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Denuncian un pago irregular del gobierno porteño a Fiat

La Auditoría porteña denunció que el gobierno porteño giró de manera irregular más de 500 mil pesos a la empresa Fiat mediante un sistema de tercerización que está vedado para la administración pública.

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Un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad denunció que el organismo porteño encargado de la organización de festivales culturales firmó un convenio mediante el cual la empresa auspiciante Fiat debió pagar a un proveedor del gobierno la suma de 600.000 pesos, mediante un sistema de tercerización, procedimiento que está explícitamente vedado para la administración pública local.

Según el informe de la Auditoría porteña, la firma de un convenio con Fiat fue realizada de manera tal que «pasó por arriba de toda la vía administrativa y la ley de Compras», explicó el auditor por el Frente para la Victoria, Eduardo Epszteyn.

El convenio firmado expresa que Fiat debe «abonar bienes y servicios inherentes al desarrollo de dichos festivales por la suma de $600.000» a la empresa Siberia S.A., una productora de espectáculos que era la encargada del desarrollo del festval en cuestión.

«El convenio es irregular porque en ningún procedimiento se le puede pedir a un auspiciante que le pague a un proveedor del gobierno», sostuvo Eduardo Epszteyn, auditor porteño.

Al realizar ese convenio se violó el decreto 834/2002, que creaba el programa «Festivales de la Ciudad», luego devenido en Dirección General, estableció que los Convenios Administrativos de Colaboración «en ningún caso generarán erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad, ni podrá consistir la prestación» en «dinero en efectivo».

La empresa Siberia S.A. es una productora de espectáculos cuyo presidente y vice son Matías Alberto Loizaga y Christian Eduardo Romanello, también propietarios del portal de venta de entradas livepass.com.ar.

«Si se aprueba mediante un decreto un Convenio Administrativo; es decir, un modelo de convenio para poder organizar actividades dentro del marco normativo, éste se viola porque aparece alguien cobrando dinero mediante una tercerización que no existe», afirmó el auditor, y destacó: «Inventaron un sistema, y se trata de una clara falta de transparencia».

La Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, a cargo de Viviana Cantoni, depende del ministerio de Cultura porteño, a cargo del ingeniero Hernán Lombardi.

Cantoni dirige el área de Festivales desde la asunción de Lombardi en 2007; y es la esposa del ex jefe de gabinete y actual subsecretario de Gestión Cultural del ministerio, Alejandro «Conejo» Gómez, estrecho colaborador del actual director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, cuando éste se desempeñó en diferentes cargos de relevancia en las gestiones de Fernando de la Rúa en la Ciudad y en la presidencia de la Nación en los años 90.

El informe, que es público y está online en el sitio del ente de control, www.agcba.gov.ar, fue elevado a la Procuración de la Ciudad, dictamen que sólo está previsto para situaciones en las cuales se presume la existencia de un delito, que derivaría en una denuncia penal, o ante la posibilidad de que se abra un sumario administrativo para investigar el desempeño del organismo.

Epszteyn, en tanto, señaló que desde la dirección a cargo de Cantoni hicieron un descargo sobre el informe y reconocieron que «es poco feliz el párrafo», en referencia al texto que aplicó el convenio.

El informe de la Auditoría realiza, entre varias observaciones, otras dos también relacionadas al convenio que según Epszteyn, «son muy graves».

Entre ellas figura «el armado de un convenio con una empresa proveedora de handys llamada Bacigaluppi Hnos S.A.».

En este otro convenio observado, la empresa licitante «se comprometió a hacerle un descuento del 20% al Gobierno de la Ciudad, por lo que el Gobierno armó una licitación y le ocultó esa pauta a los competidores, lo que se convierte en una competencia desleal y viciada desde todo punto de vista», detalló.

El informe de la Auditoría señala además otras irregularidades menores, que por ejemplo le permitieron a los comercios de calzado e indumentaria «Fabio Shoes» y «Mimí Pinzón» no pagar ningún canon por los stands que utilizaron en algunos eventos, pago que sí debieron cumplir otras empresas.

«En los informes que se realizan sobre el Ministerio de Cultura se observan desprolijidades administrativas serias, pero por lo general no quedan tan evidentes las cosas que hacen, aunque con estos casos sí queda claro que se trata de acuerdos poco transparentes», concluyó Epszteyn.

DZ/sc

 

Fuente Télam
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