Nuevamente, el sistema de habilitaciones de la Ciudad está en jaque. Luego de las clausuras dictadas por el juez en lo Conten­cioso Administrativo Andrés Ga­llardo sobre el complejo Costa Sal­guero por irregularidades en los permisos, sublocaciones y por obs­truir el camino público de la ribe­ra, la empresa concesionaria Tele­metrix S.A. denunció penalmente al magistrado por abuso de auto­ridad al interferir en sus intereses comerciales.

Las medidas de Gallardo res­ponden al amparo que presenta­ron la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívi­ca), y el ex diputado Facundo Di Filippo, el año pasado. Las obras suspendidas comprenden las ins­talaciones emplazadas en 18 mil hectáreas donde funcionan El Dri­ving Range, un Club House, una escuela de Golf, el Tenis Club, una estación de servicio, un hotel, un centro de convenciones y el boli­che Caix.

Sánchez Andía señaló que esos establecimientos comerciales no respetan la calificación de «ur­banización parque» correspon­diente al código de zonificación de la zona, una de las irregulari­dades en las que, según la legis­ladora, incurren las habilitaciones del complejo.

Ante la clausura de, al menos, cinco locales que funcionan en el predio (entre ellos la estación de servicio que está frente al Aero­parque), el pedido de informes so­bre la situación fiscal de todas las subconcesionarias, y de constan­cias del canon que pagan las fir­mas involucradas, la concesiona­ria Costa Salguero Telemetrix S.A. acusó al juez Gallardo por abuso de autoridad y violación de los de­beres de funcionario público.

Al respecto, la legisladora de la Coalición Cívica calificó de «re­pugnante» la contraofensiva de la empresa y «mucho más a la luz de los últimos acontecimientos que se han sucedido en la Ciudad por irregularidades similares a las que se presentan en Costa Salguero», contextualizó. Sánchez Andía y Di Filippo prometieron presentar­se en la causa para pedir que se investigue la forma en que han funcionado tantos establecimien­tos sin habilitación durante años y cómo algunos de ellos lograron ser habilitados en cuestión de ho­ras, después de las clausuras.

Espacio público, privado

En 1991, el gobierno del en­tonces presidente Carlos Menem le otorgó la concesión del predio en la Costanera a Costa Salguero por el plazo de 30 años. Por el canon, los privados le abonaban al Estado la módica suma de 30 mil pesos al mes. Años más tarde, el jefe de Go­bierno, Mauricio Macri, en el ejerci­cio de la autonomía de la Ciudad, fijó en ese precio la explotación de ese espacio público, sin ningún tipo de reacomodamiento monetario e inflacionario. Por esta razón, la le­gisladora sentenció como «una es­tafa a los porteños» el monto ínfi­mo del canon frente a la ganancia del complejo, calculada en 300 mil pesos mensuales.

El proyecto 117-D-2010, pre­sentado por Sánchez Andía, esta­blece en 35 metros el ancho del camino de sirga del contorno ribe­reño de la Ciudad, destinado exclu­sivamente al acceso público. «El ca­mino de sirga cumple una misión fundamental para preservar los ecosistemas costeros y garantizar la libre circulación y acceso a los re­cursos naturales de dominio públi­co como el Río de la Plata y el Ria­chuelo», destaca el documento.

 

Fuente Redacción Z