Nuevamente, el sistema de habilitaciones de la Ciudad está en jaque. Luego de las clausuras dictadas por el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo sobre el complejo Costa Salguero por irregularidades en los permisos, sublocaciones y por obstruir el camino público de la ribera, la empresa concesionaria Telemetrix S.A. denunció penalmente al magistrado por abuso de autoridad al interferir en sus intereses comerciales.
Las medidas de Gallardo responden al amparo que presentaron la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), y el ex diputado Facundo Di Filippo, el año pasado. Las obras suspendidas comprenden las instalaciones emplazadas en 18 mil hectáreas donde funcionan El Driving Range, un Club House, una escuela de Golf, el Tenis Club, una estación de servicio, un hotel, un centro de convenciones y el boliche Caix.
Sánchez Andía señaló que esos establecimientos comerciales no respetan la calificación de «urbanización parque» correspondiente al código de zonificación de la zona, una de las irregularidades en las que, según la legisladora, incurren las habilitaciones del complejo.
Ante la clausura de, al menos, cinco locales que funcionan en el predio (entre ellos la estación de servicio que está frente al Aeroparque), el pedido de informes sobre la situación fiscal de todas las subconcesionarias, y de constancias del canon que pagan las firmas involucradas, la concesionaria Costa Salguero Telemetrix S.A. acusó al juez Gallardo por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Al respecto, la legisladora de la Coalición Cívica calificó de «repugnante» la contraofensiva de la empresa y «mucho más a la luz de los últimos acontecimientos que se han sucedido en la Ciudad por irregularidades similares a las que se presentan en Costa Salguero», contextualizó. Sánchez Andía y Di Filippo prometieron presentarse en la causa para pedir que se investigue la forma en que han funcionado tantos establecimientos sin habilitación durante años y cómo algunos de ellos lograron ser habilitados en cuestión de horas, después de las clausuras.
Espacio público, privado
En 1991, el gobierno del entonces presidente Carlos Menem le otorgó la concesión del predio en la Costanera a Costa Salguero por el plazo de 30 años. Por el canon, los privados le abonaban al Estado la módica suma de 30 mil pesos al mes. Años más tarde, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en el ejercicio de la autonomía de la Ciudad, fijó en ese precio la explotación de ese espacio público, sin ningún tipo de reacomodamiento monetario e inflacionario. Por esta razón, la legisladora sentenció como «una estafa a los porteños» el monto ínfimo del canon frente a la ganancia del complejo, calculada en 300 mil pesos mensuales.
El proyecto 117-D-2010, presentado por Sánchez Andía, establece en 35 metros el ancho del camino de sirga del contorno ribereño de la Ciudad, destinado exclusivamente al acceso público. «El camino de sirga cumple una misión fundamental para preservar los ecosistemas costeros y garantizar la libre circulación y acceso a los recursos naturales de dominio público como el Río de la Plata y el Riachuelo», destaca el documento.
Fuente Redacción Z
0 Comentarios
Sé el primero en dejar un comentario!