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Decreto exprés a medida de tu deseo

En un texto de cuestionada legalidad, el jefe de Gobierno decretó la intangibilidad de la propiedad de los medios de comunicación y les creó fuero propio. De paso, se llevó puesto el derecho de huelga.

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Macri Macri

Con la voz firme y altisonante de quien está enunciando una decisión de rango histórico, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, informó a la población que había firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia “para la protección de la libertad de prensa y expresión”. El decreto subraya en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derechos largamente amparados por la Constitución Nacional (artículos 14 y 32, entre otros) y el Pacto de Derechos Humanos, llamado de San José de Costa Rica.

El fondo amarillo acentuaba la palidez habitual de un hombre que anhela presentarse como un estadista sportman pero cuya estampa lo traiciona.

Macri anunció que desde el miércoles pasado quedaba vigente en la Ciudad el DNU que presentó en sociedad. Y ordenó que el Tribunal Superior de Justicia local sea el organismo que atienda las denuncias relativas a la defensa de las antedichas libertades, hasta tanto se conforme un fuero especial que las reciba. Más claro: dijo que, a partir de su decreto, la pelea legal entre el Estado nacional y los medios de comunicación con sede en la ciudad de Buenos Aires serán competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ). Quien quiera oír que oiga.

El DNU, que se extiende con abuso de adjetivos en las virtudes de la libertad de prensa y de los derechos humanos, tiene una validez de 30 días y se enviará a la Legislatura para que así su texto devenga en ley. De promulgarse la normativa, se creará un Tribunal de Libertad de Expresión que se encargará de los asuntos relativos a la prensa en el futuro.

En los 26 artículos del decreto, redactados de apuro, dicen qué por la inspiración del legislador Oscar Moscariello, se advierte que está prohibida la censura previa (chocolate por la noticia), obligar a los periodistas a entregar sus apuntes o a que revelen sus fuentes (ídem) y aboga por la más bella pluralidad en todos los órdenes de la vida social.

Lo más interesante, claro, viene acto seguido, en los artículos como el 14, que se alejan de la declamación y van al meollo del asunto. Allí se anuncia que no se podrá obstaculizar el libre acceso a la información por vías tales como “el abuso de los controles oficiales” o la imposición de aranceles, impuestos o cargas extraordinarias para la producción e importación” de papel y otros insumos.

Si se musicalizaran los sabrosos artículos 16 y 17, ningún sonido sería más adecuado que el de ese agudo instrumento de viento llamado clarín. Porque el texto del DNU prohíbe la expropiación, confiscación, decomiso, transferencia, cesión, su ruta, de inmuebles, marcas, licencias, instalaciones, medios de comunicación, marcas, “ni ningún activo o bien, material o inmaterial, necesario directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, opiniones o ideas”.

Cómo decirlo. En esta defensa rampante de la intangibilidad de la propiedad privada Macri se coloca como preocupado custodio de las urgencias del grupo Clarín ante los rumores que indican que el gobierno nacional avanzaría en breve no sólo sobre Papel Prensa sino que también intervendría la empresa periodística del barrio de Barracas. Un rumor que cobró fuerza después de que el secretario de Comercio Moreno entró en la asamblea de accionistas que se realizaba en la planta periodística de la calle Tacuarí.

¿Y esto para qué sirve?

Un decreto de Macri o una ley de la Legislatura porteña ¿alcanzan para bloquear resoluciones del gobierno nacional que se apoyan en una ley vigente? Lo que se discute es si el decreto macrista viola o no la supremacía del ordenamiento jurídico federal, que se supone por encima de las disposiciones locales o provinciales.

Hasta los constitucionalistas más firmemente opositores al gobierno nacional han puesto bajo sospecha la eficacia jurídica y la legalidad del decreto de marras: Félix Loñ, un hombre que no trepidó en trabajar para Jorge Rafael Videla cuando encabezaba la dictadura militar, se manifestó de acuerdo “con la intención que anima esa disposición”. Pero no pudo evitar señalar que “no ha sido analizado jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico. El decreto –continuó Loñ, tramontano pero formal– no tiene sustento, es muy flojo jurídicamente”.

Si eso dicen los amigos, para qué hablar de los adversarios políticos que caracterizaron el diktat del alcalde como una inolvidable burrada que intenta colocar a la ciudad como un feudo aislado, al margen del Estado nacional y sus leyes.

Tal vez el líder del PRO no esté interesado en aburridas disquisiciones leguleyas. Y su suma y resta se dirija más hacia las elecciones legislativas de octubre, a la fragmentación electoral de la oposición, a la conocida inexistencia de un candidato opositor que aventaje al resto de la escuadra. Esta movida ha colocado al ingeniero Macri en un inesperado papel protagónico. Se ha convertido en un factor de una batalla política entre el gobierno nacional y el Grupo que hasta ayer lo tenía como mero espectador. Un conflicto en el que hasta ahora le estaba reservado el lugar de quejoso que apenas la balconeaba.

Fiel a su trayectoria, sin embargo, Mauricio Macri no se privó de una estocada a la medida de sus cotidianas obsesiones. El artículo 11 dice: “No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional de los periodistas, productoras y editores que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad en la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o ideas”. O sea: queridos protegidos periodistas, vayan a pararle a Gardel. Fracasó con los maestros, fracasó con el Garrahan, fracasó con los trabajadores del subte. Nada augura que en esta enésima prohibición del derecho de huelga a Macri le vaya mejor con los trabajadores de prensa.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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