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TEMAS DE LA SEMANA

Elecciones porteñas: Los candidatos a legisladores debaten

Ritondo (PRO), Alegre (FPV), Bergel (Proyecto Sur), Ferraro (CC), Salazar (UCR) y Meis (PA).

Por Romina Calderaro
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El primer proyecto

Romina Calderaro: ¿Cuál sería el primero proyecto que impulsarían como legisladores porteños?

Bergel: Sería sobre los problemas socioambientales, que son integrales y universales a casi todas las problemáticas. Hay que prohibir en la Ciudad la fumigación de las vías del ferrocarril con glifosato. De ninguna manera es lo más importante, pero hay que hacerlo.

Meis: La Ley de Educación. Hay que hacerse cargo de la autonomía de la Ciudad. También hay que presentar proyectos sobre viviendas, obras y servicios públicos que tampoco tenemos y que nos regimos por leyes nacionales. Para nosotros es esencial mejorar la calidad educativa, sobre todo en la escuela pública. No sólo por las condiciones edilicias, sino por el esfuerzo que mucha gente hace para mandar a sus hijos a escuelas privadas porque las públicas no brindan lo que ellos necesitan.

Ferraro: Un eje central para la Coalición Cívica va a ser también que de una vez por todas la Ciudad tenga una Ley de Educación. Se tiene que trabajar en la reformulación de la escuela media, que es el gran agujero negro: un 85% está escolarizado, pero el resto no está en la escuela media. La ley tiene que establecer un presupuesto mínimo de inversión educativa que no esté por debajo del 30% del presupuesto. La educación es el motor central del desarrollo y en la Ciudad tenemos que innovar en el terreno pedagógico, reconstituir la autoridad docente y decirles a los pibes por qué van hoy a la escuela secundaria. Por otro lado, tenemos que incorporar jardines maternales.

Ritondo: Sin duda el tema educativo es importante. Todos los bloques presentaron proyectos y se están discutiendo desde hace mucho tiempo en la Comisión de Educación. Ahora, lo que me parece que tenemos que discutir seriamente es una modificación fiscal. El año que viene va a ser un buen año, cuando pasen las elecciones. Hay que rediscutir el sentido del ABL, los impuestos progresivos, los servicios que se pagan. Hay una comisión formada, pero en años electorales siempre es difícil. Para intentar solucionar, por ejemplo, los problemas de infraestructura, necesitamos tener un esquema de recaudación diferente.

Salazar: El primer proyecto estaría destinado a la creación centros de diagnóstico de salud, fuera de los hospitales públicos. Estarían localizados en edificios que pertenecen al Gobierno de la Ciudad o bien en algunos Cesac. Allí, los habitantes de la Ciudad podrán hacerse ecografías, análisis clínicos, tomografías computadas y resonancias. El financiamiento surgiría a través de un convenio con el PAMI. En la década del 90, cuando éramos gobierno, los hospitales públicos atendían a 89 mil jubilados. A partir del cierre del Sanatorio Antártida y del Metropolitano, así como también las bajas del Hospital Israelita, el Sirio Libanés, que dejaron de atender por PAMI, y la caída del Francés, se transfirieron más de 80 mil pacientes a los hospitales públicos. Ello ayudó a colapsar a los 33 hospitales porteños. También presentaríamos un proyecto de ley de enfermería, donde los cargos de conducción sean ejercidos por licenciados universitarios. Hoy la Ciudad tiene un déficit de más de tres mil profesionales en esa área y son necesarios fundamentalmente en dos áreas críticas: terapia intensiva y neonatología.

Alegre: El primer proyecto que voy a impulsar es el laboratorio de producción pública de medicamentos, proyecto que ya fue vetado por Mauricio Macri. Vamos a insistir porque es muy importante que la Ciudad tenga laboratorio propio.


Comunas

Romina Calderaro: Este año los porteños vamos a elegir candidatos para las comunas. Hay una ley vigente, ¿qué modificaciones harían? ¿Cómo están viendo este proceso?

Bergel: Durante la Constituyente de 1996, formé parte de una red de organizaciones ciudadanas que trabajamos intensamente en algunas comisiones. En relación a las comunas fue donde tuvimos la mayor dificultad con los representantes de las estructuras partidarias. Primero, porque proponían postergar las comunas por cuatro años y finalmente se pospusieron por quince. Y segundo, ya desde el texto constitucional obligaba a los candidatos a comuneros a integrar listas, lo cual prefiguraba la exigencia de formar parte del sistema de partidos políticos, que era lo que queríamos evitar. La descentralización en las comunas es un elemento fundamental, pero limitar la participación de los vecinos al sistema político corporativo estuvo presente desde la Constitución de 1996. Vamos a elegir por primera vez a los comuneros y la sociedad está absolutamente desinformada y las elecciones deberían ser desdobladas. Y ahora, con el nuevo proyecto de ley de Macri, que no va a tener ningún éxito, se cercena aún más la participación remitiendo al funcionamiento de los CGPC: oficinas burocráticas descentralizadas del Gobierno, que facilitan algunos trámites, pero que no tienen nada que ver con la participación. Hay un intento de castrar o abortar la participación por parte de toda la corporación política, pero especialmente por parte del PRO.

Ritondo: Usted habla de la corporación de partidos políticos: la democracia se sostiene en los partidos políticos. Yo no me siento parte de una corporación, sino de un sistema democrático, donde el grado de representación está dado por un partido. Si no su frente sería una sumatoria de corporaciones: ocho partidos dentro de una corporación más grande, que es Proyecto Sur. En la Legislatura, casi todos estábamos de acuerdo con que la mayoría de la gente no sabía sobre las comunas y el riesgo de ir con elecciones separadas iba a ser la poca participación. Con lo cual el efecto buscado, la participación, iba a resultar al revés. Con esta lógica, y no teniendo una ley electoral en la Ciudad, la mayoría de los legisladores decidieron que vayan juntas. Los comuneros no son una asamblea de 150 personas en comunas donde viven 220 mil: se necesita un grado mayor de representatividad. Ahora todos los partidos presentan al menos 20 opciones en cada comuna siete comuneros y dos titulares.

Meis: Hay asignaturas pendientes: sancionar la ley de partidos políticos, la ley electoral y modificar la ley de campañas electorales para que no pase lo que pasa hoy: la utilización de los recursos de aquellos partidos que tienen más genera una competencia absolutamente inequitativa. En el caso de las comunas coincido en que sea a través del sistema de partidos, de los cuales no pienso que sean una corporación sino el reflejo de la sociedad. Pero hay que brindar la posibilidad de que en las comunas participen sectores que no tienen que ver con los partidos políticos.

Bergel: La constituyente lo impide.

Meis: Bueno, pero me parece que es adonde tenemos que apuntar en un futuro. Hacer modificaciones cuando todavía no pusimos en marcha el sistema me parece un absurdo. Sí creo que la Ciudad no puede seguir rigiéndose por la Ley Electoral Nacional, esto es delegar la autonomía.

Pablo Hacker: ¿Qué opinan puntualmente de los sueldos para los comuneros?

Meis: Eso sería modificar la ley actual. Primero veamos cómo funciona. Yo tengo una opinión formada, pero va a en contra de la constitución. Como están conformadas hoy las comunas son meros órganos deliberativos y la Ciudad necesita órganos ejecutivos con un representante de la gente. Acá hay siete comuneros, pero si los circunscribís a uno, ese comunero representa a la comuna. Es lo más razonable.

Ferraro: Hay que tener cuidado con esa situación que plantea el macrismo en relación a si los comuneros deben cobrar sueldos o no porque bajo la excusa de acrecentar el gasto público se va en contra de la participación ciudadana y de la descentralización. Estamos hablando de 7 cargos por 15 comunas: no es un aumento del gasto.

Bergel: Es el 4% del gasto de las comunas.

Ferraro: Yo prefiero ese gasto si realmente apostamos a la descentralización y no a la desconcentración como plantea el macrismo. El PRO dice que ha garantizado la participación y no lo ha hecho y eso se nota en los consejos comunales de los CGPC. Éste es un proceso que arranca el 10 de diciembre y que tanto la Legislatura como el Ejecutivo y las juntas comunales tienen el deber de fortalecer la democracia participativa. No circunscribiría la discusión al aumento del gasto para siete representantes elegidos por el voto popular: la discusión pasa por si realmente queremos descentralizar el poder en las comunas. Yo disiento con Meis y creo que el cuerpo colegiado está bueno porque hace que haya distintos tipos de controles y responsabilidades.

Salazar: A mí me tocó en el año 83 ser presidente de un consejo vecinal, que fue de alguna manera la primera descentralización en la Ciudad y la verdad es que fracasaron. Eran un ente burocrático que se dedicaba a intermediar entre los vecinos y el Gobierno. También, desde la UCR fuimos precursores de la descentralización porque somos los creadores de los CGPC. En definitiva, son la experiencia de descentralización más importante previo a las comunas. La actual Ley de Comunas plantea una descentralización más profunda y nosotros la tenemos que defender: se hace camino al andar. El tiempo nos va hacer mejorar esta ley para que los vecinos estén mucho más cerca de la resolución de sus necesidades.

Alegre: Primero hay que hacer la diferencia entre la desconcentración de servicios, que es algo que ya se viene realizando a través de los CGPC. Lo novedoso de la elección de comunas es la descentralización del poder, que va a estar mucho más cerca de los ciudadanos y ciudadanas. Que los cuerpos colegiados formen parte de las comunas nos parece que es lo adecuado. Desde la Legislatura vamos a tener que trabajar mucho en función de la experiencia acumulada con la puesta en marcha del proceso. El proyecto que presentó el Ejecutivo en la Legislatura es tramposo porque de alguna manera, escudándose en el ahorro de dinero, el objetivo es que sólo haya una persona de los siete integrantes de la junta que ejerza la administración y el poder.

Meis: Dejame hacer una crítica. Cuando se encara un proyecto electoral y están las reglas de juego establecidas, no se pueden cambiar a 15 días de la elección. Es lo menos republicano que vi en mi vida.

Calderaro: Ritondo, ¿hay intenciones de avanzar con el proyecto?

Ritondo: Ese proyecto es para la próxima elección, no para ésta.

Alegre: Bueno, pero hay alguna intención cuando se presenta antes de una elección. Hay seis meses desde las elecciones hasta la asunción. El proyecto se podría haber presentado perfectamente después del 10 de julio. Incluso antes de que asuman los representantes de las juntas comunales. …

Meis: Había tiempo.

Bergel: Si se trataba de un ahorro presupuestario, deberían haber empezado por el ejemplo propio, ¿por qué los comuneros no van a cobrar un sueldo, mientras que los legisladores y ministros sí lo hacen? Si lo que queremos es una transferencia de poder hacia los vecinos: esto es lo que marca la Constitución. Esto también hace de los partidos políticos una corporación: presentarse como el embudo insustituible para el ejercicio del poder vecinal. Tras 15 años de demora, este intento de recorte es castrar el espíritu de la Constitución.

Alegre: Que no tengamos ley electoral propia no tiene que ver con que no hayamos asumido la autonomía, sino con la falta de madurez generalizada de los partidos políticos para consensuar aquellas leyes que hacen a la autonomía.

Romina Calderaro: Ritondo, ¿cuál es su opinión al respecto?

Ritondo: El tema es mucho más complejo. Tanto como diputado nacional como legislador presenté proyectos sobre voto electrónico. Tengo presentados proyectos sobre financiamiento de los partidos políticos, tanto en Ciudad como en Nación. Cuesta arrancar con estos temas porque definen. Aunque 15 años parezcan mucho, la verdad es que la autonomía y la Constitución porteña todavía son jóvenes institucionalmente. A nosotros nos parece mucho, pero históricamente es poco. Sin duda, hay temas que podemos preguntarnos por qué no se hicieron antes.

Bergel: ¿Y por qué no se hizo antes?

Ritondo: Es complejo. Hace sólo tres años que estamos en el Gobierno.

Bergel: Más allá de las responsabilidades del macrismo, ¿por qué pensás que no se hizo antes?

Ritondo: Porque hay que ordenar un montón de cosas. Usted pone de ejemplos de conducción a las asambleas barriales para comunas que tienen más habitantes que Chubut. No es para que cuatro vecinos de la asamblea barrial puedan dirigir. Esto no nació de un repollo.

Alegre: Voy a coincidir con Ritondo en que tampoco hubo de parte de los porteños un clamor para que se pusiera en marcha el funcionamiento de las comunas. Esto es un principio y desde el Frente para la Victoria lo vemos como parte de un proyecto para modificar la construcción de poder.

Ferraro: Esto es un proceso que tiene que estar acompañado con más descentralización y con el traslado de más poder hacia las comunas. Nosotros desde la Legislatura tenemos que acompañar este proceso y supervisar que la descentralización no se transforme en desconcentración, que es delegar funciones del Estado.

Seguridad

Romina Calderaro: En los sondeos de opinión pública aparece la seguridad como la principal preocupación de los porteños, ¿sobre qué línea conceptual se va a trabajar?

Bergel: La seguridad circunscripta a los hechos delictivos es una mirada recortada de la realidad. El polo petroquímico de Dock Sud es una inmensa amenaza a la seguridad de la Ciudad; fumigar con glifosato es también una amenaza; el hambre, además de ser una vergüenza, es inseguridad. Hay que poner las cosas en perspectiva. Tienen que transferirse las comisarías de la Superintendencia de Seguridad a la Ciudad; realizar una limpieza de la Federal y de la Metropolitana mal nacida. Tiene que haber participación ciudadana, designación de un comisario por comuna que responda a los vecinos. Tiene que haber menos rejas y más vecinos en la calle. Hay que disputar el espacio público al delito. Pero también hay que combatir la inseguridad vial: 120 muertos por accidentes de autos. No tengo el número de asesinados, pero no creo que sean más que los muertos viales. Hay un sobredimensionamiento mediático de la inseguridad y a veces la policía es la matriz de la mafia.

Meis: Me voy a referir a la inseguridad como todo el mundo la entiende. Cuando alguien le pone un revólver en la cabeza a otro para robarle, es lo primero que tenemos que resolver. Entiendo las otras cuestiones, más globales, pero este tema es central. No tener seguridad implica el no ejercicio del resto de los derechos. Tiene que haber una fuerte decisión política de combatir el delito. Podemos ir a las villas y ver cómo se consume paco. En todos estos lugares hay connivencia política para que no se resuelva. Primero tenemos que tener con qué brindar seguridad, es decir, tener la policía que dependa de la Ciudad. No alcanza con la Metropolitana, su presencia en tres barrios no ha generado ningún cambio sustancial. Hemos duplicado el gasto y sin embargo eso no sirvió para nada, sólo sirve para la publicidad. Tiene que haber una transferencia con fondos, como lo establece la Constitución.

Alegre: Pero la transferencia con fondos no depende sólo del Poder Ejecutivo sino de una decisión del Congreso Nacional.

Meis: Depende de la decisión de los partidos en el Congreso.

Ferraro: El Frente para la Victoria tuvo durante muchos años mayoría automática en el Congreso.

Alegre: Como la Alianza en su momento.

Ferraro: Por voto de Gladys González, diputada nacional del PRO, Daniel Filmus preside la Comisión Bicameral para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Coalición Cívica creemos que no hay que renunciar al principio de autonomía, que en este caso es la transferencia de la Policía Federal con la Superintendencia de Bomberos con los fondos que corresponden.

Meis: Obviamente que no debe circunscribirse al traspaso a través del convenio con Nación. Nosotros en la Ciudad no vamos a poder equiparar a la Federal: pretender tener 15 mil efectivos revienta el presupuesto, que pasó en 10 años de 3 mil millones de dólares a 7 mil millones, sin embargo, esto no ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra parte, no podemos tener seguridad si no hay denuncia. Una vieja táctica de la policía es que lo primero que tratan de hacer es no tomarte la denuncia. Tiene que haber un programa de seguridad ciudadana. Hemos presentado un proyecto de ley para la creación de foros de seguridad.

Ritondo: La que se votó fue mi ley y me la vetaron (risas).

Meis: Fue vetada por Macri y obviamente está la Legislatura que la tiene que someter a discusión para que funcionen los foros.

Alegre: Cuando hablamos de seguridad lo podemos hacer en un sentido amplio o como lo ven los porteños, que hoy colocan este tema como la principal preocupación, que todos reconocemos. Hay que refundar la Policía Metropolitana. Si bien nosotros creemos que es positivo que haya una fuerza propia, pensamos que debe formarse con otro tipo de conducción y cumpliendo con la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad que dice que la Metropolitana tiene que ser una policía de proximidad, más cercana a los problemas de la gente. Hay que ser más estrictos en los requisitos para entrar en la fuerza. También creo que el Congreso debe trabajar en el traspaso de una parte de la Policía Federal, porque hay delitos federales en los cuales tiene competencias. Estamos hablando del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, es decir, las comisarías. Cuando se creó la Metropolitana no quedaron claros los mecanismos de coordinación con la Federal y esto trajo problemas. Es muy peligroso para los vecinos estar en el medio de dos fuegos, de dos fuerzas que pueden tener contradicciones entre sí. Esto ya lo hemos sufrido en la Ciudad. Por último, la participación civil en la seguridad es muy importante: cada comisaría debe tener un comisionado civil. Y también es importante atacar el delito complejo, donde el poder político y policial muchas veces son cómplices.

Salazar: Comparto plenamente que la Policía Metropolitana sea hoy una realidad. Eso fue posible por la modificación del artículo 7 de la Ley 24.588, denominada comúnmente como Ley Cafiero. Yo fui constituyente en 1994 y muchos de estos problemas de seguridad, transporte, vivienda se deben concretamente a que no se está correspondiendo con el espíritu que fue la autonomía plena de la Ciudad. La seguridad versa sobre cuatro cuestiones: la protección de la vida, la libertad, el patrimonio de las personas y el resguardo del orden público. Someter estas cuestiones a experimentos electoralistas o de miradas sesgadas del gobierno nacional como pasó en el Indoamericano, no sólo es irresponsable sino que es hasta temerario. Tiene que haber un diálogo permanente entre el gobierno nacional y la Ciudad, donde se empiece a hablar del traspaso de la Policía Federal, que de ninguna manera debe ser traumático. También debe intervenir en el diálogo la Provincia, que forma parte de esta megalópolis.

Bergel: Quería aclarar que el pedido del traslado de las comisarías es con su presupuesto, es decir, que no se les restaría a las provincias porque ya está asignado.

Ritondo: Tuve la suerte de intervenir en la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero y ser uno de los autores de la creación de la Policía Metropolitana. Hay una cosa que Alegre y Filmus repiten que no es cierta: la ley (para el traslado de la Federal a la Ciudad) ya está, se necesita un decreto del Ejecutivo. La derogación del artículo 7 deja preestablecido que el Ejecutivo nacional deberá estudiar cuáles son los sectores de la Policía Federal que se pueden trasladar a la Ciudad sin que ello afecte el funcionamiento del Estado. Entonces lo que se necesita es un decreto de acuerdo con esa ley. Y es cierto lo que dice Bergel: no es dinero que se les quita a las provincias porque está en el área central y no en la coparticipable. También es cierto que no se puso un plazo.

Bergel: ¿Y por qué pasó eso?

Ritondo: Porque el Frente para la Victoria no lo votaba, te soy sincero, eso fue parte de la negociación. Llegamos a votar luego del triunfo de Macri en la Ciudad, cuando éramos ocho diputados y nos sentamos a negociar con el kirchnerismo.

Meis: Filmus propuso el traslado de la Federal, en campaña.

Ritondo: Claro. Ahora, es bueno que todos reconozcan a la Policía Metropolitana, pero no todos votaron su creación. Hubo defectos, errores, pero la Ciudad necesitaba policía propia. Hubo un Gobierno que tuvo el coraje de no decir simplemente que si no le traspasaban a la Federal no hacían nada. Cuando llegamos al gobierno, era un éxito que los anteriores hayan instalado 57 cámaras y nosotros a fin de año llegaremos a las dos mil cámaras.

Alegre: Traten de no dárselas a los canales de televisión para que transmitan en vivo. Yo no estoy de acuerdo con Ritondo porque ¿quién aprueba el Presupuesto? ¿El Ejecutivo o el Congreso?

Ritondo: En la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero está el traslado y el Presupuesto se transfiere automáticamente como se hizo con Ushuaia.

Ferraro: Hay una contradicción: el voto que habilitó a Filmus a presidir la Bicameral lo dio Gladys González (PRO) y estos temas no se incorporaron a la discusión. Si Gladys votaba de otra forma, esta agenda que implica no renunciar a algunas cuestiones centrales de la autonomía, hubiesen prevalecido.

Ritondo: ¿Y a quién hubiesen puesto? ¿Estenssoro?

Ferraro: Ustedes dicen defender el principio de autonomía y se dicen distintos al FPV, pero por el voto del PRO la Comisión Bicameral es presidida por Filmus.

Ritondo: ¿Eso es un renunciamiento a la autonomía? Nosotros votamos al doctor Selser para que presida la Comisión de Salud de la Legislatura, ¿significa que renunciamos a la salud? No. Esto tiene que ver con los acuerdos lógicos.

Alegre: Es fácil señalar los acuerdos de otros partidos cuando otros no tienen experiencia ni capacidad de gestión.

Meis: El problema es que la Bicameral es una Comisión central para la Ciudad.

Ritondo: Hoy, cada comuna va a tener más cámaras de seguridad. Y esto complementa el trabajo entre ambas policías porque por convenio son utilizadas por la Federal.

Alegre: Las cámaras sólo son efectivas si uno tiene una fuerza policial que pueda responder porque con la cámara sola no resolvemos nada. Y hay que resguardar la intimidad de las personas.

Comercio callejero

Romina Calderaro: Un tema que no viene de esta gestión: comercio informal en la calle, ¿cómo piensan resolverlo?

Bergel: Los sujetos en condiciones de precariedad que encuentran como único recurso la venta ambulante deben ser asegurados en su integridad, ofrecerles en todo caso alternativas de trabajo digno. Otro tipo de sujetos son las mafias comerciales, mezcladas con niveles de poder y policiales, que forman la matriz delictual que está por detrás de este tipo de comercio. Hay que comenzar por establecer bien esta distinción. La regulación tiene que ver también con la depuración de la Policía Federal, que va a tener un efecto sobre esto. Y luego hay que contener a aquellos sujetos que buscan ganarse la vida.

Meis: Acá hay que aplicar la norma. Lo que es sospechoso, sobre todo en este último gobierno, es que haya crecido tanto la venta ambulante. Cuando hay venta callejera hay explotación, primero porque hay trabajo en negro frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad y de la Nación, y la segunda es que hay peajes. Hay que investigar esas mafias, se soluciona todo. En Once se eliminó la venta ambulante cuando se descubrió quién era el que pedía coimas dentro del Gobierno de la Ciudad. Además, si el crecimiento de la Argentina es tan impresionante, ¿por qué hay cada vez más vendedores ambulantes? ¿Por qué hay cada vez más explotación laboral? Tanto los gobiernos de la Ciudad, Provincia como Nación tienen que tener políticas públicas para resolver esto.

Alegre: Hay que distinguir entre los artesanos y la reventa ambulante, que está establecido por ley. Pero los dos están en el espacio público y algunos están organizados en los lugares que la Ciudad ha dispuesto y otros están de manera informal en otros sitios. Una cosa que hizo mal Mauricio Macri fue poner a todas las ferias bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y sacarlos del Ministerio de Cultura, cuando en realidad se trata de producción cultural. Respecto de la reventa ambulante, creo que es prejuicioso y discriminador pensar que se trata sólo de mafias. Hay gente que lo hace por iniciativa personal. El Estado tiene que hacer un esfuerzo grande para ordenar esta situación y ofrecer lugares donde, sin que haya competencia desleal con los comerciantes, puedan establecerse ferias donde vender artículos manufacturados.

Ferraro: Yo también creo en esa diferencia: una cosa son los artesanos y los laburantes que no tienen otra salida y las mafias que tienen connivencia clara con la Federal, los inspectores del gobierno porteño.

Ritondo: Increíblemente pienso bastante similar a lo que planteó Alegre, con quien muchas veces no coincidimos (Risas). Todos los que están vendiendo en la calle no son parte de una mafia: hay gente que se la rebusca como puede. Pero esto hay que ordenarlo. La ley hace la diferencia. Yo no creo que los manteros que están frente a la Legislatura, sobre la calle Perú, estén organizados. Pero hay barrios donde sí existen mafias. En Liniers hay mafia. Habían usurpado el espacio público, locales sobre la vía del ferrocarril. Hay que trabajar para ordenarlo a través de la legislación. Es una deuda para la futura Legislatura, teniendo en cuenta que si nosotros ordenamos ya no va a haber ni policías ni inspectores corruptos y tampoco zonas liberadas. Hay que sancionar una nueva ley que ordene esta situación, que es molesta y que genera competencia desleal.

Salazar: Hay que clasificar a los vendedores ambulantes en tres: artesanos, vendedores por subsistencia y están también los clandestinos. Debe haber un registro en el Ministerio de Cultura de los vendedores de artesanías y encontrar la manera de que puedan ofrecer su arte en el circuito turístico. Caminito es un museo a cielo abierto, así lo definió Quinquela Martín cuando lo creó. Sin embargo, hoy está ocupado por vendedores que ofrecer baratijas, falsificaciones de pinturas. Ése tiene que ser un lugar para la expresión del arte. Respecto de la venta de subsistencia, que proliferó a partir de la crisis de 2001, el Estado debe tratar de solucionarlo porque esas personas son víctimas de este sistema. Y a la venta clandestina hay que caerle con todo el peso de la ley porque detrás de eso hay lavado de dinero, contrabando, falsificación de marcas, que son delitos federales.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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