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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

El traspaso de la Justicia a la Ciudad, empantanado

Cuando todo parecía encaminado para que finalmente la Ciudad administre su propia Justicia en forma completa, inconvenientes políticos y administrativos dejaron en stand by los convenios de traspaso de las competencias penales, civiles y laborales, entre otras.

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Si bien la intención de los ministros de Justicia Martín Ocampo (Ciudad) y Germán Garavano (Nación) se mantiene firme, las negociaciones con el Poder Judicial se trabaron en una serie de “cuestiones protocolares y presupuestarias”, según relató una fuente a Diario Z. “Hay magistrados que no están de acuerdo con el traspaso y muchos intereses políticos en el medio”, agregó, en referencia a la delicada balanza que oscila entre los renovadores y las presiones de sectores ligados al presidente de Boca Juniors y operador judicial, Daniel Angelici.

Como sea, el ímpetu que mostraban los legisladores PRO a comienzos de este año –convencidos de que el traspaso del fuero penal se votaría rápidamente- se fue aplacando entre reuniones interminables y el retaceo de información por parte de los operadores políticos de la transferencia.

En concreto, el traspaso de las competencias penales está a una simple votación de distancia y el PRO, acostumbrado a los tejidos legislativos, podría conseguir los votos rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que frena un proyecto largamente exigido por los defensores de la autonomía porteña? Cuando el fuero penal pase a la justicia local, permitirá juzgar delitos como lesiones, abuso de armas, violación de domicilio, atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros. Estos ilícitos están ligados al desempeño de la Policía Federal, ahora transferida a la Ciudad.

Garavano sabe a ciencia exacta de la importancia de este traspaso, ya que se desempeñó desde 2007 hasta 2014 como fiscal general de la Ciudad, un órgano que choca constantemente con la escasez de facultades para investigar los delitos. Por eso, su proyecto Justicia 2020 prevé una transferencia completa de las competencias judiciales que, por su carácter similar a una provincia, la Ciudad debería tener. El ministro también quiere que pase a la órbita porteña la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad y el Inmueble, dos cajas frondosas que también prometen resistencia.

A principios de este año, Ocampo también había exigido avanzar en la transferencia “con recursos” no sólo del fuero penal, sino de los otros fueros (laboral, comercial y civil), tal como está previsto en la Constitución porteña de 1996. Un cambio semejante implicaría, justamente, una transferencia sideral de recursos al Poder Judicial de la Ciudad, que además vería fortalecido el rol del Consejo de la Magistratura –hoy restringido a los fueros que operan en la Ciudad-, el Ministerio Público Fiscal –que administra Ocampo a distancia- y la Defensoría General, en manos del peronismo.

Se sabe, sin embargo, que todo cambio de esta envergadura es un llamamiento a las resistencias internas de un sistema como el Poder Judicial. Como remarcaron las fuentes consultadas para esta nota, todos los involucrados quieren saber cómo los afectará el reacomodamiento. Y eso es mucha gente que quiere reuniones y promesas antes de que cambie el panorama.

Así las cosas, el traspaso de las competencias judiciales deberá seguir esperando.

dz / fs

Fuente Redacción Z
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