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El traspaso de la Justicia a la Ciudad se debatirá primero en el Congreso

El Ejecutivo nacional presentó un proyecto para transferir todas las competencias judiciales en siete años. También pasan a la Ciudad la Inspección de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.

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Tal como había adelantado Diario Z, el PRO cambió definitivamente el rumbo de las transferencias judiciales a la Ciudad. Hasta ahora, los traspasos se trataron fuero por fuero y desde hace tres años la Legislatura tenía pendiente la ratificación del convenio de transferencia de las competencias penales. Sin embargo, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, presentó un proyecto para traspasar toda la justicia ordinaria (penal, civil, comercial y laboral) de una sola vez, con recursos y presupuesto, en un plazo de siete años.

La iniciativa venía discutiéndose entre los operadores judiciales del PRO, no sin algunas disidencias en torno a los plazos y el método para convencer a una importante cantidad de jueces que manifestaron por lo bajo su rechazo. Algunos sectores del macrismo creen que siete años es mucho tiempo y temen que la lentitud genere contracciones en el proceso, según comentó a Diario Z una importante fuente del gobierno local.

El proyecto de Garavano lleva también la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y plantea que «la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieran a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires», así como también el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.

Además, indica que «la transferencia incluye a magistrados, funcionarios, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada con los recursos», en tanto que sostiene que «la implementación progresiva» será instrumentada por el Poder Ejecutivo nacional, quien deberá celebrar con la Ciudad convenios para hacer efectivo el proceso «en un período no mayor a siete años para garantizar el efectivo servicio de justicia».

Por último, el escrito garantiza «la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción local, así como el derecho a la estabilidad que gozare el personal de los organismos administrativos transferidos».

Este artículo pretende subsanar algunas advertencias que realizaron los magistrados. Según una fuente consultada por Diario Z, las preocupaciones de los jueces están centradas en las escalas salariales, el alcance del impuesto a las ganancias –del que están exentos, aunque en la Ciudad contempla a algunos funcionarios judiciales-, la obra social y la caja jubilatoria.

Al respecto, según consignó la agencia Télam, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó su «preocupación» por el proyecto de traspaso al considerar que «no sólo resulta debatible y cuestionable la constitucionalidad, sino que tampoco obedece a inquietudes ni requerimientos de la ciudadanía ni de los litigantes, y que –de concretarse- no contribuiría a mejorar el funcionamiento de los tribunales involucrados, existiendo un serio riesgo de que se tornara económicamente inviable».

Este pronunciamiento tuvo como respuesta un comunicado conjunto del Colegio de Magistrados, en el cual destacaron que ven «con agrado la decisión política de promover el traspaso de la justicia ordinaria a la órbita local, pues resulta un imperativo constitucional concluir el proceso de autonomía iniciado con la reforma del año 1994».

En la actualidad, la Ciudad tiene competencia limitada en la administración de justicia, ya que solo cuenta con los fueros Contencioso Administrativa y Tributaria, Contravencional y de Faltas a cargo de unos 150 jueces. Una vez terminado el traspaso de los fueros laboral, comercial, civil -Patrimonial y de Familia-, y el penal local, la Ciudad pasaría a administrar alrededor de mil juzgados.

dz / fs

Fuente Redacción Z
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