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TEMAS DE LA SEMANA

El desamparo de ser niña y de ser madre

La explosión de la maternidad adolescente coincide con las áreas de mayor mortalidaad infantil.

Por Olga Viglieca
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El embarazo adolescen­te se disparó en la Ciu­dad. Más claro: en dos años, la maternidad pre­coz -entre los 12 y los 19 años- cre­ció 11,8 puntos porcentuales. Un escándalo que no admite sorpresas: ya en 2009, un informe del Minis­terio de Salud porteño señaló: «Es particularmente llamativa la presen­cia de embarazadas adolescentes, con un 19% sobre el total. Como valor de referencia en esa categoría se ubica­ba en 2007 el 7,2% de las madres de los naci­dos vivos de la ciudad» («Las embarazadas en los centros de salud y el plan médico de cabe­cera. Informe de las personas aten­didas en el año 2008»). Las niñas y adolescentes que son madres, ade­más, son pobres. La Región Sanita­ria 1 (hospitales Argerich, Penna y Ramos Mejía, el profundo Sur) y la 2 (Álvarez, Piñero y Santojanni, el empobrecido Noroeste) atendieron 729 y 1.591 chicas. En las otras dos regiones sanitarias, en cambio, fue­ron 146 y 204. Esta diferencia pesa también en las edades: mientras que la Región 2 atendió 19 nenas emba­razadas de 12 años; 20 de 13; 47 de 14, y 123 de 15; la Región 3 atendió 1, 2, 8 y 5, respectivamente.

Un embarazo precoz es un em­barazo de riesgo, dice la Organiza­ción Mundial de la Salud. Que el apara­to reproductor pue­da procrear no sig­nifica que el sistema hormonal esté apto para hacer­lo. Existen importantes desequili­brios hormonales y debilidad cons­titucional, propios de la edad. Hay mayor frecuencia de enfermedades asociadas al embarazo: hiperten­sión, eclampsia y preclampsia. Otro factor es la inmadurez psicológica. «Una nena embarazada no es una madre niña, es una niña madre. Mientras el 80% de las embaraza­das adultas deja de fumar, es raro que lo haga una jovencita. Los hi­jos de las madres niñas y adolescen­tes tienen bajo peso, prematurez, y engrosan los índices de mortalidad infantil. También vemos un número importante de abortos realizados en condiciones inseguras», nos dice Jorge Pachamé, médico de tera­pia intensiva de la Maternidad Sar­dá. Efectivamente, el 44,5% de las causas de mortalidad infantil regis­tradas el último año se explican así: casi el 16%, bajo tiempo de gesta­ción y bajo peso al nacer; menos del 17%, malformaciones congé­nitas; 7%, problemas respiratorios; 5%, edema pulmonar (en general relacionadas con cardiopatías con­génitas). A esto hay que sumar factores medioambientales.

«Las causales exógenas (enfer­medades infectocontagiosas, res­piratorias, diarrea y enteritis) de la mortalidad infantil se relacionan con las condiciones sociosanitarias. En la zona sur el 12,5% de los hoga­res se encuentra en situación de ha­cinamiento versus el 1,9 de la zona norte. Esta proporción se eleva en villas (47,3%) y hoteles (28,3%). Las mayores tasas de mortalidad infan­til se registran en las zonas donde es significativo el embarazo adoles­cente», insiste la legisladora Diana Maffía, que preside la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Ju­ventud de la Legislatura.

POLÍTICA DEL DESAMPARO

El Gobierno de la Ciudad tiene dos herramientas clave para preve­nir el embarazo precoz: la Ley 2.110 de Educación Sexual y el Programa de Salud Sexual y Procreación Res­ponsable, cuya dotación es de dos profesionales y una administrativa, según denunció Diana Maffía.

En cuanto a la educación sexual, el presupuesto total para 2010 as­ciende a la ridícula suma de 50 mil pesos. Si se considera que hay 650 mil alumnos en la Ciudad, y que la Ley 2.110 obliga a brindar edu­cación sexual en todos los niveles educativos, es claro que el macris­mo burló un año más los derechos de niños y jóvenes en este terreno. En noviembre de 2009, cuando se anunció el recorte, Diego Cal, de la Fundación para el Estudio de la Mu­jer (FEIM) anticipó: «Si no tenemos educación sexual integral, los em­barazos adolescentes y la propaga­ción de enfermedades se va a incre­mentar». Acá estamos.

Antes, y a pedido de las escue­las medias, distintas ONG impar­tían talleres de educación sexual. Pero entre 2008 y 2009, asegura la legisladora María Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, esos ta­lleres se redujeron tanto que «llega­ron a un universo irrisorio de menos de mil alumnos». Este año aún no comenzaron. El aumento del emba­razo adolescente, dice Naddeo, «es uno de los problemas más serios de salud pública. Expresa el carác­ter retórico de las acciones de go­biernos que dicen cumplir con la le­gislación vigente pero no efectúan los programas de salud sexual y re­productiva obligatorios. También es el indicador de un universo juvenil y adolescente excluido del mundo del trabajo y del estudio que reproduce los circuitos de marginalidad y po­breza heredados de las décadas del neoliberalismo más crudo. Amplia­ción de las brechas sociales, exclu­sión del sistema educativo y laboral, la reproducción y el vínculo mater­nal se convierte en el único proyec­to válido para miles de adolescen­tes de los sectores populares».

Las palabras de la flamante pre­sidenta del Consejo de los Dere­chos de Niños, Niñas y Adolescen­tes, Beatriz Orlowski de Amadeo, en la Legislatura, confirman el diag­nóstico de Naddeo. Orlowski dijo, y las críticas todavía le llueven, que dará de baja los convenios con las ONG porque la educación sexual es «controversial» y «hay que reem­plazarla por contenidos positivos como el amor y el cuidado». Pasó por alto que cumplir las leyes no es asunto de convicciones personales.

¿Es que acaso el Gobierno in­cumple sus obligaciones porque defiende una enfática política na­talista? En ningún caso. No exis­te ningún subsidio, beca o ayuda económica específica -¡ni planes de nutrición!- para las adolescen­tes gestantes y madres y para los adolescentes padres. Pero, ade­más, el Gobierno rechaza has­ta lo que no le costaría un peso. Veamos: en diciembre de 2008, la Ciudad suscribió un acuerdo con la Nación para implementar el Plan Nacer, un programa de fortaleci­miento de los servicios públicos de salud y de promoción del acce­so a la salud para embarazadas y menores de seis años sin obra so­cial. Para esto, debía empadronar a los beneficiarios y, según el nú­mero de inscriptos, recibiría de Na­ción un monto fijo mensual. Cuan­tos más inscriptos, más dinero. La legisladora Gabriela Cerruti forma­lizó un pedido de informes porque, según el Ministerio de Salud nacio­nal, el gobierno de Macri sólo ins­cribió av7.000 personas, un 10% de la población potencial.

Cerruti agrega otros datos a la vergüenza: sólo adhirieron el 33% de los hospitales y centros de salud pero ninguno presentó facturación por prestaciones a inscriptos del Plan Nacer, por eso el dinero (8 mi­llones de pesos) está inmovilizado. Las seis ambulancias entregadas no se usan porque no las patentaron. Y un dato siniestro: aunque el 5% de la mortalidad infantil se explica por cardiopatías congénitas, la Ciu­dad no firmó el convenio para que Nación pague las cardiocirugías de los bebés del Plan Nacer.

La omisión, a veces, se parece al crimen.

 

Fuente Redacción Z
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