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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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El gobierno apeló el fallo que le ordenaba arreglar el complejo Soldati

El fallo lo obligaba a garantizar la seguridad del barrio después que un joven cayera al vacío tras apoyarse en una baranda en mal estado.

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El gobierno porteño apeló la sentencia del juez Pablo Mántaras, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 3. La Cámara de Apelaciones deberá resolver el pedido de la Procuración porteña.

Mántaras había ordenado la realización de obras que garantizaran la seguridad de los habitantes del complejo habitacional Soldati. El fallo vino después de una tragedia. El 4 de septiembre, Cristian Crespo, de 17 años, cayó al vacío cuando cedió una baranda de la escalera de acceso. Sus dos amigos quedaron gravemente heridos.

Mántaras había dado lugar a una medida cautelar presentada por vecinos del Nudo 9 del complejo. Luego de recibir informes periciales del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, y de arquitectos e ingenieros, Mántaras ordenó realizar obras para garantizar la seguridad en 4 edificios del barrio de Villa Soldati.

El magistrado pidió realizar un informe sobre los riesgos de derrumbe, adoptar medidas de seguridad respecto de la instalación eléctrica y de gas natural, verificar el funcionamiento de ascensores, adecuar las instalaciones contra incendios, poner en condiciones las escaleras y barandas, y despejar la totalidad de los medios de salida de los edificios.

También le exigió al gobierno y al IVC que cesen “en su omisión de dar cumplimiento con las obras de recuperación del Complejo Habitacional del Barrio Soldati previstas en el marco de las Leyes Nº 623/01 y 831/02, que declararon su emergencia edilicia y ambiental”.

No es la primera traba judicial que interpone el gobierno porteño. Luego de que ocurriera la tragedia, la jueza Patricia López Vergara quiso saber cuáles habían sido las obras realizadas en el complejo, ya que existen leyes que decretaban su emergencia y edilicia y fallos judiciales que revelaban el incumplimiento del Estado. El gobierno porteño y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) recusó a la jueza por “enemistad, odio o resentimiento”.

dz / fs

Fuente Redacción Z
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