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TEMAS DE LA SEMANA

Crónica de un paro docente anunciado

Las clases comienzan con una huelga pese al acuerdo salarial.  Los sindicatos denuncian un ataque a la escuela pública que se expresa en el vaciamiento escolar, las aulas precarias y la falta de bancos.

Por Franco Spinetta
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Como en la mayoría de las provincias, en la Ciudad tampoco comenzaron las clases. Los docentes porteños iniciaron el ciclo lectivo con un paro por 48 horas y con un reclamo que atraviesa y unifica a las distintas vertientes sindicales: la falta de vacantes y las fallas del sistema de inscripción on line.

Las particularidades que atraviesa la educación pública porteña se vieron reflejadas en las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno. La entidad mayoritaria, UTE-Ctera, llegó a un acuerdo salarial que implica un aumento del 44% del salario inicial y un 31% de incremento general, pero de todas maneras convocó al paro. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, los acusó de “kirchneristas” que buscan hacer “política” y advirtió que se descontarán los días.

Voceros de UTE explicaron a Diario Z que en realidad “no se firmó el acta de acuerdo porque el ministro se negó a ofrecer una solución para la falta de vacantes y a dar marcha atrás con el sistema de inscripción on line”. La fuente aclaró que “se aceptó la oferta salarial porque está dentro de los términos que exigíamos. El viernes 7 volvemos a las aulas, pero antes iremos a la Legislatura con un listado de vacantes no otorgadas y una lista de edificios ociosos donde se podrían construir escuelas para los chicos que se quedaron sin aula”.

Otro de los sindicatos con mayor número de afiliados, Ademys, también convocó a un paro, pero a diferencia de UTE rechazó el ofrecimiento salarial del gobierno. “Paramos por salarios y por la falta de vacantes”, explicó a Diario Z el secretario general de Ademys, Jorge Adaro. Además de calificar como “insuficiente” la oferta del gobierno (piden $8.000 de sueldo básico docente), Adaro señaló que desde 2013 se está “llevando a cabo un ajuste encubierto a través de los preceptores, asistentes celadores y otros cargos”. Es decir, con el acuerdo actual, mientras un maestro de grado cobrará en abril 5.050 pesos, un asistente celador o un preceptor cobrará $ 4.595; en la segunda cuota a cobrar en septiembre, un maestro cobrará $ 6.050 y el resto percibirá 5.505 pesos. Si el trabajador tiene dos cargos, la diferencia se amplía y los no docentes cobrarán $1.090 menos que un maestro de grado. “Esto es inadmisible”, señaló Adaro.

Más allá de las diferencias coyunturales en cuanto a la discusión paritaria, ambos sindicatos concuerdan en que la decisión del gobierno de impulsar el sistema de inscripción on line tenía (y tiene) como único objetivo quitarle el manejo de las vacantes a la comunidad educativa. Además, denuncian que detrás se esconde la intención de vaciar grados para cerrarlos y empujar la demanda hacia la escuela privada.

A razón de una gran disputa por año, todas las peleas entre los trabajadores de la educación y el gobierno porteño se concentraron en el mismo eje: la quita de funciones a los docentes y la centralización de las mismas en el Ministerio de Educación. Así comenzó, por ejemplo, la pelea por la crisis edilicia, cuando el gobierno decidió quitarle el control de las obras menores a las cooperativas para centralizar los pedidos en un call center, que nunca funcionó. Luego de una masiva toma de escuelas en septiembre de 2010 por el grave estado de la infraestructura escolar, el Ministerio de Educación terminó reconociendo la problemática y reformuló el plan de obras.

La pelea continuó en diciembre de 2011 con el intento del macrismo de eliminar las Juntas de Clasificación, que estaban integradas por docentes y representantes del Estado y se encargaban de administrar los concursos. Si bien no logró imponer su proyecto de reforma del Estatuto, el PRO negoció con el entonces legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), quien presentó una iniciativa intermedia, que redujo la cantidad de juntas de 14 a 7 y recortó muchas atribuciones a los trabajadores. El ministro Bullrich lo vivió como una victoria sobre los sindicatos, que perdieron el control sobre una de las funciones medulares.

En abril de 2012, Bullrich ordenó el cierre de 222 grados y cursos. El criterio era eliminar a todos aquellos que tuvieran menos de 15 alumnos en primaria y 20 en secundaria. Los docentes denunciaron que la medida escondía la intención de hacinar estudiantes fusionando grados y, de esta manera, ahorrar dinero en salarios: donde antes se pagaban dos sueldos, ahora se pagaría uno. Pero la Justicia frenó la iniciativa, aunque luego se terminaron cerrando la mitad. Media victoria para el gobierno.

En 2012 también comenzaría el conflicto por la reforma curricular propuesta por el gobierno porteño. El ensayo empezó en las escuelas técnicas, donde la pérdida de materias específicas que afectaron el plan de estudios y el riesgo de la pérdida de fuentes laborales desató un conflicto de dimensiones, con toma de colegios y marchas en rechazo de los cambios propuestos.

Bullrich no logró su cometido y debió dar marcha atrás luego de que la Justicia interviniera. Pero volvería a la carga en 2013 con una reforma más profunda de la currícula a la que llamó Nueva Escuela Secundaria de Calidad (NESC). El proyecto, en sintonía con lo estipulado por el Consejo Federal de Educación, proponía la reducción de 144 a sólo 10 orientaciones. Además, se perdían horas de cursada de materias de las distintas orientaciones, que viraban de la especificidad a la generalidad. La reforma fue inmediatamente rechazada por la comunidad educativa y los sindicatos. Hubo tomas, cortes de calle, abrazos a escuelas y mucha discusión en torno a la NESC. Finalmente, una vez más, el gobierno porteño tuvo que postergar la discusión y lo que iba a implementarse este año pasó para 2015.

A fines de 2013, de manera sorpresiva, el Ministerio se encargó de quitarles el manejo de las inscripciones a las escuelas, que históricamente se habían encargado de esa cuestión. El sistema propuesto hizo agua y reveló grandes fallas no sólo en la aplicación, que dejó afuera en un primer momento a quienes tenían prioridades de asignación, sino también de planificación en la oferta de vacantes. Según reconoció Bullrich, el sistema de inscripción on line transparentó la situación y le dio dimensión a un problema estructural, sobre todo en el nivel inicial. Así llegamos a 2014, con la instalación a las apuradas de aulas modulares (prefabricadas con chapa galvanizada), de durlock, containers y el liviano reconocimiento de que todavía más de siete mil niños no tendrán una vacante en la ciudad más rica de la Argentina.

DZ / fs

Fuente Redacción Z
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