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TEMAS DE LA SEMANA

Empresas recuperadas, en riesgo por la recesión y las órdenes de desalojo

El tarifazo, la apertura de importaciones y la caída de la actividad económica impactan de lleno en las cooperativas. Sus trabajadores perdieron hasta el 50% del poder adquisitivo del salario. Y la Justicia avanza con pedidos de desalojo.

Por Franco Spinetta
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Las empresas recuperadas, símbolos de la crisis de 2001, están en una encrucijada de difícil resolución. La caída de la actividad económica, la apertura de las importaciones y el tarifazo pegaron duro en una de las patas más débiles de la economía: en las cooperativas, los ingresos de los trabajadores dependen exclusivamente del nivel de producción y venta.

“Estamos en una situación muy complicada”, dice a Diario Z Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del hotel Bauen y dirigente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (Facta). Tonarelli asegura que todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional impactaron en la actividad de las empresas recuperadas, en especial la devaluación y el tarifazo. “Nosotros calculamos –sigue el vice del Bauen- una caída de entre un 20 y un 30% de la actividad, entre el hotel y el restaurante”.

Desde la metalúrgica IMPA, ubicada en el barrio de Almagro, el referente Eduardo “Vasco” Murúa cuenta que al no poder trasladar la suba de los costos a los precios de los productos, el poder adquisitivo de los cooperativistas disminuyó un 50%. “En IMPA tenemos un aumento importante de los costos vía tarifazo y a la vez un 30% menos de pedidos”, añade.

En la histórica textil Brukman, la situación es todavía más complicada. Delicia Millahuall, trabajadora de esa empresa, asegura que casi no hay trabajo y que, con suerte, entra un encargo cada 15 días. Mientras tanto, las boletas de servicios se acumulan en la carpeta de deudas: “De luz, por ejemplo, pagábamos seis mil pesos por mes y ahora nos vino 24 mil pesos. Y de agua debemos 80 mil pesos… no podemos pagar esos montos.”

Delicia se pregunta: “Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a pagar las boletas?”. Pero no baja los brazos: “Estamos preocupadas, pero no queda otra alternativa: vamos a volver a luchar.”

Las empresas recuperadas no fueron incluidas en los alcances de la tarifa social y tampoco fueron atendidas como lo que son: un caso especial en el sistema económico argentino y una enseñanza permanente sobre la lucha obrera.

Sin embargo, los problemas económicos no son el único inconveniente que las recuperadas enfrentan. En los últimos días se conoció un fallo que ordena el desalojo de la cooperativa La Litoraleña, que fabrica tapas para empanadas y tartas, y está ubicada en Girardot 345, Chacarita. Los 70 trabajadores habían pedido autorización para el uso del equipamiento de la fábrica y ponerla a producir gestionada por la cooperativa, opción que explícitamente indica la ley de quiebras. Pero la jueza Valeria Pérez Casado, del juzgado ° 18 de la Ciudad, se los negó y ordenó el desalojo.

También pesa otro pedido de desalojo de los 50 trabajadores del restaurante y pizzería La Casona, ubicado en Av. Corrientes y Maipú, recuperada en 2014. Desde entonces continuaron pagando el alquiler, pero ahora el dueño pretende cambiar el uso del inmueble.

Según Murúa, estas situaciones comenzarán a repetirse: “Las complicaciones legales se van a profundizar. No hay una política a favor de las recuperadas. Este gobierno tiene una actitud más férrea. No les interesa que los trabajadores recuperen las empresas.”

dz / fs

Fuente Redacción Z
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