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TEMAS DE LA SEMANA

Con la Legislatura vallada y abucheado, Ferraro dio dictamen a la UniCaba

Las comisiones de Educación y Presupuesto firmaron el proyecto de la UniCaba contra la voluntad de alunos y autoridades de 29 institutos de formación docente y la Cámara de Apelaciones que ordenó al gobierno mayores precisiones. La oposicón votó en contra.

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Unicaba

Como ya parece de práctica, el viernes la Legislatura porteña amaneció vestida para la guerra, con vallados y fuerzas de seguridad. La Legislatura se encuentra totalmente vallada sobre Bolívar, Yrigoyen, Perú y Diagonal Sur. El temible oponente al oficialismo, en este caso, son alumnos, docentes y el Consejo de Rectores de los Institutos de Formación Docente, esto es las autoridades de los 29 institutos de formación porteños.

7 legisladores oficialistas de la Comisión de Educación y 11 de la Comisión de Presupuesto firmaron en soledad el dictamen.  Maxi Ferraro y sus compañeros debieron retirarse del recinto ante los abucheos de la comunidad educativa. El dictamen avanza en la creación de una universidad local -la Unicaba- y alumnos y docentes de los profesorados la señalan como un paso decisivo para la destrucción de la formación docente y los institutos que la sostienen, algunos desde hace más de un siglo.

Tanto Lorena Pokoik (Unidad Ciudadana) como Gabriel Solano (Fit-PO) y el socialista Roy Cortina pidieron el archiuvo del proyecto. Hasta los radicales de Martín Lousteau rechazan la UniCaba por «su pobre nivel técnico» y piden archivarlo.

 

Más tarde, en una conferencia de prensa, autoridades, dirigentes sindicales, legisladores de la oposición y alumnos manifestaron su indiganción y su propósito de defender los institutos del embate de Rodríguez Larreta y su gobierno.

«El oficialismo va solo. Son eficaces para construir una Villa Olímpica pero no un Polo Educativo», sostuvo Lorena Pokoik, de Unidad Ciudadana. Y agregó: «Ustedes están logrando la unidad que antes no estaba. La UniCABA va a ser fundada con este piso de conciencia. Vamos a seguir defendiendo a la educación como un derecho social.»

El diputado Gabriel Solano (FIT-PO) rechazó el proyecto en los siguientes términos: «La Legislatura no creará una Universidad sino eliminará los 29 institutos de formación docente. Este objetivo quedó claro en el proyecto original presentado por el oficialismo y que sólo fue maquillado para tratar de ocultar está política ajustadora. No habrá coexistencia sino una muerte de los Institutos por medio de la reducción presupuestaria y la eliminación de carreras e instituciones».

El jueves 22 el gobierno intentará que el proyecto sea votado en el recinto.

 Ni a la Justicia….

El dictamen positivo del oficialismo soslaya que, en el día de ayer, en plena etapa de definiciones, la  Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno porteño que, en un plazo de 10 días, cumpla con su deber de informar a la comunidad educativa sobre la creación de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires.

El amparo había sido iniciado por rectoras y rectores del CESGE, patrocinados por el Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire. En su planteo, solicitaron que el Ministerio de Educación informe si se prevé disolver los institutos existentes y, de ser así, en qué plazo, y qué tratamiento se dará a los estudiantes que no hubieren finalizado su estudio en los institutos. También reclamaron precisiones sobre la transferencia del personal a Unicaba, por caso si ello incluiría a los interinos y si está previsto algún régimen de retiro voluntario o pase a disponibilidad.

Según informó el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik de Núñez y Carlos Balbín consideraron que, respecto de algunas de las preguntas efectuadas, las respuestas brindadas por el Ministerio de Educación eran una réplica parcial e insuficiente, ya que omitía detallar los antecedentes académicos y profesionales de quienes elaboraron el proyecto, la estimación presupuestaria, si está prevista la financiación a través de organismos internacionales de crédito, qué cantidad de establecimientos se transferirán, cuál es el cronograma y qué inmuebles se utilizarán.

Además, resaltaron que el Ministerio tampoco detalló qué pasará con el personal interino del nivel terciario. Y detallaron que si bien el GCBA sostuvo que el proyecto incluye a “todo” el personal y se propone “garantizar la estabilidad laboral”, dado que los interinos no gozan de este derecho, la respuesta no resulta clara si los incluye.
Dos Santos destacó la sentencia y aseguró que “la falta de información adecuada ha generado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ya que la disolución de los profesorados afecta el trabajo formativo que vienen desarrollando docentes y alumnos y genera un perjuicio en todo el sistema educativo”.

 

 

 

 

Fuente Diario Z
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