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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Indemnizarán a jueza que maltrató a empleadas de Tránsito

Rosa Elsa Parrilli, la ex jueza que fue destituida por mal desempeño luego de protagonizar un escándalo contra empleadas del área de Tránsito del Gobierno porteño, será ahora indemnizada por las demoras que hubo cuando la designaron magistrada.

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvió confirmar una demanda promovida por la ex jueza por los daños y perjuicios que le ocasionó la sanción de dos leyes que, años atrás, retrasaron su designación como jueza.

Si bien se concedió la reparación económica, se dispuso una reducción de la indemnización planteada en primera instancia, indicaron fuentes judiciales.

En septiembre de 2009 Parrilli irrumpió en las oficinas de la playa de infractores de tránsito del Obelisco porteño para recuperar el auto que le habían remolcado por mal estacionamiento en la zona de Almagro.

«Acá son todas morochas, ni una rubia contratan. Tontitas, no se dan cuenta quién manda acá. Mando yo y no tengo que pagar, como no pago nunca», había gritado Parrilli, según registraron las cámaras del lugar.

Aunque intentó alegar una crisis psicológica, las afectadas radicaron una causa civil contra la magistrada, mientras que el Consejo de la Magistratura la investigó y destituyó en el marco del juicio político que se le siguió por mal desempeño.

Se trató de la primera destitución del órgano de control de la Justicia porteña, que entendió que la jueza era responsable de los insultos, las amenazas y la discriminación proferidos.

Un mes y medio después, la ex jueza reclamó ante el Consejo de la Magistratura seguir cobrando su sueldo hasta que la decisión que la removía de su cargo quedara firme, y en septiembre de 2012 la Corte Suprema confirmó la destitución, al considerar que en el caso no había razón para intervenir.

Parrilli inició una demanda contra el Gobierno de la Ciudad, el Consejo de la Magistratura y la Legislatura «por los daños y perjuicios que le habría ocasionado el ‘accionar lícito del Estado local en ocasión de la sanción y aplicación efectiva de las Leyes 935 y 1086’, que demoraron su designación como magistrada.

Según explicó en el fallo, en el año 1999 se inscribió en el concurso Nº6/99 para cubrir un cargo de juez en la Justicia Contravencional y de Faltas de la ciudad y tras analizar sus antecedentes rindió examen escrito en 2000, pero tuvo que esperar hasta 2006 hasta ingresar formalmente a la Justicia.

Es que en 2003, las leyes redujeron el número de magistrados que integrarían el fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad de 38 a 31 y por lo tanto Parrilli no pudo ejercer ni cobrar, a pesar de estar designada como jueza y en condiciones de asumir dicho cargo, desde mediados de 2003.

Por ello, reclamó en concepto de «daño emergente la diferencia salarial existente entre lo que debió percibir como jueza de primera instancia desde el 27/11/03 hasta el 31/03/06 -fecha en la que asumió en el cargo- y, así también, una suma equivalente a la anterior correspondiente a daño moral». También solicitó «un resarcimiento por la privación del goce de los beneficios sociales propios del cargo de juez, aportes, contribuciones y los incrementos correspondientes por antigüedad en el cargo».

En primera instancia, la justicia condenó al GCBA a abonar a la ex jueza el 80 por ciento «de la cifra total que surja de comparar las remuneraciones percibidas por la actora y las retribuciones netas que le hubiera correspondido en el cargo de juez de primera instancia» en el ámbito local, «con más los intereses».

Ahora, por mayoría, la Cámara porteña confirmó la indemnización por la «expectativa frustrada» pero también se resolvió reducir el monto a una cifra que no se informó.

DZ/sc

Fuente DYN
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