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Crisis sanitaria: peor el remedio que la enfermedad

Todos los hospitales porteños presentan problemas edilicios.

Por helena-segat
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Cuentan los médicos del hospital pediátrico Ri­cardo Gutiérrez que apenas asumió como vicejefa de Gobierno de la Ciu­dad, Gabriela Michetti quiso dialo­gar con los médicos y las enferme­ras. Pero se le complicó entrar en el hospital: ni siquiera en el ingreso de guardia hay rampa de acceso. Tres años después, el hospital sigue sin cambios, lo que obliga a los cami­lleros a subir a los enfermos por las escaleras de ingreso a la guardia.

Ningún hospital de la ciudad de Buenos Aires está habilitado. Tam­poco sus calderas, ni sus ascensores y jamás se realizó en ellos un simu­lacro de evacuación, a pesar de que después de la tragedia de Croma­ñón la ley obliga a cualquier esta­blecimiento porteño a realizar dos simulacros por año. Si bien el Go­bierno de la Ciudad asegura que este año el presupuesto para po­ner en valor los hospitales crecerá sustancialmente, la antigüedad y la falta de mantenimiento de los edi­ficios generan que muchos de ellos estén en una situación crítica que amerita una clausura. Esta situación no sólo pone en riesgo a los pacien­tes que se atienden, sino que tam­bién amenaza la salud de los médi­cos y enfermeras que trabajan allí.

La Defensoría del Pueblo porte­ña le solicitó a la Dirección Gene­ral del Trabajo que evaluara el esta­do de varios edificios, y entre fines de 2009 y mediados de este año se inspeccionaron el Durand, el Ri­vadavia, el Ramos Mejía, Udaon­do y el Tornú: se constataron gra­ves faltas. Los informes, que Diario Z pudo revisar y que ya circulan por los despachos de la Legislatura, de­jan en claro que el sistema de ins­pección también es insuficiente para controlar al sector público. Sin embargo, la Ciudad «no se clausu­ra a sí misma»: aunque los hospi­tales carecen de las habilitaciones y las exigencias que debe cumplir un establecimiento privado -al cual se infracciona-, las inspecciones a los establecimientos públicos sólo «re­comiendan» adecuar la situación a la normalidad. «Nosotros no reco­mendamos la clausura, porque es inviable, pero sí es necesario pen­sar en renovar los edificios, con cie­rres parciales y revisar realmente si lo que está hoy en día es adecuado o si es necesario construir nuevos hospitales. Y para esto sería nece­sario consenso político más allá de los partidos», señaló la titular de la Defensoría, Alicia Pierini.

Tras varios intentos por obtener una respuesta, fuentes del Ministe­rio de Salud porteño dijeron a este diario que «este año la partida pre­supuestaria para los hospitales pú­blicos aumentará» aunque toda­vía no sé sabe en qué porcentaje ni cuáles serán las obras más impor­tantes. Y anticiparon que a princi­pios de noviembre «el Ministerio di­fundirá públicamente estos datos».

Hospitales enfermos

La Dirección General del Tra­bajo pudo constatar 18 faltas en el hospital Durand cuando los inspec­tores visitaron el edificio en diciem­bre de 2009. El acta asegura que encontraron «riesgo eléctrico» por cables expuestos y falta de puesta a tierra en varios sectores del hos­pital. También denunciaron que el personal no usa elementos de pro­tección en el sector de esteriliza­ción donde están expuestos al óxi­do de etileno, un gas cancerígeno y que en el sector de acopio de resi­duos patogénicos –donde se alma­cenan todos los residuos hospitala­rios– no hay luz germicida. Por otra parte, el hospital no está inscripto como generador de residuos peli­grosos, violando la normativa del propio Gobierno de la Ciudad. De los 20 ascensores, sólo uno está ha­bilitado y la caldera tampoco cuen­ta con habilitación. También está en riesgo en caso de incendio: las mangueras que hay no están co­nectadas a fuentes de agua.

El 23 de febrero los inspectores llegaron al hospital Ramos Mejía a pedido de la Defensoría, que sólo ordenó la inspección de los quiró­fanos. El sector, ubicado en el cuar­to piso del edificio, ocupa 1.200 m2 y está en espejo con la unidad de terapia intensiva. El informe ase­gura que sería «muy di­ficultoso evacuar el lugar en caso de emergencia» porque el ascen­sor está ubicado en el hueco de la escalera, es decir que en caso de emergencia todos los gases de la combustión subirían por allí y ha­rían que la zona fuera intransitable. También dejaron asentado que los chalecos plomados que debe usar el personal expuesto a rayos X esta­ban deteriorados y que ni los ascen­sores, ni los montacargas ni la cal­dera estaban autorizados.

En junio la inspección llegó al hospital Tornú, en el barrio de Villa Ortúzar. Los nueve ascensores no están habilitados y en el área on­cológica falta una cabina de segu­ridad biológica para manipular los productos citoestáticos, que son «cancerígenos». El centro de salud, que es un referente en materia de patologías respiratorias, hoy carece de la aparatología necesaria para el diagnóstico cardiopulmonar. «En septiembre me dijeron que debía hacerme un estudio con un apara­to al que llaman ´bicicleta´ para me­dir la capacidad pulmonar, pero no funcionaba. Lo voy a realizar en for­ma privada pero voy a tardar meses en conseguir el dinero», cuenta Ma­bel (62), paciente del hospital.

El doctor Eduardo Sosa, direc­tor del Udaondo, fue el que pidió la inspección de la institución que di­rige. La caldera, ubicada en el sub­suelo, está revestida de asbesto (o amianto), una sustancia prohibida porque entra por las vías respirato­rias y es altamente cancerígena. En ese sector trabajan unas 40 perso­nas a cargo del mantenimiento. Las pruebas de laboratorio corrobora­ron que el aire está contaminado, porque una red de caños a la vis­ta, forrada en asbesto, recorre todo el hospital. La Agencia Internacio­nal para la Investigación del Cáncer (IARC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Cri­terio de Salud Ambiental Nº 203/98 5del Programa Internacional de Seguridad Química determina­ron que la aparición de los efec­tos crónicos por exposición al amianto son independientes de la dosis de exposición, por lo tanto es imposible estable­cer niveles de exposición segu­ros. Por otra parte, a través del Decreto Nº 658/96 (nacional) el asbesto fue incorporado al Lis­tado de Enfermedades Profesio­nales por su capacidad de pro­ducir mesotelioma y cáncer de pulmón. Las Fuerzas Armadas tienen un sector especial que se dedica entre otras cosas al reti­ro de asbesto. Durante la ges­tión de Aníbal Ibarra, las FFAA cotizaron en 150.000 pesos la operación. Las gestiones de Jor­ge Telerman y de Macri volvie­ron a pedir la cotización pero la operatoria todavía no se realizó. «Me preocupa que en el hospi­tal se estén haciendo remode­laciones que implican demoli­ción. Eso aumenta la posibilidad de de asbesto circulando. Tene­mos alta incidencia de cáncer de pulmón y de enfermedades respiratoria», confió una enfer­mera que trabaja hace más de 20 años en el hospital.

El Rivadavia tal vez sea el mejor ejemplo de la dejadez de años que padecen los hos­pitales. Según sus emplea­dos, hace un año que no tiene gas la torre central de quirófa­nos. La inspección se realizó en mayo y a pedido de la Defenso­ría del Pueblo sólo se revisó el área de residuos patogénicos. El acta asegura que, al momen­to de la inspección, había «re­siduos patogénicos en los pa­sillos, las escaleras y en el hall del edificio». Además, dejaron asentado que «no hay luz ger­micida y falta adecuar las pare­des y los pisos según la norma­tiva». El informe asegura que no hay matafuegos y que los resi­duos peligrosos no están identi­ficados. Laura (53) se atiende en el hospital hace cinco años y en mayo le diagnosticaron cálculos en la vesícula. El médico le ex­plicó que debía operarse rápido e indicó una dieta. Sin embar­go, aún no pudo operarse. «Me dijeron que si no había proble­mas, me operaban en noviem­bre. Ahora estoy haciendo to­dos los estudios que faltan, espero que el tiempo no me juegue en contra», cuenta Lau­ra, que lleva cinco meses espe­rando la operación «urgente».

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Arrechea, aseguró que esta gestión para­lizó el mantenimiento que se le venía haciendo al hospital: «En el 2008 cerraron la obra en los quirófanos y todavía nadie nos explicó por qué. No hay tomó­grafo y el techo del sector de hemoterapia está a punto de derrumbarse. Las atención en consultorios externos se redujo al 30% porque los médicos ya no saben cómo atender».

En abril, el Ministro de Sa­lud del Gobierno porteño, Jor­ge Lemus, se presentó ante la Comisión de Salud que integra el diputado de Proyecto Sur Jor­ge Selser para brindar explica­ciones acerca de la crisis sani­taria que padece la Ciudad de Buenos Aires. Aclaró que «esta gestión en sólo dos años ha he­cho más metros cuadrados de nuevas construcciones y de re­habilitaciones en todo el último quinquenio» y recalcó que co­rren contra «el tiempo de quin­ce años sin hacer nada». Lemus se ocupó de enumerar que las obras del Rivadavia están siendo licitadas, que la Ciudad constru­ye un centro de salud cada cua­tro meses, que hicieron a nue­vo la guardia del Fernández y del Pirovano, y que instalaron nuevas centrales eléctricas en 12 hospitales. Por otra parte, el presupuesto que la Legislatu­ra votó hace pocos días destinó para la puesta en valor de hos­pitales $ 220 millones.

 

Fuente Redacción Z
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