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TEMAS DE LA SEMANA

Denuncian más represión a los chicos detenidos en penales juveniles

Los trabajadores  del Centro de Admisión y Derivación Ursula Inchausti” (CAD) nucleados en Ate Capital denunciaron el «recrudecimiento de las políticas represivas en los distintos dispositivos penales juveniles de la Ciudad​». En represalia, los echaron del concurso para pasar a planta permanente.

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Los trabajadores  del Centro de Admisión y Derivación “Inchausti” (CAD) nucleados en Ate Capital (SENAF) denunciaron a principios de enero el «recrudecimiento de las políticas represivas en los distintos dispositivos penales juveniles de CABA​».

La respuesta del Consejo de la Niña el Niño y el Adolescente fue fulminante. Dejó fuera del concurso para planta permanente a siete trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que habían quedado dentro del listado por orden de mérito. La decisión fue de la directora General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo, Alicia Blasco. » Se los ha expulsado del concurso sin explicación alguna mas que la arbitrariedad de las autoridades de dicho organismo», informa la Junta Interna de ATE.

«No sólo tuvieron que concursar por su propio puesto de trabajo para pasar a Ciudad y con un salario más bajo; sino que han obtenido los mejores puntajes y se los deja afuera injustamente porque cuestionan la política que se viene implementando hacia los/as adolescentes con los que trabajan. Además todos ellos se encuentran afiliados a nuestra organización sindical lo cual expone aún más que no quieren la organización de las y los trabajadores» explican desde la organización sindical, que convocó a un acto este viernes 19 de enero 12 hs en Diagonal Norte 832, sede del Consejo.

Las razones del castigo

A principios de enero, la Junta Interna de ATE había denunciado que «debido al empeoramiento de las condiciones económicas y a la ausencia de políticas públicas, aumentó la cantidad de situaciones «como ingresos de niños y niñas cada vez más pequeños (8, 9, 10 ú 11 años)». Estos «niños y niñas no punibles» que ingresan al centro «permanecen en la misma institución, privados/as de su libertad y en condiciones similares a las de los/as adolescentes punibles, con escasa o nula articulación territorial».

En ese marco, el comunicado plantea un dato más que preocupante: «hay relevados 13 niños/as que se encuentran en una situación muy crítica y presentan riesgo de vida, situaciones en las que en la actualidad el Consejo De Niños, Niñas y Adolescentes no está tomando acciones acordes a la dimensión de la problemática.»

De las estadísticas que se registran en el CAD, «el promedio mensual del año 2017 expresa que el 36.6% (que da un total nominal de 868) de los ingresos son niños/as no punibles. De ese porcentaje el 54.8% son reingresos (a diferencia de lo que supone el “sentido común” y por lo cual se avala la baja de edad de punibilidad), por lo tanto estamos hablando de un grupo reducido de niños/as que presentan una problemática grave basada en la vulneración de derechos desde su infancia más primaria, sobre todo en lo que respecta a su salud integral.»

Los trabajadores remarcan una tendencia que se produce también en los dispositivos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires: crece la cantidad de personal de seguridad de los organismos, mientras se reducen los equipos de intervención compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales vinculados a la promoción y protección de derechos.

Para contrarrestar estos retrocesos, los denunciantes plantean la creación de «un lugar físico que sea parte del sistema de protección de derechos, para los niños y niñas detenidos que refieren ser menores de 16 años», el fortalecimiento del sistema de derechos, y la formulación de «un sistema de responsabilidad penal para los y las adolescentes de 16 y 17 años, que supere las arbitrariedades de los Juzgados en función de la Ley 22.278 vigente, normativa de la dictadura militar».

Desde septiembre de 2016, los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la ley penal, que hasta ese entonces eran administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), fueron transferidos a la Ciudad y son administrados por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En junio de 2016, la Legislatura porteña aprobó hoy un convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad que avala la transferencia de servicios de atención directa y los recursos de los centros socioeducativos de menores en conflicto con la ley. Con este acuerdo pasan a la ciudad los centros socioeducativos de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el Centro de Admisión y Derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez; y el dispositivo de supervisión y monitoreo. La transferencia también contempló los recursos económicos, el personal a cargo y los bienes muebles.

El comunicado de los trabajadores está respaldado por una veintena de juntas internas, ong e instituciones sociales y políticas vinculadas a los derechos de la infancia y adolescencia. También el Grupo de curas en opción por los pobres y el bloque de Unidad Ciudadana.

 

Fuente: https://www.facebook.com/notes/junta-interna-ate-sennaf/comunicado-en-defensa-de-nuestrxs-pibxs/1913298882032421/

Fuente Agencia Paco UrondoFuente Diario Z
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