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El gobierno recortó casi 90 millones en áreas sociales

Así lo sostiene un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde critica la política del PRO hacia los sectores más vulnerables.

Por Redacción Z
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Para la titular del área de Derechos Sociales del organismo de control, Silvina Penella, “hay una deuda del Ejecutivo hacia la población más vulnerable”. En diálogo con Diario Z, la funcionaria detalló el informe y cuestionó la redistribución de partidas presupuestaras que originalmente estaban designadas a resolver la problemática de vivienda, salud y alimentación.

“Se trata de casi 90 millones de pesos que estaban aprobados en el presupuesto que se votó en la Legislatura. Se reasignaron partidas que estaban designadas para el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), para la actuación de Emergencias en barrios como Villa Soldati o Piedrabuena, para personas en situación de calle, del programa de Ciudadanía Porteña, que promueve el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos”, aseguró Penella.

También se recortó presupuesto para el ACUMAR, que incluye el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la urbanización de villas y asentamientos en riesgo ambiental. El informe, sin embargo, destaca que ese dinero se redireccionó para financiar obras en el  Arroyo Maldonado, para costear subsidios especiales para personas afectadas por una inundación o para las tareas de “embellecimiento” del entorno del Distrito Gubernamental.

 “El Ejecutivo tiene la potestad de efectuar cambios en las partidas hasta ciertos montos, pero eso no los libera de su obligación de atender de un modo prioritario aquellos sectores de mayor vulnerabilidad”, expresó Penella. “Y vemos que no se avanza con la urbanización en las villas, con la atención de las emergencias, el programa Ciudadanía Porteña está cerrado de manera ilegal”, añadió.

Con relación a esto, la Defensoría del Pueblo denunció en reiteradas oportunidades que “el Ejecutivo porteño cerró la inscripción directa de beneficiarios, situación que obligó a los ciudadanos a solicitar su incorporación al Programa de Seguridad Alimentaria Ticket Social, que otorga un monto acotado que no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de los grupos familiares”.

Fuente Redacción Z
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