En los últimos años, además del proceso de inquilinización de la clase media, hubo un crecimiento exponencial de las villas porteñas. Se contabilizan 43, que albergan –según el gobierno porteño– unas 270 mil personas. Además, en paralelo, floreció un submercado inmobiliario de alquileres informales.

No hay números oficiales, pero los casos se cuentan de a miles y se cree que alrededor de un 30-40% de los habitantes alquila en las villas. Las condiciones son por demás abusivas. Por caso, en la Villa 31 de Retiro se llega a pagar más de 2 mil pesos por una habitación sin servicios. La situación se repite en el resto de los asentamientos. Según testimonios recogidos por Diario Z en el Barrio Papa Francisco, desalojado y demolido en agosto de 2013, la mayoría de los ocupantes eran inquilinos que pagaban entre 1500 y 2 mil pesos por piezas minúsculas en la Villa 20 de Villa Lugano.

La primera dificultad para los villeros a la hora de acceder al mercado formal es la marcada precariedad en la que subsisten. Según la Dirección General de Estadística y Censos, en Buenos Aires el 21% de los trabajadores está en la informalidad. Además, la tasa de desempleo es del 6,2%. Entre la población de las villas, si bien el 70% tiene un trabajo, sólo el 8,7% es empleado formal, mientras el 10,3% es desempleado. En esas circunstancias, acceder a una garantía es una verdadera quimera.

La situación de los que alquilan habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles-pensión también es complicada. Se trata de un universo cambiante, pero que contempla unas 115 mil personas, según el censo 2010. La Dirección de Estadísticas porteña dice que representan el 4,3% del total de viviendas. Allí hay familias que viven en forma continuada, pero en carácter de pasajeros en tránsito. “Es una situación terrible, porque ni siquiera cuentan con la protección de un contrato, pueden ser echados de un día para el otro y sin amparo de ninguna ley”, explica Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos.

DZ/rg

Fuente Redacción Z