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Constitucionalistas opinan sobre el DNU de Macri

Eduardo Barcesat y Andrés Gil Domínguez respondieron tres interrogantes a Diario Z.

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  • La validez jurídica del DNU 
  • Las competencias de la Legislatura 
  • Antecedentes de leyes similares a este decreto.

 

Eduardo Barcesat

  • El DNU es claramente inconstitucional. Pretende intervenir en la regulación de una materia federal y va a correr la suerte de la ley de medios de San Luis, que fue rechazada por la Corte Suprema. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad debería declararlo inconstitucional. Además, no es materia de necesidad y urgencia porque la situación no lo amerita y las instituciones funcionan en forma plena. 
  • La Legislatura no tendría que tratarlo. No se puede usurpar una potestad que no le pertenece. El DNU no tiene vigencia porque no puede aplicarse, es absolutamente inconstitucional por donde se lo mire. En caso de que se quiera aplicar, el que toma intervención es el Tribunal Supremo de Justicia y no creo que lleguen siquiera a tomar algún caso. 
  • Un antecedente es la ley de la provincia de San Luis que fue suspendida enseguida porque va a contramano de las leyes federales. Ni siquiera creo que esta ley del Gobierno de la Ciudad llegue a la Corte Suprema de la Nación porque no soporta ni el más mínimo análisis y está hecha para ganar unos centímetros en los titulares.

Andrés Gil Domínguez

  • Esta medida amplía la protección de la libertad de prensa amparada por antecedentes provinciales. No sólo se está protegiendo al periodista sino también a los bienes de los medios de comunicación. Respecto de los planteos de inconstitucionalidad, creo que se trata de facultades concurrentes y que nada es inconstitucional cuando se amplían derechos. El criterio de necesidad y urgencia que lo amerita es la posible intervención al Grupo Clarín. Creo que hay que saludar todas las normas, vengan de quien vengan, que tutelen la libertad de prensa.
  • El DNU tiene validez durante 30 días y la Legislatura debe refrendarlo o rechazarlo. Se somete a votación el texto y el anexo. Mientras tanto ya tiene fuerza de ley. 
  • Las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz tienen artículos en su Constitución que amplían las garantías de libertad de expresión. Nuestro sistema reserva a los estados provinciales la potestad de legislar esta materia. Está en el artículo 32 de la Constitución. En el caso de San Luis, que dictó su propia ley de medios, la Corte Suprema frenó su aplicación con una cautelar sin límite de tiempo, hasta que se resuelva la cuestión de fondo nacional. Se ve que la Corte tiene criterios distintos para estas cautelares.

DZ/rg

Fuente Especial para Diario Z
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