La iniciativa cuestionada fue presentada por el diputado nacional del PRO, Julián Obiglio, y al respecto Eduardo López, secretario general de UTE, encabezó una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en Riobamba 34.

En ella afirmó que el gobierno de Macri es responsable de «una serie de persecuciones muy grandes a la niñez y a la juventud».

El proyecto de Obiglio, sostuvo López, «propone prohibir la participación de menores de 16 años en marchas sociales, sindicales, estudiantiles y de todo tipo».

«De prosperar esto, los menores no podrán participar de la marcha del 24 de marzo, ni de marchas por inseguridad», advirtió López, y consideró que el PRO «tiene una estigmatización muy grande hacia los niños».

Para el dirigente, los niños «no deben ser objeto de estigmatización sino que deben ser objeto de derechos y deben tener la posibilidad de manifestarse libremente».

A su lado, Martina Garbarz, estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA y militante de la agrupación 14bis Derecho, consideró que el proyecto es «totalmente retrógado», que hasta tiene «un vocabulario arcaico».

«No me sorprende del macrismo ya que sigue con la lógica de persecución que tienen en contraposición con la postura del Estado nacional», expresó.

Nicolás Marturano, de ATE-SENAF (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia), señaló que «no es recomendable construir paredes que impidan el vínculo entre padres y niños» y acusó al PRO de «demonizar la política y la participación de los jóvenes».

Alicia Piatti, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, sostuvo que con el proyecto se «intenta quebrar la construcción de una identidad social y apunta a destruir una sociedad que piensa».

El proyecto establece la prohibición de la «concurrencia, presencia y/o permanencia de menores de 16 años de edad, en protestas sociales, manifestaciones o marchas de índole partidario, sindical, social o político».

En el artículo dos, determina que de constatarse la presencia de menores en protestas, la policía «debe ponerlos a resguardo y arbitrar los medios necesarios para que sus padres, tutores o representantes legales los retiren del lugar».

DZ/sc

Fuente Télam