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TEMAS DE LA SEMANA

Cada vez es más caro y más difícil alquilar en la Ciudad

Uno de cada tres porteños alquila. Agrupaciones de inquilinos denuncian que propietarios e inmobiliarias piden entre un 40% y un 60% de aumento para renovar, además de un ajuste semestral del 15%.

Por Alejandra Hayon
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El sueño de la casa propia es cada vez más sólo eso, un sueño. Mientras tanto, uno de cada tres porteños alquila el departamento o la casa o la pieza donde vive. Deben enfrentarse con precios librados a la voluntad del mercado y los abusos de las inmobiliarias, un sector de gran incidencia en la vida de la población pero con muy pocas regulaciones respecto de sus comisiones y ninguna respecto del valor de los alquileres.

Dos meses de comisión, uno de depósito, garantía propietaria de familiar directo, gastos de trámites y escribanía, ajustes cada seis meses y hasta cláusulas insólitas como renunciar a derechos establecidos en el Código Civil, son algunas de los arbitrariedades por las que pasan los inquilinos a la hora de firmar el contrato para acceder a su vivienda.

Según la Encuesta Anual de Hogares del gobierno porteño, en los últimos doce años la cantidad de inquilinos aumentó: eran el 24 por ciento de los hogares de la ciudad y hoy son el 32. Como contrapartida, los propietarios disminuyeron un diez por ciento en el mismo período. Esto se combina con otro dato explosivo: el 20 por ciento de las viviendas particulares de la ciudad –unas 288.500– están vacías y no se alquilan. Más números para la reflexión: en Buenos Aires viven alrededor de 2.900.000 personas. Hay casi un millón y medio de viviendas. Pero una de cada cuatro personas –756.000– vive en condiciones habitacionales críticas. Una situación social dramática que vuelve inexplicable la falta de regulación.

“Las condiciones actuales para alquilar son totalmente injustas y cercenan el derecho a la vivienda. Si existen precios cuidados para los alimentos porque se los considera un bien básico y necesario ¿por qué no sucede lo mismo con la vivienda?”, cuestiona Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, una organización que brinda asesoría jurídica gratuita a inquilinos.

Según las mediciones de la Dirección General de Estadística y Censo, para alquilar un departamento de dos o tres ambientes se necesita un 34,5 por ciento más de dinero que el año pasado. El costo de los alquileres superó ampliamente la inflación e incluso el Índice de Precios Ciudad (IPC), que fue del 24,8 por ciento para 2014. Los alquileres también crecieron por encima de los sueldos. El Índice de Salarios del Indec indicó que en el mismo período los ingresos no aumentaron más del treinta por ciento.

Los alquileres más caros son los de Palermo, donde el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes supera los 6.400 pesos. En Recoleta el valor ronda los seis mil pesos y en Núñez, los 5.800.  San Nicolás y Flores son los barrios más baratos: allí un departamento sencillo para una familia tipo se puede conseguir por unos 4.600 pesos. Las zonas con mayor demanda –Retiro, Balvanera, Flores y Almagro– aumentaron más que los otros barrios.

Contrato basura
No se trata sólo de precios. Los reclamos más frecuentes de los inquilinos tienen que ver con los términos del contrato o las condiciones cada vez más excluyentes para alquilar una vivienda.

“Cada dos años, otra vez la misma historia. Hablar con el dueño para ver de cuánto va a ser el aumento, comparar con otros departamentos, empezar a buscar y rogar que me acepten la garantía de provincia. Entrar en un nuevo alquiler es muchísima plata junta”, cuenta Eva (32), publicista, que alquila desde hace doce años cuando dejó la casa familiar de Maschwitz y se vino a vivir a la ciudad.

Detrás de los avisos de “amplio y luminoso departamento de dos ambientes en perfecto estado” que publican los sitios web están los requisitos que piden propietarios e inmobiliarias. En la mayoría de los casos es indispensable contar con garantía propietaria –muchas exigen que sea de familiar directo–, que esa propiedad esté situada en la ciudad y que ambos –inquilino y garante– tengan recibo de sueldo.

En promedio, una familia tipo necesita alrededor de veinticinco mil pesos para firmar el contrato. Este monto se conforma con la suma de los dos meses de alquiler que cobran como comisión las inmobiliarias, uno de depósito y otro por el mes de adelanto. El inquilino también debe pagar los gastos de escribanía y los estudios sobre la propiedad que queda en garantía.

“El problema más grave es que la ley que regula a las inmobiliarias delega la facultad de controlar la actividad a las mismas inmobiliarias agrupadas en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. Como se deben controlar a sí mismas no prospera ninguna denuncia y pueden ponerse de acuerdo en cobrar el doble de la comisión permitida”, explica Muñoz.

La ley que regula al sector inmobiliario fue sancionada en 2007 y fija un máximo del 4,15 por ciento del valor total del contrato, cifra que suele aproximarse a un mes de alquiler. Lo que sí permite esta norma es que se le cobre al inquilino dos meses de depósito, uno por cada año de contrato. La diferencia es que el depósito debe ser devuelto al inquilino una vez finalizado el arriendo.

El requisito de la garantía “de familiar directo y en capital”, como piden la mayoría de las inmobiliarias, es una de las trabas más excluyentes. Muchos inquilinos no tiene quien les salga de garantía y, al ser tan grande la demanda, los dueños terminan eligiendo a quien sí la tiene.

En marzo de 2015, el Gobierno de la Ciudad lanzó el programa Alquilar Se Puede. Lo presentó como una alternativa para los porteños que no tuvieran garantía ni el dinero suficiente para entrar en un alquiler. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Banco Ciudad serían los garantes y financiarían el monto inicial con un crédito a tasa subsidiada.

Pero lo que pretendía ser un paliativo para la vida de los inquilinos se transformó en un rotundo fracaso. A seis meses de lanzado y con más de quince mil solicitudes, el IVC informó que sólo lograron concretar el alquiler diez postulantes.

Frente al poder de las inmobiliarias y la falta de regulación, muchas veces los inquilinos aceptan contratos con condiciones abusivas, como renunciar a derechos que establece el Código Civil. Las más frecuentes son consentir el desalojo después de un mes de deuda –la ley contempla dos– y asumir los gastos de mantenimientos y reparación de la vivienda, que le corresponden al propietario.

“Cuando los inquilinos nos consultan siempre son situaciones urgentes. A veces están hace meses sin gas porque el dueño no quiere pagar los arreglos o están desesperados porque el propietario decidió no renovar el contrato sin darles un preaviso y tienen que salir corriendo a buscar otra casa en una semana”, enfatiza Muñoz sobre la relación asimétrica entre quienes alquilan y las inmobiliarias y propietarios.

La otra cara
Las dificultades para acceder a la vivienda son mayores para las familias que carecen de recibo de sueldo en blanco o de garantía propietaria. Tienen pocas chances, o ninguna, de firmar un contrato. Para ellos la opción es ir a un hotel, conventillo o inquilinato. Eso puede costar entre 2.400 y 5.000 pesos, depende de si se trata de un adulto solo o de una familia con chicos. Prácticamente lo mismo que un departamento. Según Estadística y Censo, el trece por ciento de los porteños vive en esta situación.

En el otro extremo de los alquileres están las villas en donde una pieza sin cocina ni baño cuesta entre $500 y 1.500.

Un dato al margen: en Puerto Madero el 72% de las viviendas están vacías.

DZ/ah

 

Fuente Redacción Z
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