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TEMAS DE LA SEMANA

El derecho a respirar

Plan Maestro Comuna 8 

Por Miguel Grinberg
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La cesión lisa y llana de espacios públicos de la CABA para su tras­paso al sector privado y la explotación inmobiliaria viola la Consti­tución Nacional, y al mismo tiempo implica un desprecio flagrante de intereses colectivos, intereses difusos e intereses comunitarios de la ciudadanía porteña. Asimismo, soslaya la preservación de la legalidad urbanística, la protección de los derechos de los vecinos, la adecuada prestación de servicios públicos y el mismo interés público o colectivo.
Los derechos y garantías constitucionales enumerados en los ca­pítulos 36 a 43 de la Carta Magna son explícitos. El artículo 41 ex­presa: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo… Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio na­tural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educa­ción ambientales.»
Al mismo tiempo, la Constitución porteña establece que «toda per­sona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras». Numerosos estudios urbanísticos han demostrado la insuficien­cia de espacios verdes en la ciudad, y es obvia una creciente ofensiva inmobiliaria que desconsidera impunemente parámetros preventivos reconocidos internacionalmente en cuando a estudios sobre el impac­to ambiental de todo emprendimiento que altere el paisaje y sobre la capacidad de carga de los espacios metropolitanos. Esto último remite a una creciente demanda de abastecimiento de servicios públicos (y al eventual encarecimiento de las tarifas), y a una continua ampliación de la producción de basura doméstica y de efluentes cloacales. Sin olvidar la incidencia de las moles de cemento como fuentes de recalentamiento urbano en el marco de los cambios climáticos reinantes.
Por lo tanto, está en juego una amplia gama de derechos de incidencia colectiva y de derechos subjetivos, a saber, la resistencia contra las violaciones al sistema democrático, el derecho de incidencia colectiva a que no haya corrupción en la función pública, el derecho de iniciativa y el derecho subjetivo y de incidencia colectiva a la salud y a un medio ambiente sano. 
Es más que evidente la desproporción reinante entre la cantidad de habitantes y los espacios verdes en la ciudad, donde aumentan sin cesar los niveles de contaminación ambiental. La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad establece que la ciudadanía tiene derecho a participar a través de formas directas y representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación de las políticas públicas en las ciudades, priorizando el fortalecimiento, transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones públicas locales y de las organizaciones populares.

Fuente DYN
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