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Elecciones 2013: votarán condenados por delitos dolosos

Las personas condenadas por delitos dolosos o por infracciones a las leyes del juego en la ciudad de Buenos Aires podrán comenzar a votar ya que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño declaró la inconstitucionalidad de los incisos de un artículo del Código Electoral Nacional que así lo prohibía.

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Por cuatro votos contra uno, el TSJ hizo lugar a un planteo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y consideró que la universalidad del voto es un derecho que no se puede coartar por estar condenado y preso.

El tribunal declaró inconstitucional los incisos e, f y g del artículo 3 del Código que le prohíben el voto a «los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena»; a «los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis»; y a «los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción».

Los delitos dolosos son aquellos en los que las personas que los cometen se debían haber representado del daño que podían ocasionar, por ejemplo homicidios, estragos, accidentes de tránsito, o malas praxis.

La ADC presentó una acción contra la prohibición del voto de esas personas al considerar que se trata de una «una restricción desproporcionada y desvinculada del delito cometido», además de «discriminatoria, ilegítima y arbitraria» y que la inclusión de esas personas es un paso «en la progresiva igualación y universalización del derecho a la participación política».

Los jueces Ana María Conde, Alicia Ruiz, Luis Lozano y Horacio Corti -de la Cámara de Apelaciones convocado para integrar el TSJ- votaron por la inconstitucionalidad de los incisos, mientras que José Casas lo hizo por rechazar el planteo de la ADC.
Conde sostuvo en su voto «el sufragio es constitucionalmente universal, igual, libre y obligatorio, y que no puede estar sujeto a restricciones indebidas relacionadas con la condición social de las personas».

La magistrada calificó el voto como un «derecho humano fundamental» y consideró que «la posible suspensión de un derecho de esta índole debe ser razonable y guardar suficiente relación con la finalidad que justifique su aplicación».

Por su parte, Lozano ratificó la universalidad del voto y que «por el solo hecho de ser personas, merecemos el derecho al sufragio».

«El Legislador no puede regular el derecho al voto sobre la base de reconocer distinta dignidad a las personas; puesto que, de hacerlo, vendría a revisar la voluntad del Constituyente que ha estimado a todos de igual dignidad», sostuvo sobre la legislación del Código Electoral Nacional.

Y agregó que «no resulta razonable sostener que el antecedente de haber sido condenado por un ‘delito doloso’, sin importar cuál ha sido ese delito, o por una infracción a las leyes de juego nacionales o provinciales constituye un elemento del cual se pueda extraer que existen razones para suponer que esas personas afectadas pueden poner en riesgo la ‘seguridad común’ en una elección».

El tribunal dispuso que el fallo se publique en el Boletín Oficial, a partir de cuando los incisos declarados inconstitucionales perderán vigencia «si dentro de los tres (3) meses de notificada la Legislatura, ésta no ratifica las normas por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes».

 

Fuente DYN
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