En un año con poca actividad parlamentaria y un fuerte enfren­tamiento entre el gobierno nacional y el de la Ciudad producto de las contiendas electorales de julio y octubre, fue muy poco lo que se pudo avanzar respecto a la agenda pendiente de la autonomía porteña.

Una de las pocas buenas noticias que hubo, provino precisa­mente de un ámbito ajeno al Parlamento y a los poderes ejecutivos. Me refiero al fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el cobro de impuestos al barco-casino por parte de las autoridades lo­cales.

Este hecho permitió poner nuevamente en debate la temática de la jurisdicción sobre las costas del Río de la Plata y el necesario replanteo del convenio entre la Ciudad y Nación respecto al juego.

En el ámbito del Congreso Nacional sólo se aprobó un nuevo con­venio de transferencia de competencias penales, pese a la existencia de proyectos de todos los bloques que alcanzaban un traspaso más amplio de funciones judiciales.

Con respecto a la seguridad -uno de los temas más sensibles en la relación entre ambos gobiernos- 2010 había terminado en un profun­do desencuentro, a partir del conflicto generado con la ocupación del Parque Indoamericano por cientos de familias que, lamentablemente, terminó con víctimas mortales y que -tras graves acusaciones cruza­das- demostró la poca seriedad para encarar un problema de profun­das raíces sociales.

Durante 2011, el enfrentamiento continuó con decisiones de la mi­nistra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de carácter unilateral e inconsulto, como el plan «Cinturón del Sur», que involucró a Gendar­mería y Prefectura, o la creación de un cuerpo policial de prevención vecinal para intervenir en las villas de la ciudad.

Tuvieron que pasar las elecciones para que las dos jurisdicciones ini­ciaran tibiamente un diálogo respecto de otras cuestiones pendientes de la autonomía, como por ejemplo el transporte.

Pero las necesidades fiscales del gobierno nacional y la oportuni­dad de los planteos -en el marco del anuncio de la quita de subsidios a las empresas de servicios públicos- hacen dudar realmente de la ho­nestidad de su propuesta.

No hay dudas que constituye un avance para la autonomía porteña que el gobierno nacional esté dispuesto a transferir la administración y el control de los subtes, pero en ese sentido resulta necesario, también, que se garantice la reasignación de los recursos necesarios para solven­tar una correcta prestación del servicio, tal como indica la Constitución Nacional.

DZ/km

 

Fuente Especial para Diario Z