Hace ya algunos años, un grupo de personas que integramos el Colectivo por la Igualdad nos propusimos un plan de acción para que en Buenos Aires recuperemos el acceso a la ribera de nuestro río, y la posibilidad de su disfrute pú­blico. El gobierno de Macri acababa de renovar la concesión del predio de Punta Carrasco en un lugar prohibido, a un concesionario lleno de cuestionamientos, por tiempo indeterminado, y a un precio irrisorio. Junto a ese predio, su her­mano mayor, Costa Salguero, exhibe en forma obscena de qué modo puede aprovecharse una de las tierras públicas más valiosas de la Ciudad (en términos económicos pero, sobre todo, por su potencialidad para ser transformada en un espacio para todos los porteños) para ponerla al servicio del bolsillo de algún “vivo”.

No sabíamos, entonces, que nuestra de­manda judicial al GCBA y a las empresas conce­sionarias exigiendo que se cumpla el mandato constitucional que prevé el acceso y disfrute público de nuestra costa, sería tan sólo la pe­queña punta de un ovillo enredado adrede, por funcionarios que duran poco y empresarios que duran mucho.

Es que, cuando exigimos al Gobierno, a raíz de una presentación realizada por el entonces diputado Facundo Di Filippo (Partido Social), que nos provea de información pública relativa a la totalidad de las concesiones otorgadas so­bre inmuebles del Estado, advertimos que el pa­trimonio público de la ciudad completa estaba siendo administrado en forma vergonzosa, en beneficio de unos cuantos inescrupulosos que sólo se animarían a cometer semejante descala­bro con bienes estatales.

Nos encontramos con concesiones vencidas hace años, ocupaciones irregulares con fines comerciales, cánones completamente insignifi­cantes (o inexistentes), predios repartidos con criterios meramente políticos, o arbitrariedades mayores.

Si nuestra vecina nos contase que por el alquiler del departamento en donde vive paga unos $50 por mes, ¿le pediríamos al dueño de esa propiedad que administre nuestros bienes?

Cuando uno advierte que hay quienes se hacen millonarios gracias a la incapacidad, dis­crecionalidad o corrupción de algún rufián con lapicera estatal, la disidencia se transforma en indignación, y la noticia debiera ser escándalo. Es que mientras escuchamos a la sonriente pla­na mayor del GCBA sostener con orgullo que en esta gestión “el espacio público no se negocia” ante cada desalojo violento a personas en situa­ción de calle, trabajadores artesanos, limpiavi­drios, etc., advertimos claramente con nuestra investigación, que hay quienes sí gozan de ese privilegio, y son precisamente quienes podrían elegir no hacerlo.

El espacio público se ha mercantilizado, y ello es algo que este gobierno no ha inventado, pero que ha sabido mantener y profundizar. Un Estado al servicio del negociado de unos pocos, es el garante de una Ciudad cada vez más des­igual, y con peor calidad de vida. Si nos es indi­ferente, estamos perdidos.

Fuente Especial para Diario Z