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TEMAS DE LA SEMANA

Comisión Investigadora: la tambaleante división de poderes

El PRO denuncia a la Justicia por intromisión.

Por laura-narbais
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Desde el principio del caso de las escuchas ilegales, la saludable división de poderes prevista por las constituciones nacional y porteña se vio permanentemente afecta­da. Apenas se dieron a conocer las primeras investi­gaciones llevadas adelante por el polémico juez fede­ral Norberto Oyarbide, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, acusó al magistrado de ser funcional al kir­chnerismo gobernante, quien le habría tendido una trampa «plantándole» al espía Ciro James en la Poli­cía Metropolitana.

La embestida oficial continuó con la instan­cia judicial siguiente, cuando la Cámara Fede­ral confirmó el procesamiento de Macri. «Fue una medida digitada desde la Casa Rosa­da», afirmó el líder del PRO y disparó con­tra cada uno de los integrantes del tri­bunal: «Es la misma Federal con Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduar­do Farah, que avalaron disparates. bas­tante lamentable», enfatizó el mandatario porteño, durante una conferencia de pren­sa convocada un día después de que la Cá­mara Federal declarara inadmisible el recur­so de Casación que presentó contra su procesamiento.

Ahora, el PRO acusa al juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ma­gistrado, por pedido de Martín Hourest y de Ga­briela Cerruti (presiden­te y secretaria de ese órgano legislativo, respectivamente), ha­bía dictado un fa­llo en el que orde­nó la asistencia judicial para que la Comisión pu­diera contar con el apoyo de la fuerza pública para ga­rantizar la presencia de los testi­gos convocados (que hasta aho­ra brillaron por su ausencia). El juez, según denuncia­ron desde el macrismo, «avanzó sobre la Legis­latura y hasta estableció un reglamento al que debe someterse». La reacción del PRO fue inmediata: «Hi­cieron lo mismo que los Kirchner con Oyarbide, fue­ron a buscar al juez amigo. No fueron a sorteo. Me parece que la decisión de judicializar la Comisión no es adecuada. Parece más una operación política que un fallo judicial. Estamos analizando qué medidas to­mamos», criticó el legislador macrista Martín Ocam­po, presidente de la de Asuntos Constitu­cionales de la Legislatura.

Ocampo, Cristian Ritondo, jefe del bloque, y Martín Borrelli fueron los más críticos con la deci­sión de Gallardo, pero también con la iniciativa de Hourest, secundado (aunque con reticen­cias) por Cerruti. «Mandaron un emisario a verlo, no sometieron la decisión a estudio de la Co­misión y así violentaron la divi­sión de poderes», dispararon.

Los legisladores oficialistas barajan una serie de medidas, que incluyen la apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que resuel­va la cuestión de fondo (la au­sencia de sorteo y que el magis­trado haya tomado la causa sin estar de turno) hasta una denuncia penal con­tra Gallardo. Mien­tras tanto, vuelve a tambalear la nece­saria división de po­deres.

 

Fuente Redacción Z
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