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TEMAS DE LA SEMANA

Casas de fiestas privadas: boliches descontrolados

El gobierno porteño ya había recibido advertencias sobre locales que funcionaban como discos.

Por nicolas-fiorentino-y-pablo-berisso
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La fotografía de una no­che trágica que arrastra la vida de jóvenes que sólo buscaban divertirse no es el único hilo que liga lo que ocurrió la semana pasada en el local Beara, de Palermo, con la muerte de 194 chicos en República de Cromañón en diciembre de 2004. Ninguno de los establecimientos contaba con la habilitación correspondiente para la explotación que hacían. de Omar Chabán era un boliche «pero se organizaban recitales multi­tudinarios; Beara, donde se desplo­mó un entrepiso aplastando a dos chicas de 20 y 21 años, debía usar­se para «fiestas privadas», pero to­caban bandas, se invitaba a gente por internet y hasta algunos testi­gos aseguran que se cobraba entra­da. De «privado», nada.

El Gobierno de Mauricio Ma­cri afirma que el local de Scalabrini Ortiz 1638, donde murieron Aria­na Lizarraga y Leticia Provedo, es­taba bien habilitado y había recibi­do más de una inspección mensual en lo que va del año. Por eso, acu­sa a los dueños de El Viejo Sabio SA-la empresa propietaria- de ha­cer «mal uso» de las instalaciones. Lo que omite el Ejecutivo porteño es que esta «desvirtuación de ru­bro» ocurre en centenas de luga­res de la Ciudad sin recibir clausura. Más grave aún, desde hace al me­nos dos años son muchos los fun­cionarios que recibieron adverten­cias y denuncias escritas de lo que estaba ocurriendo, de lo que podía pasar y de lo que finalmente pasó.

Según pudo saber Diario Z, la Dirección de Fiscalización y Control que funciona en la Agencia Guber­namental de Control (AGC), a car­go de Javier Ibáñez, había reco­mendado el 3 de agosto de 2009 que se rechazara la habilitación soli­citada por Beara. El pedido, dirigido al director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrel, subraya­ba la «desvirtuación de rubro» co­metida por los titulares del local y la «reincidencia en dicha conducta». ¿Qué pasó? Eludieron la recomen­dación. La empresa presentó tres días después un pedido para am­pliar sus permisos al rubro «Casa de fiestas privadas» y le fue otorgado a los 18 días, en tiempo récord.

Quienes habían advertido al go­bierno porteño de este tipo de ma­niobras fueron miembros de la Cá­mara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos de Buenos Aires (Cedeba). Al menos tres fuentes de esta entidad, incluido su presidente Jorge Becco, confirmaron a Diario Z que desde 2008 vienen señalándo­les a distintos funcionarios macris­tas que se estaba haciendo habitual y peligrosa la modalidad de inscri­birse como «casa de fiestas priva­das» para evitar requerimientos de seguridad y, sobre todo, ahorrarse muchísimo dinero. Los anteceso­res de Ibáñez en la AGC, Federico Young y Pablo Bourlot -ex jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez La­rreta-, habían recibido de mano de la Cedeba escritos donde les seña­laban que había muchísimos loca­les en infracción, es decir, inscriptos para prestar un servicio específico pero realizaban otro. También lo hizo la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, respon­sable de la desoída intimación para que Beara no volviera a abrir.

Hecha la Ley

Según confirmó un ex miembro de la Cámara off the record, el pro­pio Guillermo Montenegro recibió a la Cedeba para oír las mismas ad­vertencias. En una reunión privada con el ministro de Justicia y Seguri­dad porteño, relata la fuente, el ex juez federal les dijo que los recibía por «cortesía» pero que ésa no era su «responsabilidad». Sin embargo, la Dirección General de Habilitacio­nes y Permisos, responsable de en­tregar los permisos de explotación, como el área de Berkowski, a car­go de las inspecciones, funcionan bajo el control de la AGC, que a su vez integra la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad.

«Pueden tener un bar, un res­taurante o cualquier otro tipo de ha­bilitación para trabajar, pero todos quieren hacer baile», afirma Becco. El problema lo encuentran cuando les explican cuáles son los requisitos que deben cumplir para funcionar como boliche «Clase C», donde se permite bailar. Reforzados luego de la tragedia de Cromañon: estar en una zona habilitada para ese fin; se­gún la cantidad de metros cuadra­dos, contar con puertas de emer­gencia, mangueras, matafuegos, detectores de humo, un empleado de seguridad cada 120 personas, un médico, cámaras de video que filman las 24 horas, ignifugación de elementos y un bombero toda la noche, además de inspecciones tri­mestrales de Bomberos.

Actualmente, son entre 90 y 110 los locales inscriptos bajo la normativa de «casa de fiestas priva­das» que eluden todos estos com­promisos de seguridad, según el re­cuento de la Cedeba. Si se suman los bares que corren las mesas y permiten bailar, llegarían a más de 200. Algunos tienen permitido in­gresar hasta mil personas. «O hubo una inflación extraordinaria de fies­tas privadas o encontraron un vacío legal», ironiza José Iglesias, padre y abogado de víctimas de Croma­ñón. «Este local, dicen, tuvo nueve inspecciones. ¿Nunca constataron que había recitales? ¿entra­ron a su página web?» Las nueve inspecciones que el Gobierno rea­lizó en Beara fueron martes, sába­dos y hasta domingos. Ninguna se realizó un jueves. Así lo reveló el le­gislador Sergio Abrevaya en la pre­sentación de Ibáñez en la Legisla­tura, tras revisar la documentación entregada por la AGC. Curioso, te­niendo en cuenta que ése era el día que el boliche ilegal elegía para pro­mocionar sus fiestas en internet.

«Esos locales desvirtúan el ru­bro, los clausuran y las multas son irrisorias», afirma Becco. Según fuentes de la noche porteña, una multa a este tipo de locales pue­de ir de los 1.500 a los 2.000 pe­sos; un boliche «Clase C», si viola las exigencias, puede pagar diez veces esa cifra. «Hace dos años, en noviembre de 2008, sacamos una solicitada donde decíamos que iba a ocurrir otro Cromañón por los lo­cales ilegales que están habilitados de una forma y realizan otra activi­dad», contó el titular de la Cedeba. Tristemente, ya ocurrió.

 

Fuente Redacción Z
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