Urbanistas consultados por Diario Z co­incidieron en que la intención del Eje­cutivo porteño de colocar un polo logístico en el Parque Roca no respeta el Código de Planeamiento Urbano y que cualquier inno­vación en el Plan estratégico urbano y am­biental debe ser tratada en la Legislatura y analizada por expertos y discutida por los mismos vecinos, como indica la Constitución de la Ciudad.

«Es preocupante y llama la atención que se den este tipo
de decisiones políticas que ce­den lugares de esparcimiento público para uso privado sin haber sido tratadas en la Legislatu­ra. Si se considera que la ciudad de Buenos Ai­res no cumple la proporción de espacio verde por habitante fijada por la Organización Mun­dial de la Salud, que son 15 m2 por habitante -y como mínimo 10 m2-, aquí el estándar es de 4 y 5 m2″, explicó la arquitecta urbanista Sonia Vidal Koopman.

«Los proyectos de la Ciudad no deben ser aislados, deben responder a un plan es­tratégico y un plan urbano ambiental, ambos sancionados y de cumplimiento monitorea­do por el Consejo de Planificación Urbana», agregó Vidal Koopman, quien también es investigadora del Conicet.

No obstante, los urbanistas destacan la necesidad de un polo logístico o lo que llaman de «ruptura logística». «Hace años que eso se evalúa, pero ese tipo de proyectos deben analizarse no sólo en relación con la ciudad de Buenos Aires, sino en conjunto con provincia y Nación. Pensar un polo en la Ciudad es un despropósito cuando hay estudios que indican que un buen lugar es en la provincia, justamen­te para unir las diferentes rutas con los distintos puertos y descongestionar el tránsito previo a la entrada a la Ciudad», afirmó Inés Schmidt, arquitecta, docente e investigadora de la Facul­tad de Arquitectura de la UBA.

«El mismo Órgano de Concesiones Via­les (Occovi) determinó la viabilidad de tres posibles centros logísticos por fuera del área metropolitana, uno de ellos en la ruta 6 con acceso a autopistas. Simplificarían el tránsito e incluso ayudarían a promover esas zonas bonaerenses y otorgarían valor agregado a las materias que ingresen a Capital o vayan al puerto», explicó Schmidt.

Por otra parte, la investigadora resaltó: «Quince manzanas para un polo logístico pare­cen excesivas…, llama la atención que el decreto no haya sido nombrado en ninguna revista especializada o boletín es­pecializado».
Con respecto al trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo para frenar la conce­sión de las 15 manzanas, Schmidt aplaudió: «Bien por el amparo, lo sintomático es que si no hay un trabajo de detective, estas cues­tiones no aparecen como políticas de la Ciu­dad, ¡qué problema!».
Organismos ciudadanos como la Funda­ción Ambiente y Recursos Naturales (Farn), constituida por abogados y arquitectos espe­cializados en medio ambiente hacen hincapié en recordar la importancia del llamado proce­dimiento de doble lectura que ha sido previsto por la Constitución de la Ciudad en los artí­culos 89 y 90, para el tratamiento legislativo de materias determinadas, entre las que se encuentran los códigos Ambiental, de Planea­miento Urbano y el de Edificación.

Así la aprobación de estos instrumentos y las
modificaciones que pretendan realizarse deben ser sometidas a este procedimiento. Se­gún el sitio web de la Farn, «la característica diferencial del mismo consiste en la existencia de dos instancias de tratamiento del proyecto por parte de la Legislatura -una inicial y otra final-, en cuyo período intermedio debe, bajo pena de nulidad, llevarse a cabo una audiencia pública.

Los pasos fijados en la Constitución porte­ña son los siguientes:
1. Despacho previo de comisión que in­cluya el informe de los órganos involucrados;
2. Aprobación inicial por la Legislatura;
3. Publicación y convocatoria a audien­cia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones;
4. Consideración de los reclamos y ob­servaciones y resolución definitiva de la Le­gislatura.

 

Fuente Redacción Z