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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

El estacionamiento medido abarcará toda la ciudad

Dos empresas con contrato vencido disfrutan del negocio hace dos décadas. Ahora, el Ejecutivo envió a la Legislatura un nuevo pliego de licitación que extiende las áreas tarifadas y multiplica las grúas.

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Dos empresas con contrato vencido disfrutan del negocio hace dos décadas. Ahora, el Ejecutivo envió a la Legislatura un nuevo pliego de licitación que extiende las áreas tarifadas y multiplica las grúas.

Desde hace 22 años, las dos empresas que se ocupan del estacionamiento medido y del acarreo de los automóviles en el micro y macrocentro –las temidas y odiadas grúas– son la pesadilla de los conductores porteños. Sin embargo, las severas encargadas de custodiar que los automovilistas no burlen las normas se encuentran ellas mismas en una situación irregular ya que tienen el récord de 12 años de prórrogas sucesivas de los contratos. Créase o no, el servicio fue licitado por primera vez por el intendente Carlos Grosso en 1991, por diez años. Nunca se renovó la licitación y las empresas que ganaron entonces son las mismas que operan ahora.

En diciembre pasado, el Ejecutivo porteño, con las firmas de Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y del ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera, envió a la Legislatura un proyecto que propicia la aprobación de un nuevo pliego de licitación del servicio de acarreo y estacionamiento medido.

El proyecto introduce cambios en las condiciones de prestación del servicio, incluidos en los fijados por la Legislatura en noviembre de 2011. El más relevante es que el estacionamiento medido se extenderá a todos los barrios de la ciudad, que en lo sucesivo serán “tarifables”. Un cambio conceptual de impacto directo en el bolsillo de los simples mortales.

El actual sistema de acarreo y estacionamiento medido es blanco de la bronca de los usuarios, y los problemas de tránsito en zonas críticas perduran. ¿Las nuevas condiciones servirán para transparentar un servicio que es objeto de quejas permanentes? ¿Servirá para mejorar la fluidez del tránsito y desalentar el uso de automóviles particulares en aras del transporte público y de las bicicletas? El debate promete ser arduo y recién comienza.

Por lo pronto, inexplicablemente, el Ejecutivo porteño ninguneó su propio proyecto ya que les propuso a los legisladores sumar otro año de prórroga a las actuales concesionarias. La excusa es que necesitarán “un tiempo prudencial” para estudiar el nuevo pliego de un servicio que define como “complejo”. Fuentes de la Subsecretaría de Transporte señalan, comprensivas, que las nuevas empresas “necesitarán invertir mucho” para estar a la altura de los nuevos requisitos.

Concesiones perdurables

La actual licitación fue otorgada por Grosso, durante el gobierno de Carlos Menem, a las empresas Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC) y Servicio de Tránsito Ordenado (STO). Las firmas controlantes detrás de esos nombres comerciales son en realidad BRD Saicifi y Dakota SA, respectivamente, que se dividieron en dos la ciudad: SEC opera en el sur y STO, en el norte. Abarcan los barrios de Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Monserrat, San Cristóbal, Constitución y San Telmo. La calle Viamonte traza la frontera imaginaria entre ambos cotos.

Se estima que cada empresa dispone de unas 20 grúas y que levantan unos 13 mil automóviles por mes. El costo actual por el acarreo es de $350, que el infractor debe abonar además de la multa correspondiente. Eso significa una recaudación mensual de $4.550.000, a la que debe sumarse lo que dejan las máquinas tiqueteadoras del estacionamiento medido. La tarifa permaneció congelada durante 17 años en $56,70 hasta 2008. El gobierno de Macri la llevó primero a $92 (un incremento del 62,5%) en enero de aquel año, y luego, en septiembre, aplicó un nuevo reajuste del 106%, hasta alcanzar los $190. El monto fue actualizado por última vez en julio del año pasado, con un aumento del 84%. La tarifa del estacionamiento medido continuó sin cambios, en $1,40 la hora.

Un dato curioso: estacionar en un lugar tarifado sin exhibir la constancia de pago de la tarifa, o permanecer en el mismo una vez vencido el tiempo permitido, es sancionado con multas que van de los $83 a los $498. Además de que la multa muchas veces es inferior al costo del acarreo, ocurre lo siguiente: lo que el infractor paga en concepto de multa, ingresa en las arcas de la Ciudad; el costo por el acarreo, en cambio, se lo paga a la concesionaria.

Las empresas pagan actualmente un canon fijo de $20.000 a $30.000. Hasta hace apenas tres años, dicen desde el gobierno porteño, pagaban sólo $1.000 mensuales. Además, pagan un alquiler mensual por las playas de acarreo que le alquilan a la Ciudad: SEC abona $48.000 mensuales por dos playas en Constitución, mientras que STO paga $ 53.200 por dos playas cercanas a la Facultad de Derecho. 

El plazo original de diez años fue prorrogado sucesivamente por los distintos gobiernos. Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y finalmente Mauricio Macri. Todos prometieron varias veces renovar las concesiones, algo que hasta ahora no ocurrió.
En 2004, un fallo judicial le ordenó al gobierno de Ibarra a licitar el servicio en 60 días. En aquel entonces, las autoridades aseguraban que cumplirían con la resolución del juez, pero reclamaron una ampliación del plazo a 180 días. Dicho ahora, parece una anécdota graciosa. Macri, por su parte, lleva cinco años anunciando una inminente nueva licitación. A comienzos del 2010, el asunto detonó una módica crisis política en las filas del macrismo.

¿Cuál es el secreto de la permanencia de STO/Dakota y SEC/BRD? Según la legisladora del Frente para la Victoria María José Lubertino, existe una “connivencia” entre el poder político y las empresas, “como ocurre con el servicio de recolección de basura”. Para Lubertino, el sistema actual es “un gran negociado, con grados de irregularidad que vienen de la época de Menem; nadie se anima a romper esa trama de beneficios”. Parece evidente que se trata de empresas con una gran capacidad de lobby. Fuentes del oficialismo porteño relacionan a Dakota con el ex intendente Carlos Grosso y a BRD con Pablo Moyano, el hijo del dirigente camionero.

Ninguna de las dos empresas se caracteriza por su transparencia institucional, a pesar de que su presencia en la vida urbana las coloca en una situación de gran exposición. El sitio web de Dakota se encuentra “en construcción”. La única información que ofrece es que se trata de “una empresa dedicada al servicio de estacionamiento”. En el caso de BRD, su arcaica y apenas legible página web ofrece una breve reseña de la vida de la empresa. De acuerdo con ella, BRD creció y se desarrolló durante casi 40 años “hasta convertirse en una compañía capaz de integrar exitosamente proyectos industriales, financieros y de servicios”. La empresa se jacta de haber instalado “el primer sistema de estacionamiento medido con parquímetros” en la ciudad de Buenos Aires durante los año 80, “convirtiéndose en el primer operador privado en Sudamérica de estacionamiento en la vía pública”. Su influencia se extiende al interior del país, donde ganó la licitación de diferentes servicios en varias provincias; generalmente, en sociedad con otras empresas.

Lo que viene

Según el nuevo pliego de licitación, los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado incluyen “la instalación de estacionómetros, la señalización vertical y horizontal, el control de estacionamiento tarifado en la vía pública, el acarreo de vehículos en infracción o a requerimiento de las autoridades y la inmovilización de vehículos en infracción”. Su objetivo declarado es “favorecer el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública”. Las nuevas concesionarias, al igual que las actuales, deberán hacerse cargo de la provisión, mantenimiento y recaudación de las máquinas ticketeadoras y parquímetros.

El proyecto desglosa la ciudad en cinco zonas y quince subzonas donde se distribuirán diez playas de acarreo que las nuevas concesionarias deberán mantener y equipar, garantizando ciertas condiciones básicas de confort para usuarios y empleados. Ninguna empresa podrá ser adjudicataria de más de dos zonas, lo cual implica la apertura hacia nuevos actores en la operación del servicio. Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Evaluadora de siete miembros: cuatro representantes del Ejecutivo (correspondientes a la Subsecretaría de Transporte, la Dirección General de Tránsito, la Subsecretaría de Inversiones y la Dirección General de Concesiones) y tres legisladores designados por ese cuerpo. La concesión tendrá un plazo de diez años.
Que el sistema va a permitir una recaudación El proyecto implica un incremento significativo en la cantidad de grúas que recorren las calles de Buenos Aires. En el nuevo esquema, cada zona deberá contar con un piso de vehículos remolcadores, hasta totalizar un mínimo de 102, frente a los 40 que operan actualmente. Cada grúa además deberá estar equipada con una cámara de video para registrar los procedimientos y también con GPS, ya serán monitoreadas desde una central. El proyecto no pone como condición para ejecutar el acarreo la presencia de personal policial o de un agente de tránsito.

La tarifa del estacionamiento medido se desdoblará en cinco “modalidades”: una tarifa sencilla, de valor uniforme para un determinado segmento horario, sin tiempo máximo de permanencia; una tarifa progresiva, que se incrementará conforme aumentan la cantidad de horas de permanencia, dirigida a las zonas con alta rotación de vehículos; una tarifa especial, de valor único, para aplicar en eventos de convocatoria masiva, y una tarifa para residentes, con domicilio declarado dentro de la zona afectada por el estacionamiento medido. Estarán exentos del pago en sectores de tarifa sencilla y especial y tendrán un descuento del 50% en los de tarifa progresiva en un radio de 200 metros de su domicilio. Las zonas de baja demanda –no están especificadas– contarán con estacionamiento “no tarifado o libre”.

Entre los requisitos que se les imponen a las empresas postulantes figura absorber a la totalidad de los trabajadores de las actuales concesionarias, quienes se encuentran encuadrados en el gremio de choferes y la Ciudad no reconoce vínculo laboral con ellos.
Las empresas deberán implementar nuevas modalidades de pago de todos sus servicios. El estacionamiento medido podrá pagarse con tarjetas de crédito o débito. El proyecto no hace mención expresa a la implementación de un sistema basado en el uso de teléfonos celulares, una idea que sonó con fuerza, contemplada en el marco normativo del servicio, pero que aún está siendo estudiada.

Las nuevas concesionarias deberán hacerse cargo de la señalización vertical y horizontal de la vía pública. Entre otros, deberán garantizar la presencia de los nuevos “cordones naranja”, destinados al estacionamiento de motocicletas.

El debate está por comenzar y algunos calientan motores. La diputada Lubertino, por ejemplo, anticipó su oposición a extender el estacionamiento medido a otros barrios de la ciudad. Exigirá que se transparenten “los beneficios obtenidos por las concesionarias a lo largo de todos estos años” y acusó al macrismo de estar motivado por un “espíritu recaudatorio”. En el último período, la carga económica sobre los automovilistas aumentó sensiblemente: el acarreo se incrementó en un 252,5%; las multas, un 38%, y los peajes, entre 17 y 33%; además, sería inminente un aumento del costo del estacionamiento medido. Otro de los motivos de discusión será el monto del canon que deberán pagar las empresas que se queden con la contratación del servicio. Desde la Subsecretaría de Transporte, desmintieron tajantemente que pasará a ser un porcentaje de la recaudación, como circuló en algunos medios durante los últimos meses.

Fuente Redacción Z
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