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TEMAS DE LA SEMANA

El perfil de los funcionarios que autorizaron la «pesquisa» de Harvard

Máximo Gulmanelli y Silvia Montoya, responsables de la polémica encuesta a docentes. 

Por Olga Viglieca
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Máximo Gulmanelli

Gestión Estatal. Es el hombre que firmó la autorización para que el Dr. Alejandro Gaminian patrulle las escuelas en busca de maestros faltadores. Y es un hombre con mucho pasado. Antes de convertirse en funcionario del Estado, ya había sido la mano derecha –es un decir– del cura Grassi en la Fundación Felices los Niños. Grassi está condenado a 15 años de cómoda prisión domiciliaria –pero prisión al fin–, por violar a algunos de los chicos que tenía en custodia. Gulmanelli y Raúl Portal recorrieron en 2003 los medios en defensa del cura abusador, exigiendo que el Estado mantuviera los millonarios subsidios que recibía la Fundación, hoy enjuiciada por malversación de fondos. Más tarde, borró esta experiencia de su CV.

Interesado no sólo en la filantropía sino en la política, Gulmanelli fundó una ¿ONG? llamada Red Luján, inspirada en las ideas de Alcide De Gasperi, un italiano tan clerical como anticomunista. A pesar de que el blog de los lujaneros parece estar inerte, la lista de autoridades muestra, más que políticos, altos gerentes y directivos de instituciones educativas católicas.
Lo que Gulmanelli no oculta es su pertenencia al aparato de la educación privada del clero. Fue docente en el profesorado del Consudec, director del Instituto Ceferino Namuncurá, rector del Instituto Parroquial Madre de los Inmigrantes, director de Estudios del Instituto Parroquial Nuestra Señora de las Nieves, secretario del Departamento de Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Buenos Aires y vicerrector del Colegio San Antonio. Un gerente de escuelas parroquiales, lo llamó Eduardo López.
Ya acercado a la política seglar, Gulmanelli fue asesor (2004-2008) de Santiago de Estrada, jefe de la bancada del PRO en la Legislatura y ex interventor en el PAMI durante la dictadura. Y de allí pasó a jefe de despacho de la vicejefa de gobierno Gabriela Michetti (2008-2009). No hay despacho PRO sin pila de agua bendita.
De allí a la gestión pública hubo un solo paso. Primero fue titular de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa: retiró los micros que llevaban a los chicos de la Villa 31 a la escuela, distante 30 cuadras. Obligado a negociar con ellos, lo hizo rodeados por tres docenas de policías. A fines de 2011 –parece un chiste– el gerente de las escuelas privadas fue nombrado director general de Educación de Gestión Estatal. Pero no abjuró de sus principios. Quizás los ha servido con mayor ahínco. Si para muestra basta un botón, lleva su firma la orden de cerrar 221 grados en escuelas primarias, secundarias y técnicas porteñas.

Silvia Montoya

Es la directora de Calidad Educativa, la responsable de las evaluaciones de escuelas, docentes y alumnos. Y alma máter del Instituto de Evaluación Educativa, un proyecto sobre el que acumula fracasos. Lo propuso cuando estaba a cargo de la evaluación de los trabajadores de la educación durante la gestión de Juan Llach y Andrés Delich, en años de la Alianza.
Silvia Montoya proviene de la neoliberal Fundación Mediterránea y fue asesora de Domingo Cavallo.
También es docente e investigadora. Pero no de instituciones públicas sino de la PUC (Pontificia Universidad Católica). Es elocuente su trabajo “Hacia dónde va el gasto público en educación”, que publica la CEPAL. Allí, Montoya “cuestiona, a partir de la experiencia de reestructuración educativa en Argentina, la supuesta relación entre inversión y calidad, proponiendo una nueva lectura de la eficacia y la eficiencia”. Y destaca que “los estudios sobre economía institucional y organización industrial mostraron que la eficiencia económica depende crucialmente de la habilidad de una organización para conseguir el mayor producto a partir de recursos limitados”. Detrás del manto académico, el pensamiento vulgar de un ajustador.

 

Fuente Redacción Z
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