Ambos expedientes, tratados en la sesión ordinaria de ayer, recibieron 30 votos positivos de los bloques PRO, Bases para la Unión y Confianza Pública; 18 en contra de Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, Frente Progresista y Popular y Proyecto Sur – que votó dividido- y el de Alejandro Bodart, además de abstenciones de la UCR.

 

Por un lado, quedó sancionada la nueva norma que reforma la ley 2809 de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública con la inclusión de las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, como así también los contratos de suministro, de concesión de obra de servicios, licencias y permisos.

 

La nueva redacción determina que los precios correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen «reflejen una variación promedio ponderada de esos precios superior en un 7 por ciento a los del contrato, o al precio surgido de la última redeterminación según corresponda».

 

La otra norma aprobada modifica la ley 2095 que regula las compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público, con la incorporación del «principio de la vía electrónica» para los procedimientos.

 

Según argumentó el Ejecutivo porteño en su propuesta, el objetivo “es lograr una mayor agilidad en los procedimientos de contratación y se propicia posibilitar la diversificación de los procedimientos administrativos, a fin de canalizar eficientemente la heterogeneidad de objetos y fines comprendidos en las gestiones de los organismos implicados en la contratación pública».

 

El diputado Edgardo Form, de Nuevo Encuentro, explicó su voto negativo en ambos proyectos al señalar que “retrotraen las redeterminaciones de precios a la época en la que se definían por un decreto del Poder Ejecutivo».

 

En tanto, la legisladora Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, solicitó el archivo de los expedientes al evaluar que «lejos de mejorar la norma se desregula el proceso librándolo a la reglamentación discrecional del Poder Ejecutivo de turno».

 

Bodart, del MST, sostuvo que “este tipo de cambios fomenta la discrecionalidad del Estado para la readecuación de precios y compras ya que saca una serie de requisitos en temas que hacen a la transparencia”.

DZ/sc

Fuente Télam