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TEMAS DE LA SEMANA

Entre Ciccone y el temporal: cimbronazos y despedidas

Por Eduardo Blaustein. Las consecuencias de la tormenta, el kirchnerismo y Daniel Rafecas.

Por Eduardo Blaustein
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El caso Ciccone, que comenzó como una suma de denuncias débiles, forzadas e interesadas y que hasta hoy tiene mucho de campaña mediática, se está convirtiendo en una centrifugadora de enormes confusiones que empantana al Gobierno y a la política en general. Es obvio hacia dónde va la tendencia: no necesariamente hacia ganancias de la oposición, sí a erosionar al kirchnerismo. Seguramente a su pesar, el vicepresidente Amado Boudou puso en marcha esa centrifugadora de confusiones, presumiblemente con un aval superior. Es una situación paradójica puesto que, aunque la investigación judicial está lejos de haber encontrado indicios serios de su culpabilidad respecto de la acusación de tráfico de influencias, su largo monólogo del miércoles pasado resultó fallido, mal guionado, peor actuado. Boudou, además, repartió acusaciones a diestra y siniestra, incluyendo al juez federal Daniel Rafecas y a Esteban Righi, símbolos de las mejores políticas judiciales construidas precisamente por el kirchnerismo.

Por el lapso de algunos días quedó flotando la duda acerca de si Boudou pudo haberse mandado solo o si padeció los (humanos) efectos de los ataques de que fue objeto. Pero el pedido oficialista de investigación a Rafecas en el Consejo de la Magistratura (cuyos tonos son tan moderados que cuestionan la necesidad misma de ese pedido) y la renuncia aceptada del ahora ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, denunciado por Boudou, parecen indicar que el Gobierno decidió bancar al ex ministro de Economía, al costo que sea.
Habrá que ver si ese costo no es demasiado y si no se profundizan riesgos de aislamiento como los que ya se produjeron en la relación entre el Gobierno y una parte importante del gremialismo. El cuestionamiento hacia un juez federal muy distinto de los heredados desde los años del menemismo más la salida de Righi no son salidas que parezcan compatibles con el imaginario más progresista del kirchnerismo, salvo que se pruebe que Rafecas cometió algún error importante en la investigación. El problema del Gobierno, entre otros, es hacer entender el porqué de algunas de sus respuestas.

Lo increíble del cuadro es que hasta el miércoles pasado, cuando habló Boudou y multiplicó los daños, lo último y más firme que se conocía sobre la causa fue la propia declaración del juez en una entrevista al diario Perfil: «Por ahora no hay pruebas». Es más, todo es tan confuso que de los dichos de Boudou acerca de los presuntos diálogos establecidos entre el juez y un abogado se desprende más bien una actitud conciliadora de Rafecas y no una agresiva. Sin embargo, el vicepresidente habló de la «agencia de noticias de Rafecas» (por la presencia de una guardia establecida por Clarín incluso antes del allanamiento en Puerto Madero), cuando acaso debió ser más prudente y hablar de una filtración irregular que algunos adjudican al fiscal de la causa, Carlos Rívoli. La bronca contra Righi y/o Rafecas parece dirigida a no haber sabido morigerar alguna sobreactuación de ese fiscal, al que el oficialismo vincula con el poder corporativo.

Hay demasiadas cosas mezcladas en esta historia. El que escribe, sobre la causa misma, comparte las hipótesis y dichos de Rafecas: por ahora no hay pruebas de nada contra Boudou, que por algo no fue procesado. Lo que sí existe es una guerra sorda entre dos empresas de origen y actividad oscuros que compiten por un mismo negocio. Ese negocio, la impresión de billetes, se abrió gracias a la decadencia de la Casa de la Moneda desde los años 90, que el Gobierno revirtió parcialmente. Que las dos empresas involucradas, la ex Ciccone y Boldt, tienen lazos no virtuosos con la política (y Boldt con una corporación mediática) es evidente. Otro dato crucial: salvo que recurra a la impresión en el exterior, que es cara, el Estado sólo puede acudir a esas dos empresas. Un cuadro de fondo mucho más relevante es el problema de la sucesión presidencial. El único sucesor teórico de Cristina hasta ahora era Boudou. Puede interpretarse que el Gobierno salió a defenderlo con una desmesura similar a la usada en las acusaciones contra la figura del vicepresidente.

El tornado, sobre la miseria

Ésta es una columna de opinión política que pretende respetar ciertos dudosos cánones del género y por eso se comenzó con Boudou y no con la catástrofe social que dejó el paso del tornado en Capital y parte del conurbano. En términos de interés y sufrimiento social está clarísimo que el desastre debería estar muy por encima de lo que suceda en lo alto de la actividad política. Hay que decir, sin embargo, que si un gobierno, cualquiera, por razones políticas decae en su capacidad de gobernar, inevitablemente eso se convierte también en costo social.

La magnitud de la tragedia aún no ha sido reflejada ni siquiera por los medios, pese a que suelen extasiarse ante las catástrofes. Se dice que las muertes son más que las registradas hasta hoy. Son miles de familias que quedaron sin vivienda. Hay aspectos particularmente sórdidos y dolorosos en lo sucedido. Funcionarios nacionales de Desarrollo Social, off the record, hablaron de niveles de destrucción pavorosos, pero también de calles oscuras de las que se adueñaron desde los más estragados por la pobreza a los punteros que, subidos a camionetas, repartían gomas para quemar en los cortes de calles. «Hoy es el cuarto día -decía un funcionario desde La Matanza- y esto es un polvorín, muchos pibes de los que cortan las calles están totalmente dados vuelta.» Sólo al final de ese quinto día el despliegue de mayores recursos del Estado contribuyó a calmar las cosas.

¿La respuesta del Estado nacional, el provincial y los municipios fue satisfactoria? En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ausencia por vacaciones de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, es elocuente. En cuanto al Gobierno nacional, puede que haya habido más voluntad que sintonía fina. Pero es justo y oportuno decir que jamás el área metropolitana sufrió un tornado semejante, que no es para nada simple ni despejar35 mil árboles caídos, ni reponer luego miles de postes y torres de luz tronchados, ni mucho menos ayudar a reconstruir -la cifra final aún es imprecisa- hasta 60 mil viviendas afectadas.

Hay una cierta cultura de la protesta automática, alimentada por el discurso antipolítico de los medios dominantes, que lleva a pensar que el Estado debe tener capacidad de solución automática, en 48 horas, para las catástrofes. Ojalá pudiera ser así de fácil. Para lo que sí debe servir lo ocurrido es para atender mejor a los barrios pobres que como es de rutina fueron los más castigados, para acrecentar los recursos humanos y materiales a la hora de atender catástrofes climáticas que se van a repetir, y para coordinar con mayor eficacia las tareas entre todos los organismos de Estado.

DZ/km

Fuente Especial para Diario Z
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