Metrovías tiene que hacerse car­go de su responsabilidad empresaria», señaló el ministro de Trabajo Carlos Tomada. «El Gobierno de la Ciudad se borró», ha­bía sostenido minutos antes su par de Pla­nificación, Julio De Vido, quien apuntó con­tra el Grupo Roggio, dueño de Metrovías: «El grupo recibió contratos por ocho mil mi­llones de pesos desde 2003. No puede ha­blar de suspender el servicio por una acreen­cia de 120 millones cuando pagó dividendos por 149 millones y además ganó 263 millo­nes con las empresas tercerizadas (del sub­te)». Los ministros dejaron en claro en con­ferencia de prensa que no sólo critican a Mauricio Macri por «haberser borrado» sino a la empresa controladora del servicio. Horas antes, la empresa salió a jugar en la embarrada cancha del traspaso del subte con una carta en la que explicó que tenía 120 mi­llones de pesos de pasivo y que eso ponía en riesgo el servicio. «Es ilegal suspender el ser­vicio», respondió De Vido y advirtió (fue muy preciso en que no se trató de una amenaza) a la empresa que se revisarán los contratos que tiene en todos los municipios del país.

Roberto Pianelli, referente de la Aso­ciación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) había advertido a Dia­rio Z que «hay que prepararse para un con­flicto que será muy largo e irá creciendo. Por lo que veo en las reuniones que veni­mos teniendo con la empresa, Metrovías no va a mover un pelo para destrabarlo por­que quiere agudizar la contradicción entre la Ciudad y la Nación. De esa manera, con el río revuelto y la gente indignada, uno de los dos tendrá que hacerse cargo de ‘bajar­le’ la plata de los subsidios. La empresa vie­ne a las negociaciones a no negociar».

Metrovías difundió un comunicado que corrobora las observaciones de Pianelli seña­lando que está imposibilitada de «asumir nue­vos costos en el servicio sin que se produzca alguna definición sobre el origen y la continui­dad de los fondos».

Lo cierto, es que des­de el mediodía del miér­coles y durante todo el jueves, los trabajado­res del subte y el Preme­tro realizan un paro total de actividades. El recla­mo paritario es un aumento salarial del 28 por ciento, la ampliación de los días de licen­cia por maternidad, estudio, enfermedad, va­caciones y mejoras en la calidad del trabajo. Pianelli señala que «por año mueren dos tra­bajadores del subte por falta de inversión en seguridad laboral. Somos conscientes de que es la actitud de la empresa de no querer ne­gociar la que nos lleva al paro y que nosotros ponemos la cara ante la gente. Pero se tiene que entender que nuestro plan de lucha ha sido y será gradual. Empezamos levantando molinetes, después hicimos pequeños paros y ahora llegamos a este punto que se irá in­crementando en tanto no tengamos una res­puesta acorde con nuestro reclamo. Nuestro paro también es por la seguridad del pasajero. La población tiene que saber que en los talle­res, cuando reparamos un vagón, lo hacemos desarmando otro. Y esto ocurre porque Me­trovías no le está pagando a muchos proveedores de insumos».

Días atrás, Metrovías había difundido otro comunicado en el que calificaba como «crítica» su situación financiera por la falta de pago de los subsidios y que su rojo pre­supuestario alcanzaría los $ 120 millones y que repercutirían direc­tamente en los sueldos de los trabajadores.

Rafael Gentili, legis­lador de Proyecto Sur, quien ha elaborado dos minuciosos informes acerca de las ganancias de la concesionaria, señaló a Diario Z que «los 60 millones men­suales -720 millones al año- de subsidios que les corresponden a Metrovías, Nación y Ciu­dad se lo dividen en partes iguales: a cada uno le atañe poner 30 millones. El tema es que Ciudad dice que su parte ya la cumpli­mentó con el aumento del 127 por ciento y que por ello no le corresponde seguir pagan­do. Al mismo tiempo, tanto Nación como Ciu­dad estimaron que Metrovías podría respon­der a sus obligaciones con lo que recaudaría por la venta de pasajes, pero le erraron en el cálculo ya que mucha gente dejó de tomar el subte justamente por la suba del costo del bo­leto». Según recientes cifras difundidas por el Indec, entre enero y marzo de 2011 se subie­ron al subte cerca de 65 millones de pasaje­ros, mientras que en los primeros tres meses de este año lo hicieron 56 millones. Casi nue­ve millones de pasajeros que ya no están.

Alejandro Ramos, secretario de Trans­porte, aclaró en la misma conferencia: «El subte es de la Ciudad desde el año 79, sólo se transfirió la operación del servicio». De Vido agregó: «Macri firmó el 4 de enero un acuerdo y ratificó la potestad de la Ciudad de controlar, fiscalizar y poner la tarifa. Alos cuatro días la subió un 127 por ciento. Luego el Gobierno de la Ciudad se borró».

Piccardo por la fuerza

Mientras que la gente sigue espe­rando en el andén la solución al conflic­to, funcionarios nacionales y porteños buscan impactar en la agenda. El jueves pasado, el Ministerio de Trabajo mandó a buscar por la fuerza pública al titular de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SA(Sbase), Juan Pablo Piccardo, para que se sentara en las reuniones paritarias a discutir los salarios de los trabajadores. El ex ministro de Espacio Público porteño y en su momento responsable político de la Ucep ya había sido convocado en cuatro oportunidades.

Piccardo fue por sus propios medios a la reunión para evitar fotos peores y luego presentó un habeas corpus ya que consideró que Tomada lo había privado ilegalmente de su libertad. Este recurso judicial fue descartado rápidamente por el juez Fernando Klapnebach. «Intervine como ministro de Trabajo para resolver una paritaria. Y Piccardo es el presidente del subte. Aún no hizo ninguna propues­ta», dijo Tomada.

DZ/km