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TEMAS DE LA SEMANA

Una repentina jugada política

Vista con indulgencia e ingenuidad, la ley, por ahora decreto de necesidad y urgencia, de Mauricio Macri en defensa de la libertad de expresión podría ser calificada como un buen intento para jerarquizar los derechos del periodista que pueda ver cercenadas sus posibilidades de informar u opinar con independencia. Pero eso sería en un mundo ideal.

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macri_conferencia DYN31, BUENOS AIRES 14/05/2013, CONFERENCIA DE PRENSA DEL JEFE DE GOBIERNO MAURICIO MACRI.FOTO:DYN/EZEQUIEL PONTORIERO.

En una repentina jugada política, de esas que no suelen abundar entre los dirigentes del PRO, Macri sorprendió con una iniciativa plagada de manos de cal y manos de arena. Dicen los fundamentos que la norma está inspirada en la propia Constitución Nacional, en la de la Ciudad, en el Pacto de San José de Costa Rica y hasta en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. Pero no se puede ocultar la confección de un traje a medida de las necesidades del Grupo Clarín, en principio, y del diario La Nación, en segundo lugar.

El domingo por la mañana, el diputado Federico Pinedo se reunió con miembros de la cúpula de Clarín. “Alguien tiene que hacer algo, de lo contrario nos van a llevar puestos”, le dijeron. Ese domingo La Nación informaba a través de su analista Joaquín Morales Solá que el gobierno nacional tenía todo dispuesto no sólo para confiscar el paquete accionario que en Papel Prensa mantienen los diarios Clarín y La Nación (proyecto avalado por Carlos Kunkel y Diana Conti), sino que se gestaban las condiciones para intervenir Clarín (donde el Estado tiene el 9 por ciento de las acciones). Morales Solá aportó más bien conjeturas. Sin embargo, explicitaba con detalles cuál era el propósito oficial. Intervenir Clarín, Radio Mitre y Canal 13, para borrar al periodista Jorge Lanata y sus denuncias sobre lavado de dinero.

Macri tomó cartas en el asunto y ese mismo domingo analizaban con Pinedo y Pablo Tonelli (diputado nacional del PRO y constitucionalista) el texto de un proyecto de ley que habían elaborado años ha dos asesores del legislador Oscar Moscariello, proyecto que también fue sometido al examen de algunos jueces locales. El resultado fue el texto que se conoció. Aparentemente un monumento a la defensa de la República: Régimen de Defensa a la Libertad de Expresión es su nombre. “No hay democracia sin libertad de expresión, ni libertad de expresión sin libertad de prensa”, profesa el texto. Y es realmente una frase para celebrar.
El articulado de la ley habla de los derechos de los periodistas y los ciudadanos, hasta que en el 11 comienza a desagregar los derechos que asistirán a los medios. Entre los primeros, claro, está el derecho de todos los ciudadanos de informarse y expresarse libremente, estableciendo que únicamente sobre la base de un juicio previo y con criterio restrictivo, se podrá censurar una expresión y a posteriori de su emisión.

La norma propone una profunda protección al trabajo de los periodistas, garantizando la protección de sus fuentes. Proclama que no se les podrá exigir a los periodistas colegiatura obligatoria, ni título ni habilitación profesional, herramientas esgrimidas en el pasado para limitar su trabajo, como sí lo proponía la llamada Ley Mordaza en tiempos de Carlos Menem. Prohíbe además requerir a los medios y periodistas que informen cuál es su línea editorial, anticipar noticias, contenidos, informaciones en su poder aun cuando no se hayan publicado. “No se podrán invocar razones de protección del honor, la intimidad o la propia imagen para impedir o restringir la práctica periodista, y más aún si se trata de funcionarios o figuras de actuación pública”, abunda.

Pero todo comienza a descarrillar cuando enumera los derechos de los medios. Por ejemplo, el artículo 11 propone que no podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de la información. Este artículo en especial encubre la necesidad de las empresas de evitar reclamos, paros y asambleas de los trabajadores. Invocando este artículo, los trabajadores de prensa verían amenazados sus derechos por las patronales que, so pretexto de esta ley, alegarían que cualquier medida de fuerza va en contra de la libertad de prensa. Basta recordar el carácter antigremial del diario Clarín que tradicionalmente persiguió a sus comisiones internas durante años. Es más, aun hoy sigue sin reconocer a la legalmente constituida.

Y finalmente el artículo 17, el traje a medida: “No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar transferir ni ofertar pública o privadamente, sin la apropiación voluntaria y expresa de sus propietarios ningún medio de comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario, licencia de comunicación audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni ningún otro activo o bien, material o inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas”.

Al cierre de esta edición, aplaudían la iniciativa Elisa Carrió, Pino Solanas, Francisco de Narváez y Roberto Lavagna.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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