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Denuncian irregularidades en el control de talleres ilegales

La Auditoría afirma  que los inspectores de Trabajo tardaron entre 330 y 990 días en elaborar informes técnicos sobre los talleres denunciados como clandestinos.

Por Franco Spinetta
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El incendio en un taller ilegal en el barrio de Flores, que provocó la muerte de dos niños de 7 y 10 años, colocó (otra vez) sobre el tapete una situación largamente denunciada: la existencia masiva de talleres clandestinos y la falta de control del gobierno porteño. Según la Fundación Alameda, que viene denunciando esta problemática desde hace años, en la Ciudad hay más de 3 mil talleres clandestinos que emplean a más de 30 mil personas, muchas de ellas en condiciones paupérrimas.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) aprobado en marzo de este año, al que Diario Z tuvo acceso, deja al descubierto el descontrol reinante en la Dirección General de Protección del Trabajo, una de las áreas clave para la prevención de abusos laborales. De esa dirección dependen los 109 inspectores que tiene el gobierno para toda la Ciudad.

Según la AGCBA, la falta de control tuvo un pico alarmante en la ausencia de seguimiento de las observaciones realizadas por los inspectores y la confección de informes técnicos. Por caso, entre el acta de inspección y la elaboración del informe pasaron entre 330 y 990 días, en el período auditado (2013-2014). El promedio de tardanza fue un año. “La estructura de la dirección del Trabajo es raquítica: 109 inspectores no alcanzan y la prueba es la tardanza en la elaboración de los informes técnicos que ellos mismos deben realizar”, señaló a Diario Z el auditor porteño Facundo Del Gaiso. “En el medio hay personas explotadas en los talleres, reducción a la servidumbre… no hay voluntad política de solucionar esta situación”, agregó.

El informe también detalla que la Dirección de Protección al Trabajo asegura haber hecho 38.000 inspecciones entre 2013 y 2014. «El número no cierra porque si es así, los inspectores se pasaron todos los días del año, incluyendo fines de semana y feriados, haciendo inspecciones», observó Del Gaiso. Al respecto, el delegado de ATE de los Inspectores, Edgardo Castro, advirtió que  “si se hubieran hecho esas inspecciones no habría un taller clandestino en la ciudad, y ni un solo trabajador en negro”.

En declaraciones a distintos medios, Castro señaló como «responsables de la falta de control y la impunidad de estos talleres» a Fernando Macchi y Ezequiel Sabor, director general de Protección del Trabajo y subsecretario de Trabajo porteño, respectivamente. El inspector aseguró que «Macchi el es el responsable en este caso (por el incendio de Flores)». «Esto no es una casualidad ni un accidente, sabemos que estos talleres abastecían a (Juliana) Awada, la esposa de Macri. Son amigos de esta gente. ¿Por qué no lo echa? Porque el jefe de Gobierno es parte de una matriz de corrupción», concluyó Castro.

Una ley sin contenido

Para Del Gaiso, una muestra de la desidia del gobierno es la no reglamentación de una ley aprobada en 2009, que declara la emergencia laboral de las micro empresas de indumentaria. “Pasaron más de seis años y mientras siga sin reglamentarse, va a persistir esta situación”, explicó el auditor.

En septiembre de 2008, el jefe de gobierno Mauricio Macri envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Laboral y de Infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires” y, al mismo tiempo, crear el Programa de Regularización “Buenos Aires produce”.

El proyecto refleja un reconocimiento cabal de la situación que entonces (y hoy) aqueja en especial al sector textil. En los fundamentos menciona el incendio que se había producido en un taller clandestino de la calle Luis Viale en el año anterior, en el que habían fallecido un hombre, una mujer y cuatro chicos. “La gravedad de la situación”, exigía según Macri “la adopción de medidas sin demora.” El proyecto agregaba que “una gran cantidad de familias –en su mayoría de nacionalidad boliviana– obtiene su sustento prestando su fuerza laboral en este subsector, que opera en condiciones de suma precariedad en lo referente a su estructura, condiciones laborales y de higiene y seguridad.” La Legislatura aprobó la ley el 12 de marzo de 2009. Nunca fue reglamentada.

DZ / fs

Fuente Redacción Z
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