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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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En el taller clandestino hacían uniformes para la Policía Bonaerense

Fueron rescatados veintiocho costureros que vivían y trabajaban hacinados. Se secuestró mercadería y máquinas.  Hay cuatro detenidos.

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La Policía Federal allanó el martes 19 un taller clandestino en Portela 76, Flores. El lugar era una construcción ilegal en donde trabajaban y vivían hacinados veintiocho costureros y sus familias. Desde La Alameda, organización especialista en trata y trabajo esclavo, denunciaron que allí se hacían uniformes para la Policía Bonaerense y que el gobierno porteño no brindó una adecuada asistencia a las víctimas.

“La producción textil se distribuía en tres plantas de una construcción ilegal que oficiaba como hotel clandestino, dado que los trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento, higiene deficiente y graves falencias de seguridad”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad Nacional, que estuvo a cargo del operativo junto con la Policía Federal.

Durante el operativo se detuvo a una argentina y a tres bolivianos que participaban de la organización y se secuestraron más de cuarenta máquinas textiles.

El allanamiento fue dictado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini. El magistrado ordenó el desalojo por los riesgos estructurales del edificio y dispuso que las víctimas sean asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social porteño.

“Hay fotos en donde se ven los uniformes de la Bonaerense entre la mercadería y no dijeron nada. El Estado aparece como cómplice de la explotación laboral”, apunta Lucas Schaerer, director de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata y Hechos Vinculantes, que preside el legislador Gustavo Vera (Bien Común).

Para Schaerer, el gobierno de la Ciudad “tiene una pésima asistencia a las víctimas”. Se refiere a que para contener a los costureros que eran explotados se acercó el BAP, el programa gubernamental para personas que viven en situación de calle.

“No es lo mismo una víctima de trata que alguien que vive en la calle. Hay que seguir un protocolo: tiene que haber asistencia sanitaria y alguien que les informe cuales son sus derechos y cómo sigue la causa. Se tendría que incautar las máquinas y dárselas a los trabajadores para que puedan seguir trabajando. Si no mañana son captados por otro taller clandestino porque se quedan sin nada”, afirma Schaerer.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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