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‘En la ciudad de Buenos Aires gobiernan las corporaciones’

Denuncia el psicólogo Alejandro Gorbacz impulsor de la Ley nacional de salud mental

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La ciudad que gobierna Mauricio Macri, está cubierta legalmente desde hace siete años por un servicio público que reconoce que «La salud mental es inescindible de la salud integral». La ley 448 que lo obliga, reglamentada en el mes de abril de 2004, establece una concepción interdisciplinaria como base del sistema y prohíbe el uso de «políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el control social». Esa norma fijó un cambio de paradigma en la intervención del Estado, transformación que consolido en el ámbito nacional la ley 26.657 promulgada una semana después de que fuera sancionada el 25 de noviembre de 2010.

La ley nacional vincula a «los derechos humanos y sociales de toda persona» la preservación y mejoramiento de la salud mental, a la que define «como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos». Reconoce como punto de partida » la presunción de capacidad de todas las personas».

Ambas leyes produjeron una transformación que el actual gobierno de la ciudad no quiere por tener «una concepción muy retrógrada», sostiene Olga Yedaide, Psicóloga, presidenta de la Asociación de Psicólogos de la CABA.

Los antecedentes del ordenamiento legal vigente se remontan a «una muy rica historia a nivel nacional e internacional», explica Ángel Barraco, Psicólogo, miembro redactor de la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma. Barraco recuerda la escuela fundada por el psiquiatra y psicoanalista Mauricio Goldenberg en el Hospital de Lanús a mediados de 1950.

Goldemberg propuso la creación de servicios de psicopatología en hospitales generales y promovió el hospital de día. Su concepción tomaba en cuenta los conflictos subjetivos y la dimensión social de las patologías.

El cambio de paradigma ocurrido a partir de la ley de salud mental, produjo reacciones corporativas, dice el Asesor Tutelar de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado Gustavo Moreno. Una de esas reacciones se manifiesta en «la decisión de esta gestión actual de todavía valorar de sobremanera la medicalización, o el sector médico». Moreno sostiene que ese criterio «tiene que ver con acuerdos que no tienen que ver necesariamente ni con la salud mental ni con el sistema judicial, tienen que ver con acuerdos de naturaleza política y con algunos acuerdos políticos con algunos sectores corporativos de la salud mental».

 

Fuente Redacción Z
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