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Complejo Soldati: las excusas del Gobierno para no hacerse cargo

En las tres causas que ordenaban realizar refacciones urgentes en el complejo habitacional de Villa Soldati, donde un joven murió hace dos meses, el gobierno porteño apeló intentando trasladar la responsabilidad a los vecinos.

Por Franco Spinetta
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La reciente apelación de la Procuración porteña del fallo del juez Pablo Mántaras, quien había ordenado la realización de obras urgentes en el complejo, confirmó la estrategia judicial que ha aplicado el gobierno frente a la problemática habitacional de los vecinos de Villa Soldati: desatenderse del conflicto.

Una fuente judicial, que tuvo acceso al expediente, confirmó a Diario Z que la Procuración insistió en descargar la responsabilidad en los vecinos por el evidente deterioro de los edificios.

En las torres del complejo habitacional de Villa Soldati viven alrededor de 17 mil personas repartidas en 3.260 viviendas. El barrio sufre una marcada y persistente decadencia desde que fue inaugurado en 1978. La tragedia ocurrida el cuatro de septiembre, cuando un joven murió y tres resultaron heridos al caer de un sexto piso luego de que se apoyaran en una baranda en mal estado, volvió a poner sobre el tapete el incumplimiento del gobierno porteño de la ley que hace 14 años decretó la emergencia edilicia en el barrio.

Mántaras había pedido un informe sobre los riesgos de derrumbe, adoptar medidas de seguridad respecto de la instalación eléctrica y de gas natural, entre otras cuestiones de carácter urgente. Ahora el expediente está en manos de la Cámara de Apelaciones, adonde también llegó el pedido del asesor tutelar ante la Cámara, Gustavo Moreno, para que no se haga lugar a la apelación del gobierno. “Lo que se intenta resguardar es ni más ni menos la salud y la vida de las personas”, dice su escrito.

Esta no fue la primera traba judicial que interpone el Ejecutivo y más bien responde a un modus operandi de la Procuración. Habitualmente, el gobierno porteño recurre a tres fundamentos para dilatar las causas judiciales. “Dicen que el amparo no es la vía, que debería ser un juicio (que tiene plazos mucho más largos), y que se afecta la división de poderes. Son los argumentos que usan siempre. Es gracioso, porque justamente nuestra función es revisar el trabajo del Gobierno”, le dijo a Diario Z el juez de primera instancia Guillermo Scheibler.

La tragedia en el complejo Soldati fue muchas veces anticipada. Hubo dos leyes, la 623 de 2001 y la 832 de 2002, que exigían al gobierno que interviniera de manera urgente varios edificios por el estado deplorable de sus estructuras. La emergencia edilicia fue prorrogada en 2003, pero nada cambió.

Los vecinos, cansados de reclamar inútilmente, presentaron un amparo en 2009 patrocinados la defensa pública y el asesor tutelar, Gustavo Moreno. Pedían que se cumpliera la ley 623. Advertían, también, sobre los continuos cortes de gas, los escalones rotos, el deterioro de los espacios comunes, la caída de mampostería, la humedad y las inundaciones. El juez Hugo Zuleta dictó una sentencia a favor de los amparistas, ordenando el cumplimiento de dicha ley.

El gobierno, lejos de reconocer la problemática, apeló el fallo echándoles la culpa a los vecinos por el mal estado del complejo habitacional. “El gobierno dijo en la apelación que no es su responsabilidad sino de los poseedores de los departamentos (que no tienen la titularidad), los propietarios y, en especial, de los consorcios. Es el eje de toda la defensa que hace la Procuración”, dijo a Diario Z Moreno.

Pero la Sala III de la Cámara de Apelaciones volvió a darles la razón a los vecinos, en abril 2014, y le exigió al Ejecutivo un cronograma de obras, que tampoco cumplió. “La Cámara fue muy dura y le dijo a la Ciudad que no puede deslindarse de su responsabilidad independientemente de la responsabilidad de los propietarios”, añadió Moreno.

Luego de la tragedia del 4 de septiembre, la jueza Patricia López Vergara quiso saber cuáles habían sido las obras realizadas en el complejo y ordenó un allanamiento al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). El gobierno recusó a la jueza por “enemistad, odio o resentimiento” y frenó la causa.

En paralelo, los vecinos volvieron a pedir un amparo por el incumplimiento de los fallos que la Justicia había emitido dos años antes. Mántaras les dio la razón. Pero el Gobierno volvió a apelar.

Fuente Redacción Z
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