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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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El Gobierno deberá informar dónde están las cámaras de seguridad

Así lo dispuso la Justicia en un fallo que obliga al Ejecutivo porteño a detallar la ubicación de las cámaras de vigilancia pública. «El PRO busca modificar la ley de seguridad para no dar a conocer esa información», dijo Andrés Pérez Esquivel.

Por Victoria Reale
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El pasado 9 de junio, el juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Darío E. Reynoso, dictó sentencia ordenándole al Gobierno porteño a que brinde en 30 días «la información sobre la ubicación física de las cámaras de vídeo vigilancia privadas incorporadas a la red pública». Y recordó en su fallo que el Ejecutivo debe reestablecer el mapa de cámaras públicas de la ciudad por constituir «publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada».

«El Gobierno todavía no entregó la información de dónde están las cámaras. Mientras tanto el bloque del PRO en la Legislatura está trabajando para cambiar la Ley 2.602 para eliminar los artículos que permiten saber dónde están las  cámaras de  vigilancia en la vía pública», aseguró a Diario Z Andrés Pérez Esquivel, que impulsó la causa.

El sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnologías y Sociedad (Lavits) denunció en la Justicia que la Policía Metropolitana se negaba a cumplir la Ley 2.602 de videocámaras, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las mismas en el territorio de la ciudad.

Pérez Esquivel declaró que el Gobierno de la Ciudad va a apelar el fallo. Al mismo tiempo el PRO busca modificar la ley para que cuando tenga que decidir la Cámara de Apelaciones, ya no se pueda hacer pública la información de la ubicación de las cámaras de seguridad.

Recordemos que la Policía Metropolitana gestiona dos mil cámaras de vigilancia reguladas por la Ley Nº 2.602. «La normativa fue diseñada con perfil preventivo, y establece una serie de garantías de control ciudadano obligatorias para que el uso policial sea legal y legítimo. Entre ellas se incluye tanto la señalización de las cámaras y su publicación en el sitio Web del Gobierno, como la posibilidad de solicitar acceso y cancelación de las imágenes en las que figuramos, mediante autorización judicial”, concluyó el sociólogo.

 

DZ/vr

Fuente Redacción Z
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