrup­ción del «caso Nazarena» repre­sentó la posibilidad de hacer visi­ble su reclamo. «Esperamos que la Justicia avance y unifique las cau­sas en el juzgado de Ramos Padilla, que ha hecho un trabajo interesan­te porque no se limitó a investigar cada caso en particular, sino que trata de desentrañar lo que está detrás de la actuación guberna­mental», se esperanzó el abogado de Mariana Bustos y querellante en la causa del derrumbe de Villa Urquiza, Walter Mercury.

La causa que involucra a la AGCse remonta al 17 de noviem­bre de 2009, cuando dos ancianos comieron por última vez en la clíni­ca de rehabilitación de Santa María de los Buenos Ayres. Luego murie­ron mientras otros 16 intentaban recuperarse de la intoxicación. Los alimentos estaban podridos.

El caso llegó a manos del juez Padilla, quien desplazó a las autori­dades porteñas como auxiliares de la investigación luego de ver cómo un camión de basura de la Ciu­dad retiraba objetos que podían ser elementos probatorios. Suce­día justo cuando él inspeccionaba el lugar y encontraba -entre otras bondades- medicamentos venci­dos, deficiencias en el suministro de agua y heladeras sin funcionar. Ninguna de estas anomalías había sido detectada por las dos inspec­ciones previas que había realizado en ese año la Agencia.

Tal vez eso fue lo que motivó a Ramos Padilla, a disponer que la División de Defraudaciones y Esta­fas de la Policía Federal allanara las oficinas de Habilitaciones y del Mi­nisterio de Salud porteños. Ése fue el origen de la causa cuya instruc­ción aún continúa, alimentada co­tidianamente por derrumbes evi­tables, y denuncias de pedidos de coimas e irregularidades varias a la hora de habilitar e inspeccionar.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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