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TEMAS DE LA SEMANA

El Gobierno trata de distanciarse del 2×1

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se sumó a las críticas. Además, el fiscal federal Marijuan imputó a los tres jueces de la Corte Suprema que votaron el 2×1 para el represor condenado Luis Muiña.

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jueces

“Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos desaparecidos presentes.” Con esa consigna, Abuelas, Madres Línea Fundadora y otros organismos de Derechos Humanos convocan el miércoles 10 a las 18 a la Plaza de Mayo en repudio a la implementación de la pena “2×1” en los casos  de condena por delitos de lesa humanidad.

Desde que trascendió el fallo de la Corte que habilitó el 2×1 a genocidas condenados, fue creciendo la ola de repudios, en la Argentina y en el mundo. México, España y Uruguay tienen convocatorias para movilizarse también el miércoles 10.  El Gobierno, que en un principio trató de desentenderse del fallo, alegando que “lo decidió la Justicia”, poco a poco fue virando su postura y ahora manifiesta su disidencia.

“No estoy de acuerdo con que se aplique el 2×1 ni siquiera para un delincuente común. Es una norma que surge ante una falencia de la Justicia, la solución es acortar los plazos de los juicios”, dijo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y se quejó de las críticas de un sector de kirchnerismo porque dos de los magistrados que votaron a favor del  “2×1”  en una condena por delitos de lesa humanidad -Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz.

Además, este mediodía el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a raíz de la denuncia presentada ayer por el abogado Marcelo Parri por supuesto «prevaricato» al fallar contrario a derecho el 3 de mayo pasado en la causa contra el represor condenado Luis Muiña, a quien se aplicó el artículo 7 de la ley 24.390, ya derogado, y que fue conocido como el 2×1 porque computaba doble cada año de prisión pasado sin sentencia firme.

«Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país», dice el dictamen de Marijuan.

De esta forma, el fiscal pidió al juez federal Daniel Rafecas que abra la investigación y ordene medidas de prueba para «evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías con los cuales cuenta cualquier persona imputada en un proceso penal».

Fuente Redacción ZFuente Télam
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