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TEMAS DE LA SEMANA

Desde 2008, hubo 36 derrumbes en la Ciudad

El desplome de una antigua casona en el Abasto y el incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas no son episodios aislados. Los inspectores y el sindicato de la construcción denuncian negligencia y vista gorda por parte de las autoridades, que no clausuran cuando corresponde.

Por Franco Spinetta
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DYN001 BUENOS AIRES - ARGENTINA Tema: DERRUMBE EN EL BARRIO DE ONCE. Autor: FOTO.DYN/LILIANA SERVENTE Crédito: DYN

En los últimos 6 años, al menos 36 derrumbes –según datos del sindicato de la construcción- dejaron al descubierto las falencias en los sistemas de prevención del gobierno porteño. A pesar de que la tragedia de Cromañón obligó a reforzar y reformular las áreas de inspección, todo parece haberse diluido con el correr de los años. El incendio del galpón de la empresa Iron Mountain en Barracas, que causó la muerte de 10 bomberos, y el derrumbe de una antigua casona en el barrio de Balvanera, donde murió un obrero, se sumaron a una larga lista de episodios similares. El desplome de un gimnasio en Villa Urquiza (3 muertos, agosto 2010); la caída de un entrepiso en el boliche Beara de Palermo (2 muertos, septiembre 2010); y el derrumbe de un edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 1200 (1 muerto, noviembre 2011), entre los más graves. En todos, fallaron los sistemas de control.

El martes 25 por la mañana, una vieja casa ubicada en la esquina de Valentín Gómez y Jean Jaures se vino abajo íntegramente. El inmueble estaba siendo demolido por encargo del Gobierno porteño porque el 9 de junio de 2012 había sufrido un episodio similar, cuando el segundo piso se desplomó, sin víctimas fatales.

El 12 de febrero, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) había denunciado numerosas irregularidades detectadas en la obra que llevaba a cabo la empresa de demoliciones Venegoni Hnos. Fuentes del Cuerpo de Inspectores de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad informaron a Diario Z que la demolición había sido suspendida el 29 de enero, cuando un agente porteño detectó un “riesgo importante” de derrumbe. Además, la fuente precisó que los trabajadores estaban en contratados informalmente y no contaban con los elementos de seguridad.

La casona estaba deshabitada, pero antes había sido objeto de una disputa entre el Gobierno y varias familias que la ocupaban. Luego del derrumbe de 2012, las autoridades lograron desalojar el inmueble y en octubre de 2013 llamaron a licitación para demolerlo con un presupuesto de un millón de pesos. Según la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad, la casona estaba en una situación de “equilibrio inestable con riesgo para la vida de vecinos, transeúntes y edificaciones linderas”.

La adjudicataria de la demolición fue Venegoni Hnos, una empresa señalada por “múltiples incumplimientos” por la UOCRA. En un comunicado, el sindicato explicó que el 12 de febrero se elevó una denuncia a la Dirección de Protección del Trabajo, a cargo de Fernando Macchi, porque se habían detectado numerosas irregularidades: “No cumplir con las distancias de seguridad en la zona de demolición; falta afianzar las partes inestables de la construcción; falta de apuntalamiento de los muros medianeros; falta de protección en aberturas de pisos con cubiertas o barandas, entre otros”. La UOCRA apuntó contra la “falta de responsabilidad empresaria y la inacción de los organismos de control” del gobierno porteño.

Como en el caso del derrumbe del edificio ubicado en Bartolomé Mitre 1232, ocurrido el 4 de noviembre de 2011, todos los mecanismos de advertencia funcionaron correctamente. Además de la denuncia del sindicato, los propios agentes del gobierno porteño advirtieron sobre el pésimo estado de la obra. Según pudo reconstruir Diario Z en base al testimonio reservado de un inspector, habitualmente, el trámite de suspensión se inicia con una intimación como paso previo, pero las condiciones eran tan malas que ameritaba una suspensión urgente, explicó la fuente. “Había que clausurar, la casa no estaba en condiciones para que hubiera trabajadores en su interior”, añadió.

Sin embargo, el trámite quedó en la nada. El modus operandi denunciado por el delegado de los inspectores laborales porteños, Edgardo Castro, fue cumplido a la perfección: mientras los agentes denuncian irregularidades y piden clausuras, los trámites quedan “cajoneados” en las esferas superiores.

DZ / fs

Fuente Redacción Z
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